El salto más arriesgado de Pedro Sánchez ha tenido el punto de aterrizaje a las 17:57 minutos del lunes 13 en el registro del Congreso, a tres minutos del cierre y una vez que la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, había fijado la fecha del debate de investidura para el 15 y 16 de noviembre. El PSOE pasó hace mucho el punto de no retorno y finalmente se ha echado la ley a la espalda en solitario. El 99% lo han escrito ellos, aseguran, y ante los últimos rifirrafes técnicos, ha, decidido que la primera ley de amnistía en democracia con visos de salir adelante llevará su sello. Félix Bolaños, que no compareció en Bruselas para explicar el pacto PSOE-Junts, ha asumido la exposición de motivos, la madre del cordero de la ley. “Útil, necesaria, impecable y constitucional”. El éxito o el fracaso será suyo. Hasta ahora, el alud de comunicados anunciaban el fin de la democracia sobre un texto que no existía. Ahora que hay una proposición, habrá argumentos y debería haber conversación, discusión constitucional. Un poco más de escucha de argumentos en el terreno jurídico y no el golpista contra golpista en el que se ha convertido la discusión. 

La pantalla desde el 23-J ha cambiado, la puerta del procés a punto de cerrarse en Catalunya puede abrirla la derecha en el resto del país con epicentro en Madrid. Es pronto para saber si este incendio social arraigará o tendrá un efecto parecido al preelectoral. En el mes de julio, no fueron sólo las encuestas de Michavila, también acompañó un ambiente social que hacía pensar en el cambio de gobierno y la coalición del PP con Vox. Es posible que tras la investidura se desinflame el debate y la calle. Las manifestaciones son lógicas, legítimas, pero han sacado también el peor sustrato de movimientos ultras y violentos.

Los grupos que defienden la ley en el Congreso piden respetar la separación de poderes en todas las direcciones, con un poder judicial que no opine con una ley en tramitación, que respete la autonomía de las Cortes para legislar 

La arquitectura legal del texto hace un esfuerzo por asentarlo en normas autonómicas, estatales y una treintena de tratados internacionales suscritos por España. Para el PSOE y 178 escaños será constitucional, pero será el tribunal de garantías quien tenga la última palabra. La respuesta que debe aclarar el PP es si reconocerán la sentencia o abrirán la espita a la insumisión del reconocimiento del tribunal. 

De momento, sigue habiendo más hipérboles que hechos. El ejemplo claro de la semana está en la CEOE. La ley de amnistía, nada más registrarse, no rompe la unidad de negocio en España, no atenta contra la autonomía del diálogo social, no deteriora la imagen del mercado y de España en el exterior y la UE no está pidiendo la vuelta a la unidad de ortodoxia. Tampoco representan, como dicen, "a todas las empresas españolas” además de "autónomos, pymes y grandes empresas". Ninguna patronal de peso catalana se ha pronunciado hasta ahora en contra, ni Foment, ni Pimec, ni el Cercle d’Economia, por citar tres. 

Lo que queda estas semanas son más comunicados tan legítimos como preventivos y las multiquerellas. Empezará Vox y seguirán particulares aleatorios. Mientras, los grupos que defienden la ley en el Congreso piden respetar la separación de poderes en todas las direcciones. Con un poder judicial que no opine con una ley en tramitación, que respete la autonomía de las Cortes para legislar y el principio —también constitucional— de neutralidad de los poderes públicos al que se deben jueces y funcionarios.

En la agenda de Moncloa está pasar la investidura rumbo a la toma de posesión del próximo lunes y abordar desde el martes el primer Consejo de Ministros con propuestas legislativas que llegarán relativamente pronto. Un paquete de medidas sociales que ponga en valor la coalición y les saque de la discusión de la amnistía. En la foto de la escalinata de la Moncloa habrá caras nuevas y un ejecutivo renovado. Lo social llegará antes del próximo punto caliente, la renovación del Constitucional. Un bloqueo anticonstitucional del PP que el PSOE podría proponer una vía para evitarlo con el consabido ataque con argumentos similares a los de la amnistía. La legislatura empieza con peor tono que aquella del 2004 tras el 11-M. Con la vuelta de ERC y Junts a la gobernabilidad, la prueba de estrés permanente estará en las Cortes.