Si el PSOE quiere negociar leyes y presupuestos con personas perseguidas por terrorismo, solo debe mantener la Ley de Amnistía tal y como está en su redactado. Entonces ya no es que estuviera negociando todo un programa de legislatura con Bildu, lo que parece ya bastante escandaloso para la opinión pública española, sino que lo estaría haciendo con personas investigadas por terrorismo ahora mismo. Está claro que para mucha gente en el sistema político, mediático y judicial español, el delito más grave que puede cometer una persona no es el de terrorismo: es el de querer votar una cuestión como la independencia de Catalunya. Solo así se explica que se haya pasado de las acusaciones de rebelión, a las condenas por sedición (después objeto de indultos y reforma del Código Penal), a las peticiones de extradición por malversación (de momento infructuosas) y ahora a las acusaciones por terrorismo. No al presidente Puigdemont, no: a toda una serie de personas que la Audiencia Nacional ha puesto en su punto de mira. El punto de mira, quiero precisar, es la pieza que se coloca en un arma de fuego para facilitar la puntería. Los terroristas saben de qué hablo.

El PSOE tendrá que escoger entre terroristas ficticios, víctimas de persecución política por la vía judicial, y terroristas de Estado

Quedan todavía cuatro días para negociar las enmiendas a la Ley, que si actualmente mantiene el redactado que excluye los delitos de terrorismo es por la manía de algún ministro que justificó su mantenimiento por miedo a que la ley fuera “tumbada por el TJUE”. En primer lugar, el TJUE no tiene capacidad para tumbar leyes, sino para interpretarlas de acuerdo con el derecho europeo. Y en segundo lugar, ¿qué dice el derecho europeo? Lo puede verificar cualquier persona: nada. No existe ninguna norma europea ni internacional, ni ninguna jurisprudencia previa, que impida incluir el delito de terrorismo entre los actos amnistiables. Evidentemente que no está en la voluntad de ninguna de las partes que promueven esta ley proteger a ningún terrorista de sus crímenes, sino precisamente todo lo contrario: proteger a ciudadanos del terrorismo de Estado, o del terrorismo judicial y policial. Personas que hoy, con un ánimo claramente persecutorio, son acusadas o investigadas por terrorismo (ya sea por parte de jueces o de policías) al igual que en su día se calificó de sedición subir a un vehículo policial para pacificar una manifestación. Ahora se quiere extender la idea de terrorismo a hechos tan surrealistas como, por ejemplo, la muerte de un pasajero en una terminal de un aeropuerto por un ataque al corazón. Lo dicho: el PSOE debería vigilar de relacionarse con terroristas internacionales tan peligrosos como estos, ya sea en Ginebra o en el bar del Congreso de los Diputados. De hecho, quizás incluso la Fiscalía debería intervenir ante el próximo café entre Puigdemont y Sánchez. Especialmente si la ley no se enmienda como es debido.

Y es que no solo hace falta que de aquí al martes este tema quede aclarado, o matizado, de modo que el terrorismo de Estado sea impracticable: es que, además, es necesario que la aplicabilidad inmediata de la ley quede del todo garantizada. De modo que determinados derechos fundamentales, como el de la libertad de circulación, no queden seriamente afectados. Cuando alguien queda imputado por terrorismo se le aplican medidas a nivel europeo que incluyen la no revisión de los hechos por parte de tribunales europeos a los que se solicite una orden de detención y entrega, o bien el control de las cuentas bancarias o de los viajes que quieran efectuar. Es decir que, si no se modifica la ley, los interlocutores del PSOE y demás gente encausada pueden sufrir un acoso automático que les haga la vida directamente imposible. No sé qué pensarán los mediadores de Ginebra. Sí sé algo: que el PSOE tendrá que escoger entre terroristas ficticios, víctimas de persecución política por la vía judicial, y terroristas de Estado. Los primeros parecen francamente improbables, los segundos sí que ya podemos saber que han existido. Antes solo eran declaraciones de Villarejo, ahora son documentos con fuerza probatoria. El PP, Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz harían bien en cuidar la Ley de Amnistía, no fuera que tuvieran que utilizarla en su favor. Y algunos jueces, también