Cuando se cumplen cinco años de la emisión de una segunda tanda de órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) en contra de los exiliados e igual tiempo desde la detención del President Puigdemont en Alemania, igual es un buen momento para analizar la relevancia de ese suceso y cómo el mismo estableció un antes y un después tanto para los exiliados como para la viabilidad europea de la represión al independentismo.

Hasta que no se produjo la detención de Puigdemont en Schleswig-Holstein, pero sobre todo hasta que el Tribunal Superior alemán no se pronunció, primero respecto a su libertad y luego sobre la propia OEDE, el relato oficial consistía en que la persecución del independentismo era un asunto interno español, y, por tanto, existió un relato hegemónico sobre las consecuencias penales de unos hechos que siempre hemos sostenido que no eran delictivos.

Aparte de la confrontación de relatos que se generaron esos días, lo auténticamente relevante, cuando ya han pasado cinco años de esos hechos, es que fue esa detención la que marcó un antes y un después en todo el devenir del proceso judicial mediante el cual se ha pretendido solucionar un problema político que dista mucho de estar resuelto.

Schleswig-Holstein es, junto con Bélgica, pero por encima de esta, el primero de los espejos en el que se tuvo que mirar un procedimiento que día a día resulta más tosco, inconsistente e inviable a pesar de los empeños de unos por mantenerlo vivo a costa de cada vez más insostenibles e irreales relatos, y de otros por presentarse como doblegados arrepentidos por la comisión de unos hechos que nunca han sido delictivos.

Existió un relato hegemónico sobre las consecuencias penales de unos hechos que siempre hemos sostenido que no eran delictivos

A pesar de los relatos, lo auténticamente documentado es que a Alemania siempre la consideramos un buen escenario para defender en caso de una OEDE y, sobre todo, una plaza en la que estábamos convencidos de que se aplicaría el derecho con independencia y ajenidad a cualquier consideración política; eso era y sigue siendo todo lo que se necesita para desjudicializar la política.

Establecer que los hechos por los que en España había gente en prisión, luego condenada, no era constitutivo de delito en otros estados miembros de la Unión Europea; era un primer objetivo, no el último, pero sí uno muy relevante y sin el cual mucho de lo que después se ha hecho no se habría podido conseguir.

Por qué España decidió que fuese en Alemania donde se detuviese al President Puigdemont y no en cualquiera de los países por los que transitó esos días, como fueron Finlandia, Suecia o Dinamarca, es algo que sigo sin saber, pero que intuyo que tuvo mucho más que ver con la ignorancia que con un análisis técnico-jurídico de los distintos escenarios posibles. Si se hubiese actuado con sapiencia, seguramente habrían sabido que cualquiera de esos tres países habría permitido una rápida entrega y el curso de la historia sería hoy distinto.

Una vez establecida la inviabilidad penal de la persecución —por no ser constitutivos de delitos los hechos imputados—, ya era cuestión de comenzar a construir, sobre esa base, una protección integral no SOLO de los exiliados, sino del conjunto de la minoría nacional catalana, y con un efecto “rescate”, que es como lo denomina Toni Comín por servir de trampolín para la defensa de unos derechos a los que no debe renunciar ningún pueblo.

Si algo ha generado la sentencia de Schleswig-Holstein es el convencimiento de unos de que el objetivo no es superar la injusticia ni la represión, sino eliminar al líder del independentismo y a su entorno

Justamente eso es lo que hemos estado haciendo desde entonces hasta llegar al momento actual, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a petición del juez Llarena, ha dejado claros una serie de temas que, por mucho que el relato siga intentando imponerse, hacen inviable todo lo que el propio Tribunal Supremo ha estado haciendo en contra del independentismo.

Ahora mismo confluyen dos elementos esenciales: el peso de la sentencia de Schleswig-Holstein (los hechos no son delictivos) y la contundencia del TJUE —el Tribunal Supremo no es el órgano predeterminado por ley, y cuando una OEDE ha sido denegada por riesgo de vulneración de derechos fundamentales, no puede volver a emitirse. Estas y no otras son las razones por las que el juez Llarena se resiste a emitir nuevas OEDE, tal como había anunciado a principios de enero pasado.

También son estas las razones por las que, cuando acaba de resolver los recursos que hemos interpuesto en contra de su auto de 12 de enero, ha guardado silencio absoluto respecto de la propia sentencia del TJUE y persiste en sostener su competencia como si aún no existiese el párrafo 100 de esa resolución de 31 de enero, que lo ha cambiado todo.

Cinco años pueden parecer una eternidad, pero no lo son, y mucho menos cuando con tan poco ha de desmontarse tanto; el proceso no ha sido rápido, pero sí efectivo, aunque el costo para los exiliados y quienes les defendemos ha sido inconmensurable, porque si algo ha generado la sentencia de Schleswig-Holstein es el convencimiento de unos de que el objetivo no es superar la injusticia ni la represión, sino eliminar al líder del independentismo y a su entorno.

Incluso un momento que nos pueda parecer que todo está perdido, si se afronta desde una perspectiva positiva y de lucha, puede terminar siendo una oportunidad

Es a partir de Alemania cuando se comienza la demonización del exilio y, por qué no decirlo, de la defensa del exilio; basta hacer una línea del tiempo, a dos columnas, para comprobar cómo se ha actuado para esa criminalización, demonización y deshumanización que permita no solucionar un conflicto, sino eliminar a su líder y a su entorno.

En este proceso de señalamiento y destrucción no solo se ha contado con el poder y los recursos casi ilimitados de un estado que se resiste a democratizarse, sino que también se han tocado las teclas necesarias para que algunos “negros” creyesen que el amo les estaba haciendo socios en la propiedad de la plantación.

Volver la vista atrás sirve, además, para tener claro que incluso un momento que nos pueda parecer que todo está perdido, si se afronta desde una perspectiva positiva y de lucha, puede terminar siendo una oportunidad; esto es lo que pasó ahora hace cinco años, y estoy convencido de que si hubiesen sabido lo que nosotros sabíamos nunca habrían consentido que la detención del President Puigdemont se produjese en Schleswig-Holstein, porque hay un antes y un después, y eso es algo que ya no podrán cambiar.