La amnistía, por fin

Que Junts se impondría al PSOE y a Esquerra, si no estaba cantado, le faltaba poco. A Pedro Sánchez, que hasta este momento había tenido mucha suerte, desde la investidura se le ha enrarecido el ambiente y nada es fácil. Las presiones de Esquerra son más que sospechosas, especialmente a la luz del resultado final del "no" de Junts a la primera propuesta de amnistía. Después del acuerdo del pasado jueves, ¿quién puede negar que Junts acertó en paralizar la tramitación de una ley de amnistía que no proporcionaba todas las garantías? Que el proyecto de ley esté hoy más blindado no es garantía de que se hayan eliminado todos los obstáculos. Los “jueces patrióticos”, como la “policía patriótica”, pueden pervertir la justicia con la intención de frustrar el acuerdo político. Para hacerlo recibirán el apoyo del PP, de la caverna mediática madrileña y del PSOE “histórico” de Felipe González, que, paradojas de la vida, cada día se parece más al de Rodolfo Llopis, que él y el “grupo de los sevillanos y vascos” defenestraron en Suresnes en 1974. El golpismo blando del régimen del 78 es un recurso que lleva tiempo dominando la agenda política española. Cuando los jueces pretenden sustituir a los políticos, la democracia está en peligro.

Los jueces han aplicado al PSOE la misma medicina que antes habían aplicado al independentismo y a Podemos. Le buscan las cosquillas hurgando en la corrupción y el financiamiento irregular. Que la corrupción vinculada a los partidos y a la administración es una característica del régimen del 78 es innegable. Son tantos y tan tempranos los casos de corrupción política, que negarlo sería falsear la historia. Transparencia Internacional lleva años afirmando que España se mantiene entre los estados considerados más corruptos de la UE, y que la corrupción es más alta en España que en Botswana, Qatar, Polonia o los Estados Unidos. CiU, que era uno de los partidos centrales del régimen del 78, no podía quedar exenta del mal que ya había tocado anteriormente al PP y al PSOE. Hace un par de años, Transparencia Internacional ya advirtió que la crisis sanitaria  había servido en muchos países “como una excusa para restringir libertades fundamentales y evitar importantes controles y equilibrios” administrativos, lo que ha permitido, por ejemplo, el fraude de las mascarillas en el que están involucrados altos cargos políticos e institucionales del PSOE.

Cuando comenzó el Procés, o, mejor dicho, cuando en Madrid empezaron a darse cuenta de que el referéndum de autodeterminación se celebraría sí o sí, abrieron todas las “carpetas” que implicaban a personas del entorno convergente. Si no existía motivo alguno, si la denuncia era falsa, como en el caso de Xavier Trias o Artur Mas, que fueron víctimas de la “policía patriótica”, al final los jueces tuvieron que recular, aunque el mal ya estaba hecho. Pero cuando la sospecha tenía fundamento, como en el caso de algunos miembros de la familia Pujol, la actuación malévola de la “policía patriótica” resultó secundaria. Por eso, Oriol Pujol fue condenado, y por eso mismo sigue vivo el procedimiento judicial contra Jordi Pujol hijo, y se está a la espera de la sentencia del 3 %. El PSOE de Pedro Sánchez arrastra los vicios del régimen del 78, como los arrastraba el pujolismo. El independentismo ha superado esa etapa, crucemos los dedos para que sea así, y, si quiere ser creíble, debe criticarlo y alejarse de él.

El caso Koldo dañará a los socialistas, ya se verá hasta qué punto. De momento, está claro que les ha condicionado en la negociación de la amnistía con Junts, a la que se ha sumado a última hora Esquerra, lo  que ya me parece bien, para intentar contrarrestar la idea de que Puigdemont había acertado forzando una nueva negociación. El PSOE sigue instalado en la idea, alimentada por algunos medios de comunicación catalanes, de que los de Junts actúan condicionados por el origen convergente de algunos de sus dirigentes, empezando por Carles Puigdemont. Si fuera así, algunas cosas no habrían ocurrido, como por ejemplo tomar la decisión de salir del gobierno o resistirse a aprobar el presupuesto de la Generalitat, como ahora. Que el origen de una parte de Junts sea ese, no lo puede negar nadie, pero el paso por la cárcel y el exilio han provocado que la actitud cambiara, especialmente la de Carles Puigdemont, para disgusto de un sector, también convergente, que se ha apuntado con mucho gusto a la recuperación de la “normalidad” autonómica.

La amnistía todavía no está vigente y la (in)justicia española intentará boicotearla con todos los recursos

La vanguardia de este sector, que no significa que sea vanguardista —sino todo lo contrario, es bastante conservadora—, culpa a Puigdemont de las consecuencias de la represión de 2017. Es un argumento perverso, porque en lugar de denunciar el carácter antidemocrático del Estado, que se negó a negociar un referéndum de autodeterminación pactado, acusan a Puigdemont, a quien tildan de irresponsable y aventurero, de haber llevado Cataluña a la ruina. Este tipo de razonamiento es el que ha servido para justificar el ingreso en las  filas de Esquerra de un veterano convergente como Carles Campuzano y de uno de los periodistas de referencia de CDC, el actual diputado republicano Francesc-Marc Álvaro. Otros no han dado el salto por dignidad o, quizás, porque la edad les ha apagado las urgencias de la ambición. Se contentan reescribiendo los artículos que ya escribieron en 2006, cuando apenas comenzaba el Procés.

La denuncia del expolio fiscal, de la falta de inversión del Estado en infraestructuras, del atropello del catalán, etc., que es lo que incentivó el movimiento independentista en la década soberanista, ¿qué efectos creen que tendrá cuando se constate otra vez que el Estado discrimina a Cataluña, con una “asfixia premeditada”, como ya denunciaba Ramon Trias Fargas? En su libro, que es del año 1985 y que yo hice reeditar en 2011, el diagnóstico de Trias Fargas era meridiano: “Desde el primer día, la gente de Madrid comprende que la manera más eficaz de estrangular nuestra autonomía pasa por aplicarnos el pacto del hambre. Una autonomía sin dinero es como un ciclista sin bicicleta. Y es justo reconocer que, por motivos diversos, nosotros no hemos sabido combatir esta estrategia”. La solución es la independencia, no nos engañemos, pero hay que encontrar la manera de llegar a ella sin perder tantos efectivos por el camino. La amnistía permitirá volver a empezar. Conseguir la amnistía para todos era la condición básica para recuperar la “normalidad”, que, por otro lado, cada uno interpreta a su manera. Los que quisieran que Junts volviera a ser CDC tienen un problema, que no es el 3 %, como era antes el de los convergentes, sino que se llama Carles Puigdemont.

El president Puigdemont no tiene oposición interna en su partido y la oposición de Esquerra es banal, por lo menos en cuanto a si lo de negociar es o no la solución al conflicto soberanista. Acabamos de constatar que una negociación termina de una manera o de otra según lo que estés dispuesto a aguantar para alcanzar un buen pacto. El exilio es una fuente de resiliencia, porque el bombardeo mediático al que han sido sometidos Junts y Puigdemont, en otra época, si realmente fueran la reencarnación de CDC y de Duran i Lleida, ya los habría doblegado. La estrategia de Puigdemont es exactamente la misma que plantea el vídeo que han lanzado en las redes Jordi Graupera y Clara Ponsatí para anunciar la creación de un nuevo partido. Esto es: exigencia en la defensa de la independencia y del derecho a la autodeterminación y gestión eficaz de la autonomía. Cuando vi el anuncio no me lo podía creer. ¿Era necesaria tanta crítica para llegar a la misma conclusión que sostiene Junts desde que se constituyó? Luchar por la independencia y reclamar la buena gestión de la Generalitat son tareas que hay que hacer “a la vez” [“alhora”], al mismo tiempo y juntos. Incluso el sector más moderado de entre los seguidores de Puigdemont así lo cree. Jaume Giró no podría estar más de acuerdo con ello.

Junts no pacta la amnistía con el PSOE para acabar con el Procés, que, por otro lado, tal como fue hasta 2017, está cerrado, sino para abrir una nueva etapa de la lucha independentista basada en combinar radicalidad y pragmatismo, según el momento. La estrategia del catalanismo clásico, que perduró hasta el pujolismo, que era intentar reformar España, ya no sirve. Las élites españolas son irreformables, por lo menos mientras retengan el poder en sus manos. Solo Esquerra cree que sosteniendo al PSOE en el gobierno las cosas cambiarán. ¡Santa inocencia! El PSOE y Sumar —como bien sabe Pablo Iglesias— no son alternativas al sistema. Los movimientos del PSOE de Pedro Sánchez son tácticos y cambian de sentido según el momento. El regeneracionismo en España es una vía fracasada desde la época de Joaquín Costa. Por tanto, mejor no cantar victoria antes de tiempo. La amnistía todavía no está vigente y la (in)justicia española intentará boicotearla con todos los recursos. No descarten el golpismo blando, al estilo del 23-F. Sería más descarnado, si es que lograra triunfar, pues el actual monarca no se camuflaría, como hizo su padre en 1981, con la complicidad de los partidos del régimen del 78. Todos podemos recordar el discurso amenazador del 3-O de Felipe VI. La amnistía no es ninguna vía de reencuentro entre dos partes enfrentadas. Es un acto de justicia para reparar una represión exagerada e injusta en nombre del nacionalismo español.