Hay que reconocer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, al menos hasta la fecha, ha sabido mantener en secreto, o bajo suma discreción, sus deliberaciones en torno a la sentencia del procés. Todo se reduce a especulaciones, hipótesis afortunadas y tiros al aire a ver si se caza algo. Nadie sabe nada realmente y ese es el indicador más preciso de la trascendencia de una decisión que definirá para siempre las carreras y el legado de los siete magistrados del alto tribunal.
Ni quienes apuntan a una sentencia más dura, con condenas rondando los 20 años, ni quienes apuestan por una resolución más moderada en su tipificación y calificación penal, pueden estar seguros de que así será. Ni el presidente Manuel Marchena es el Charles Bronson del constitucionalismo que muchos quisieran tener, ni que se pretende asegurar una sentencia unánime garantiza su mesura. Esperar y ver constituye claramente la mejor opción estando, como estamos, en capilla.
En el Supremo parecen haber tomado muy buena nota de lo acontecido hace apenas unas semanas en el Tribunal Constitucional. La mera filtración de que hubiera una ponencia, redactada por Conde-Pumpido, que cuestionase la sentencia del Supremo que condenó en su día a algunos de los acusados por los incidentes fuera del Parlament, firmada también por Manuel Marchena, provocó más ruido y levantó más polvareda que el mismísimo helicóptero utilizado en aquel día por el presidente Artur Mas para acceder a la cámara.
La mera sospecha de que la corte constitucional considerase una doctrina que antepone el ejercicio de derechos políticos básicos a una concepción extensiva del orden público, equiparado al orden constitucional, ha sido convertida por muchos en un acto de traición en vísperas de la sentencia. Pero solo aporta otra evidencia de la complejidad jurídica de las cuestiones que debe resolver cualquier fallo que afecte a derechos constitucionales básicos y que solo tienen soluciones fáciles en las tertulias y platós de la televisión.
Hasta que conozcamos el contenido de la sentencia, harían bien todos en aplicarse a la discreción del Supremo. Especular en los medios o en los mítines sobre si se va aplicar el 155 o la Ley de Seguridad Nacional como respuesta a una respuesta que no se ha producido ante una sentencia que no conocemos atenta contra la más elemental prudencia. Igual que aprovechar el día de la patrona de la Guardia Civil para fardar delante de los Mossos, como hacen los niños pijos en las discotecas los fines de semana. Igual que fiar toda tu acción de gobierno a pedirle a la sociedad civil que te resuelva los problemas que tú no sabes afrontar y haga la política que, o no sabes, o no te atreves a hacer. La sentencia tampoco lo va a arreglar y tampoco hará la política que hace falta.