Pedro Sánchez y Salvador Illa pueden proclamar tantas veces como quieran que gracias a ellos la situación política de Catalunya está plenamente normalizada que, a pesar de todos sus esfuerzos, la realidad no hace más que desmentirlos. En un país en el que cada día, y desde hace una pila de años, los trenes no funcionan y dejan colgados sistemáticamente a los usuarios —y eso ocurre en un país no del llamado tercer mundo, sino del supuesto primer mundo— no se puede hablar de ninguna manera de normalidad. Al contrario, se trata de un escenario que de normal no tiene nada.

Los presidentes de los gobiernos español y catalán intentan vender la imagen de que, tras el proceso soberanista que desembocó en el referéndum de independencia del Primer d’Octubre de 2017, ellos han conseguido reconducir el enfrentamiento que se produjo entonces y volver a la senda de la normalidad, que es lo que ha permitido precisamente el retorno a Catalunya de empresas emblemáticas como, por ejemplo, el Banco Sabadell. Y con ello pretenden hacer creer —a quien se quiere dejar engañar o a quien ya le va bien hacer ver que lo engañan— que el conflicto político entre Catalunya y España, que hace años y años que se arrastra, ellos han sido capaces de liquidarlo en un santiamén. Pero ni las empresas se marcharon de Catalunya por voluntad propia debido al estallido del movimiento independentista, sino presionadas por los poderes del Estado, ni el PSOE ni el PSC son las hermanitas de la caridad, sino los cómplices necesarios del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni se puede hablar de normalidad cuando la fuerza del independentismo no ha desaparecido, solo de rutina fingida e impostada, falsa.

Ni el presidente del gobierno español ni el president de la Generalitat han normalizado nada, se han aprovechado simplemente de la renuncia de JxCat, ERC y la CUP a seguir adelante con el proceso de independencia. Otra cosa es que a las formaciones procesistas todo ello, al parecer, ya les vaya bien, porque son ellas las que plegaron velas en octubre de 2017 y las que ahora sostienen a uno en la Moncloa y a otro en el palacio de la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Por eso resulta chocante que critiquen a Salvador Illa porque se va a Madrid, como hizo la semana pasada, a hacer pedagogía sobre las bondades de Catalunya, en una práctica que en su día cultivó especialmente Jordi Pujol, pero que el tiempo ha demostrado que está más que gastada y que no da ningún resultado, cuando son ellas las que le facilitan el trabajo. ¿O es que cuando gobernaron JxCat —y antes el PDeCAT y antes CiU— y ERC hicieron algo para obtener el traspaso de Rodalies que ahora tan fervorosamente reclaman y tan indignadamente lamentan que el PSC sea incapaz de alcanzar?

El 133º president de la Generalitat, en todo caso, lo tiene mal con Rodalies, convertida esta legislatura en el paradigma de cómo España maltrata a Catalunya gracias al pacto de investidura con ERC en virtud del cual se la debían de traspasar íntegramente. En este marco, de poco le servirá el discurso de querer pasar página y de normalizar la situación política si cada día se produce una incidencia u otra que inflama la paciencia de los sufridos usuarios. La falta de inversión en el servicio de los trenes de Renfe que operan en Catalunya es endémica, la han practicado indistintamente tanto el PSOE como el PP, y lo más grave del caso es que lo han hecho con el visto bueno de los partidos catalanes —básicamente CiU y ERC— que los han apoyado. Y después de tantos años de no hacer nada ha saltado todo por los aires, y ahora reconducirlo costará Dios y ayuda. Porque no se trata solo de "mejorar la información" como ha declarado la consellera de Territori i Habitatge y a la vez portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, sino de mejorar el funcionamiento de un servicio esencial.

Ni el presidente del Gobierno ni el president de la Generalitat han normalizado nada, se han aprovechado simplemente de la renuncia de JxCat, ERC y la CUP a seguir adelante con el proceso de independencia

Es la realidad, pues, la que hace mella en el mensaje de Salvador Illa en Madrid, según el cual "si a Catalunya le va bien, a España le irá bien". Y es que resulta que en estos momentos a Catalunya no le van bien muchas cosas, entre ellas y de manera muy específica Rodalies y, por tanto, y de acuerdo con su discurso, a España tampoco le irá bien nada. La clave será ver hasta dónde aguantan unos usuarios —trabajadores y estudiantes que necesitan coger el tren por obligación cada día— cuyo hartazgo este fin de semana se ha constatado que había llegado al límite. Ahora bien, parece que con manifestaciones y protestas en la calle no bastará, a la vista de la reacción pusilánime que han tenido los partidos que gobiernan y de la instrumentalización que han hecho de ellas los que están en la oposición, y quizá se tenga que pasar a la acción con actuaciones más contundentes. Porque lo que está claro es que el anunciado traspaso a la Generalitat es un engaño más, como se ha visto a las primeras de cambio con el gobierno español aceptando, para tener contentos a los empleados de la compañía, que la nueva empresa que gestione Rodalies siga dependiendo de Renfe. ¿A quién quieren engañar con un oxímoron como este?

La solución solo pasa por la transferencia total e incondicional del servicio de Rodalies a Catalunya, como sucedió justo en 1979 con el traspaso de Ferrocarriles Catalanes —conocidos popularmente como l’elèctric o els catalans a secas—, los actuales Ferrocarrils de la Generalitat. Y a partir de ahí que sea el gobierno catalán el que se haga cargo de todo, con un cambio de operador —de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat, por ejemplo— y con una remodelación de arriba abajo de toda la infraestructura y del material móvil y, si conviene, incluso del personal, empezando por los maquinistas. El personal, precisamente, es uno de los principales escollos del traspaso, ya que actúa como un lobby del Estado, como si de un funcionariado que tiene más poder que el poder político se tratara, exactamente igual que sucedió cuando se negoció la reforma del Estatut el 2006 y el personal de Aena frenó la transferencia de la gestión del aeropuerto de Barcelona y de los de Girona, Reus y Sabadell.

¿De qué normalidad hablan Pedro Sánchez y Salvador Illa? ¿De la que ha permitido que ni siquiera los trenes funcionen? ¿De la que mantiene en el cargo a un delegado de la Generalitat en Perpinyà, Christopher Daniel Person, que hace días que debería haber estado destituido al negarse a usar el término Catalunya Nord cuando incluso la propia República Francesa lo reconoce? ¿De la que ahoga sibilinamente el uso de la lengua catalana? ¿Y de tantas otras cosas que harían la lista interminable? En Catalunya no se ha normalizado nada, solo hay una normalidad muy anormal. De hecho, tan falsa es que ojo que en cualquier momento no acabe estallando todo.