El PP cierra el curso con un giro de guion considerable. Por fin ha asumido en público la obligación de reunirse con Pedro Sánchez cuando toque y llegar a ciertos acuerdos. Con once gobiernos autonómicos y la financiación encallada desde hace nueve años, no era realista la posición de brazos caídos de Feijóo. Encerrado en Génova 13, habría visto a sus líderes autonómicos ignorar (más si cabe) a la dirección nacional. Dos de tantos ejemplos, cuando desde Madrid critican el traspaso de Rodalies, Juanma Moreno Bonilla en Andalucía se plantea reclamar las mismas competencias. Mientras Feijóo carga por la quita del 20% de la deuda catalana del FLA, sus dirigentes hacen cuentas para acogerse al mismo acuerdo. Confrontación por un lado, realidad por otro, el PP se involucrará en las leyes económicas de peso empresarial, aunque menos vistosas en la batalla política. La CEOE y distintos sectores del IBEX se revolvieron contra los pactos independentistas antes de la investidura, asumido el nuevo gobierno, han bajado el pistón y miran hacia el calendario de la regulación que les afecta. 

No estaba previsto en el PP colocar la reunión con Sánchez antes de enero y tampoco se vio venir la petición de mediación europea. Con esto, el PP ha desactivado parte de su embestida dialéctica contra el PSOE y Junts. Como ironizaban cargos socialistas antes de Nochebuena, con la petición de un mediador podían ir a cenar tranquilos. Feijóo no puede hablar del Estado intervenido desde Suiza y pedir la vigilancia de Bruselas. La Comisión Europea y la Fundación Henry Dunant no tienen la misma institucionalidad, pero comparten el simbolismo de acudir a la ayuda externa para la política nacional. Las razones son distintas, los argumentos similares. Si las reuniones en Ginebra desgastan a los socialistas por la cesión histórica que supone aceptar la figura del mediador; el PP externaliza el conflicto en la misma dimensión que Junts. Por un lado, los populares critican que el PSOE compre la narrativa del procés y, por otro, copian la de Junts. Acuden a Europa porque no se fían de Sánchez, como aseguró Puigdemont para imponer la supervisión del salvadoreño Francisco Galindo. Ambos se refieren a la politización de la Justicia, la debilidad del Estado de derecho en España y la necesidad de la asistencia europea y extranjera. Ahí quedan los señalamientos de Míriam Nogueras y José Antonio Monago en Congreso y Senado, con la rectificación del segundo después de que el juez de la Gürtel pidiera amparo. 

Si las reuniones en Ginebra desgastan a los socialistas por la cesión histórica que supone aceptar la figura del mediador; el PP externaliza el conflicto en la misma dimensión que Junts

Feijóo ha elegido Bruselas para negociar el CGPJ con el equipo del comisario Didier Reynders, arriesgándose a que la fotografía coincida con el futuro encuentro de Puigdemont y Sánchez. Con todo esto, la derecha legitima el espacio, el encuentro y el interlocutor. Es probable que la ley de amnistía sea la puerta que abre el PSOE por la que entrará el PP. Lo hará paso a paso, en línea con el aviso de Feijóo del pasado jueves al revelar su intención de pactar con Junts para intentar tumbar leyes al Gobierno. Y está más cerca de reconocer a Carles Puigdemont que al presidente del gobierno, a quien sigue llamando el “señor Sánchez”. El rechazo de Feijóo de reunirse en La Moncloa pasaba por una confusión deliberada de la separación de poderes del Estado, evitando ir a la sede simbólica del Ejecutivo frente a las Cortes, sede del poder legislativo. Por más acercamientos del PP a Junts, el escollo de VOX es todavía insalvable. La tabla de salvación de Sánchez son los 178 votos de la investidura; la del PP son los pactos estructurales con Santiago Abascal. Tras el 28M consiguió más gobiernos con Vox que en solitario, una dinámica continuista en la derecha de cara al próximo semestre. Ni siquiera con la agresión violenta del portavoz local y diputado Javier Ortega Smith el PP tiene margen de maniobra para forzar a su socio. 

Al remate del año le quedan varios titulares. El último consejo de ministros de este miércoles medirá el éxito negociador de Sumar con el PSOE. El gobierno tiene que revalidar las ayudas económicas y sociales aprobadas para paliar una inflación disparada. El dato ha bajado —no la cesta de la compra, que sigue disparada—, pero las medidas son el colchón de casi 10 millones de personas, el 21,7% de familias españolas en riesgo de pobreza. Está el transporte, el IVA, las ayudas al alquiler, las hipotecas… Mucha letra pequeña y horas de conversaciones técnicas desde la pasada semana, cuando los de Yolanda Díaz cerraron con éxito el subsidio de desempleo, enfrentados a Nadia Calviño, aunque en la línea que pedía Bruselas, y abrieron la carpeta del último real-decreto ómnibus.  Desde entonces, negocian con un PSOE remando a favor. El Gobierno es consciente del escudo social como contrapeso de los pactos independentistas y territoriales con Junts, ERC, Bildu y PNV. La balanza con momentos como el próximo 28 de diciembre cuando Joseba Asiron sea el nuevo alcalde de la capital de Navarra con los votos del PSOE; a las enmiendas a la amnistía en el aire hasta el próximo 3 de enero, a la caída de los últimos vetos a partidos con los que el PP no negocia porque no puede. Porque querer, va queriendo.