Para la investidura y la legislatura más compleja de las últimas décadas tocaba blindaje y continuidad. En el nuevo ejecutivo, no hay cambios disruptivos ni un reloaded del gobierno bonito de 2018 porque de arranque no podía haberlos. Quienes posan esta mañana en la escalinata de La Moncloa carecen de los cien días de gracia e incluso del minuto de gloria. El estreno de nueve ministros, cinco de la cuota socialista, responde más a perfiles próximos a Sánchez que a lógicas internas o territoriales. El único del núcleo duro que no ostenta una vicepresidencia la tiene in pectore. Félix Bolaños se sienta sobre el triángulo del Estado. La Presidencia, Relaciones con las Cortes y la cartera de Justicia, el vértice por el que pasa la ley de amnistía, desde su tramitación hasta su ejecución. Porque una ley que no se aplica, no existe. Y Bolaños estará al frente de todo, incluida la gestión de las fricciones y broncas con el sector conservador de la judicatura que se ha alzado contra la ley, además de echarse encima la explicación en Bruselas.

En cuanto a los cuadros elegidos, no hay demasiadas claves. Sánchez proyecta el perfil de Pilar Alegría, que pasa de la portavocía de Ferraz a La Moncloa. Recupera la cartera de Igualdad, para satisfacción de una gran mayoría de mujeres del PSOE. Reestructura Economía para anticipar la marcha de Nadia Calviño. La salida de Miquel Iceta, estratega todopoderoso del PSC, por Jordi Hereu, carece de lectura interna de cara a las elecciones catalanas, donde Salvador Illa mantiene el protagonismo.  La ministra navarra, Elma Saiz, de Seguridad Social puede leerse como un gesto a las negociaciones con el PNV para el traspaso de competencias y autogobierno, entre ellas, la gestión de la Seguridad Social. Y más allá de la sintonía territorial, el PNV ha señalado las numerosas carteras de competencias transferidas, desde Juventud e Infancia a Vivienda. 

El Ejecutivo tiene una dinámica de legislatura muy complicada: por lo pronto, se enfrenta a tres crisis vitales de aquí a las europeas

El día en el que toma posesión el nuevo gobierno se califica la proposición de ley en la mesa del Congreso, el paso cero para que la tramitación de la amnistía eche a andar. La ley marcará todo de aquí a las europeas. Hay varias turbulencias inmediatas. El Ejecutivo tendrá que responder a la utilidad de la coalición progresista. “Las circunstancias son las que son”, decía Sánchez en la investidura. El pacto entre Sumar y PSOE no tiene medidas estrella. Aún siendo continuista como el nuevo gobierno, necesita dar algo a cambio a los votantes. En los próximos Consejos de Ministros lo veremos.

A partir de aquí, el PSOE tiene que evitar una espiral de debilidad. Que la presión por las cesiones les lleven a ser más impopulares y esa impopularidad a más cesiones que no puedan explicar a sus votantes. Porque esto va de contentar electorados y hay demasiados en liza. Luego están las tensiones con Junts que se dejaron ver en el discurso tras el pacto de Carles Puigdemont y por la portavoz, Míriam Nogueras, en el discurso de investidura. Una parte respondía a la escenificación antes de votar, otra al recordatorio a modo de ‘no nos dejaremos engañar’. 

En cuanto a Sumar, las cinco carteras y sus titulares tienen perfiles para una buena gestión, opacadas por la bronca con Podemos. La salida de Nacho Álvarez es la consecuencia de una ruptura que viene de atrás. Era el único miembro de los morados manteniendo puentes, ha sido leal al partido, discreto, excelente gestor. Su salida ejemplifica la ausencia de un solo hilo conductor entre Podemos y Sumar. Yolanda Díaz ha optado por dejarles fuera desde el inicio y los incentivos de Podemos para no entrar eran muchos. La estrategia de los morados pasaba por no aceptar ningún ministerio. El veto a Irene Montero estaba ya superado cuando Ione Belarra aceptó entrar en la coalición y eligieron desde entonces ser la oposición de izquierdas al gobierno. Desde ahí, intentarán arrastrar a Bildu y ERC a la izquierda, formar un bloque de gobernabilidad y oposición al mismo tiempo. 

El Ejecutivo tiene una dinámica de legislatura muy complicada. Por lo pronto, se enfrenta a tres crisis vitales de aquí a las europeas. Una ley de amnistía que no le arrolle, una coalición que materialice un programa progresista con una mayoría económica conservadora en el Parlamento y las protestas sociales. El descontento catalán que despertó el Estatut, ha conseguido despertarlo el PP en el resto del país impulsando una corriente que busca la inestabilidad y caída del gobierno. El reto más difícil que engloba a todos pasa por recuperar la calle. Tras sumar una mayoría parlamentaria, al gobierno le falta conseguir la mayoría social.