El debate de investidura que ha comenzado esta semana en Madrid y que, tras el fracaso de Feijóo, se alargará unas semanas, no es de investidura. Es un debate sobre el modelo de estado. Es un debate sobre la amnistía. Es un debate sobre Catalunya. Puede tener tanta trascendencia que, tras las actuaciones de José María Aznar, Felipe González y Alfonso Guerra, se han requerido los servicios de don Federico César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. El portavoz de los obispos españoles ha salido a la escena para decir que "estamos en una situación ordinaria" que "no estamos ante una situación excepcional que haga imprescindibles herramientas extraordinarias". Por eso salen políticos, obispos. ¡Y fiscales! Poco rato después de las declaraciones del portavoz de la CEE, se hizo público que la asociación mayoritaria de fiscales españoles pide a la Comisión Europea que frene la amnistía porque "pone en situación de grave riesgo el estado de derecho”.
Quienes representan la interpretación más cerrada del estado de las autonomías y de la Constitución española —algunos, aunque ahora la defienden, votaron en contra— saben lo que les ha costado llevar el Estado hasta donde está ahora y ven claro el peligro. Una amnistía es un hito histórico que marca un antes y un después en un país. Una amnistía como consecuencia del Primero de octubre de 2017 sitúa el referéndum catalán como el hecho político más relevante de la historia política de España en décadas. Ha provocado la crisis del régimen del 78. Nada será igual. Quienes quieren involucionar no suman apoyos suficientes para gobernar. La izquierda para tener la presidencia debe aceptar que el concepto plurinacional es, para siempre, la otra cara del progreso.
A pesar de los episodios históricos que hemos podido vivir en los últimos años, salvo en algunos momentos, en Catalunya el partidismo se impone al patriotismo
El debate de investidura de esta semana en Madrid —que no es de investidura— ha coincidido con el debate de política general del Parlament, que, con los votos decisivos del independentismo en el Congreso, no es de política general. Es un debate sobre la estrategia. Es un debate sobre el futuro. Es un debate sobre Catalunya. Podría tener tanta trascendencia que requería de una actuación conjunta y coordinada de distintos actores políticos, económicos y sociales que no ha existido. Porque a pesar de los episodios históricos que hemos podido vivir en los últimos años, salvo en algunos momentos, en Catalunya el partidismo se impone al patriotismo. Más allá de si este hecho genera desafección, debemos vigilar no perder grandes oportunidades. La reacción de los poderes del Estado es suficientemente ilustrativa de que ahora tenemos una gran oportunidad. Por eso el partidismo es lamentable y, sobre todo, contraproducente por quien lo practique. El país necesita a políticos a la altura del momento. No parece acertado dar la amnistía por superada, viendo la presión que la otra parte pone en contra. No parece inteligente contar en rueda de prensa si se están intercambiando papeles, debilitando así la confianza entre negociadores. Al menos si se quiere ganar.
Que se reconozca al president Puigdemont como interlocutor es un éxito del exilio. Que, antes de empezar a negociar, España pida la oficialidad del catalán en la Unión Europea es un éxito de todos los que lo hemos defendido durante décadas —políticos y sociedad civil—. Y si se acuerda una ley de amnistía, según como sea, claro, puede ser un éxito del conjunto del catalanismo. Y todo, sobre todo, una gran noticia para el país. Que no se lo cargue el partidismo. Den paso al patriotismo y no renuncien a nada, sólo al partidismo.