Por segunda vez en los últimos diez días, el aeropuerto de Barcelona-El Prat sufrirá una huelga del personal que allí trabaja, en este caso los vigilantes de seguridad. La convocatoria de los trabajadores es con carácter indefinido, las negociaciones están estancadas y los servicios mínimos del 90% garantizan, tan solo en teoría, que el funcionamiento no sea caótico. Eso sí, con las consiguientes preocupaciones para los usuarios, el deterioro de la imagen de Barcelona y la permanente pérdida de peso especifico de una infraestructura clave para Catalunya y su economía, y que además compite en inferioridad de condiciones con sus competidores que, lejos de tener problemas similares, tienen una mirada mucho más favorable por parte del gestor aeroportuario.
Se trata, en la mayoría de los casos, de problemas que vienen de lejos y que no se trabaja en su solución. En este caso, como en la reciente huelga del personal de tierra de Iberia, de viejas reivindicaciones de mejores condiciones de trabajo o de sobrecarga de trabajo en Barcelona respecto a otros aeropuertos de la red Aena. Hace tan solo una decena de días, la huelga del personal de tierra de Iberia -con nuevas movilizaciones a la vista, quien sabe si durante el mes de agosto- ocasionó la anulación de más de un centenar de vuelos de Vueling así como de numerosas compañías que operan desde El Prat. Tanto es así que el síndic de greuges ha actuado de oficio.
Ni es normal ni tampoco aceptable la situación que padece Barcelona verano tras verano entre una gran indiferencia del ministerio de Fomento e impotencia de la conselleria, a la que solo parece quedarle el derecho al pataleo. Neutralizadas como están algunas de las entidades empresariales catalanas o con otras prioridades en su agenda, la nueva Cambra de Comerç de Barcelona debería liderar una denuncia implacable y permanente en defensa del aeropuerto de Barcelona. Esta situación no se puede prolongar eternamente y no parece que exista una voluntad real de solución.