Aunque nunca me ha gustado la palabra, estos días es imposible no leer u oír hablar de cogobernanza. Y al margen de deturpaciones interesadas y de la invasión semántica que sufre, la cogobernanza es (o podría ser) un sistema participativo en el cual las decisiones se tomarían en el ámbito más próximo posible a la ciudadanía. La cogobernanza en salud necesitaría, pues, descentralización efectiva, subsidiariedad bien entendida, acción municipal implicada y significativa, comunidades autónomas con poder efectivo y que cada nivel reconozca y respete la capacidad de decisión de los otros. El objetivo de este tipo de cogobernanza tendría que ser el de conseguir en salud una equidad mayor para llegar más lejos en eficacia y eficiencia bien entendidas. Sin poner, como siempre, el acento en la eficacia y el eficiencia económicas, porque en el centro de la equidad y la salud están las personas. Y eso significa acordar las políticas propias de cada ámbito para conseguir salud en todas las políticas, defender mejor los derechos del personal de la sanidad, prevenir mejor las enfermedades... y hacer frente a las adversidades desde una sanidad más preparada, que pueda atravesar con menos caos momentos como los que vivimos y sí, también, quiere decir ahorrar el luto de muchas muertes evitables.
El escándalo no es que Pedro Sánchez prefiera las "provincias" como herramienta instrumental en políticas de salud sin saber ni explicar ninguna de sus supuestas ventajas (no se cansen en buscar, para Catalunya, ni una siquiera). El escándalo es que el ministro Salvador Illa tampoco parecía saber nada de cómo está organizada la sanidad en Catalunya, ni qué son, ni para qué sirven, ni cómo funcionan desde hace décadas, las regiones sanitarias, los sectores sanitarios y las áreas básicas de salud hasta que se lo explicó, ayer por la tarde, la consellera Alba Vergés. Y que optar por regiones sanitarias y no por provincias para hacer frente a la Covid-19 no es una tozuda peculiaridad de los catalanes, ni una manera de darle la lata.
Asegurar la accesibilidad de los servicios a toda la población exige un rigor moral y un nivel de inteligencia que se echa de menos en las declaraciones y las políticas sanitarias del gobierno de Pedro Sánchez
A Pedro Sánchez haría falta explicarle que ahora, precisamente ahora, no estamos votando para escoger Congreso y Senado (actividad política para la cual sería más aceptable que se encaprichara en la defensa de las provincias) sino que estamos haciendo frente a una pandemia. Y que las herramientas de las que dispone el sistema de salud de Catalunya son regiones sanitarias que tienen su razón de ser en factores geográficos, socioeconómicos y demográficos, pero también laborales y epidemiológicos y, entre otros factores adicionales, vías de comunicación e instalaciones sanitarias que ya están en el territorio. Quizás lo que hizo ayer la consellera Alba Vergés fue explicar al ministro Illa (para que se lo transmita a Pedro Sánchez) que cada región sanitaria —no provincia— se ordena en sectores constituidos por la agrupación de áreas básicas de salud (ABS). Y que cada ABS organiza los servicios de atención primaria de salud por barrios, distritos o por uno o más municipios. Y que son, pues, las regiones sanitarias (no las provincias) las que por la Ley 15/1990 de ordenación sanitaria de Catalunya tienen que asegurar la continuidad entre la atención primaria y la atención especializada y hospitalaria y se tendrían que afanar muy en concreto, junto con los CAP, desde la Ley 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servicio Catalán de la Salud, en hacer accesibles los servicios de salud a toda la población.
Son las regiones sanitarias las que ahora, más que nunca, tienen que velar por la coordinación, calidad y continuidad entre los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para que nunca más volvamos a vivir la desprotección e indignidad de las personas mayores en algunas residencias. Y desde una acción que vincule administraciones, dé más sentido todavía a las funciones sanitarias, en extensión y profundidad, de los ayuntamientos. Asegurar la accesibilidad de los servicios a toda la población, hacer de la sanidad un servicio universal que reconoce derechos y da a todas las personas la atención sanitaria imprescindible, al margen de burocratismos y egoismos mal entendidos, exige un rigor moral y un nivel de inteligencia que se echa de menos, y mucho, en las declaraciones y las políticas sanitarias del gobierno de Pedro Sánchez. Y en las declaraciones erráticas, confusas y de solvencia ausente del ministro Illa.
Ya hemos sufrido suficientes engaños. Siento un gran respeto por la paciencia y sentido del deber del presidente Quim Torra en momentos tan difíciles. Pero no podemos hacer ver que no nos damos cuenta de la obviedad: con estado de alarma no hay cogobernanza posible. Por dignidad, por respeto a nosotros mismos, no podemos seguir con la mediocridad de la coacción que nos hunde en la confusión de las in-competencias.