A Pere Aragonès sabemos quién lo espió, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, aunque la casa solo ha reconocido 18 interceptaciones de teléfonos de líderes independentistas autorizadas por los jueces de las más de 60 detectadas; sabemos con qué método, Pegasus, el peligroso software desarrollado por la compañía israelí NSO Group; sabemos cuándo sucedió, en enero de 2020, es decir, cuando el procés ya era historia, e, incluso, el coste del pinchazo: unos 43.000 euros. Además, si tenemos que creer al president de la Generalitat, también sabemos quién dio la orden de hurgar en su móvil: Pedro Sánchez, no Vladimir Putin ni el fantasma de Richard Nixon. Era el 18 de abril del año pasado, todavía no hace un año aunque parezca que ha pasado una eternidad, cuando Aragonès señaló directamente como responsable del espionaje al presidente del Gobierno y lo instó a asumir responsabilidades. De hecho, se querelló contra él, sin embargo, sin éxito. ¿Y qué ha hecho Sánchez ante una acusación tan grave? Lavarse las manos y proclamar que España es un estado de derecho, cosa que, además de discutible en muchos ámbitos, no es ningún obstáculo para practicar el espionaje: todos los estados espían. Por eso Maquiavelo se inventó la razón de estado o una cosa muy parecida y ojo lo bien que ha funcionado a lo largo y ancho de la historia para justificar lo que haga falta, también el Catalangate. Incluso, si es objeto de investigación judicial reabierta a última hora, como, curiosamente, ha sucedido hace pocos días.

Cuando menos todo eso podrá explicar el mismo Aragonès este próximo martes en la misión enviada a Madrid por la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, y con la cual se reunirá en calidad de "víctima". Lo que no sé es cómo justificará Aragonès ante la comisión Pegasus el apoyo de ERC a los presupuestos del Estado-espía el gobierno del cual preside Sánchez, o sea, quien, según el president de la Generalitat, ordenó espiarlo. Tampoco el apoyo del partido de Sánchez en Catalunya, el PSC de Salvador Illa, a los presupuestos de la Generalitat de Aragonès. Hacia el verano, y después de unos meses de frialdad, o casi ruptura en las relaciones entre los dos gobiernos, las aguas desbordadas de la sospecha ya se habían reconducido y ERC volvía a negociar las cuentas del Reino con Sánchez invocando la responsabilidad en momentos de crisis casi como si nada hubiera sucedido.

De hecho, el pinchazo del móvil del presidente catalán se produjo en el contexto de las negociaciones que también mantuvo ERC con el PSOE para investir a Sánchez. Desde entonces, ERC es socio principal del denominado bloque de investidura, y, por lo tanto, pieza clave de la estabilidad del gobierno del Estado-espía, gobierno también autobautizado como "el más progresista de la historia" española. De hecho, este mismo miércoles —aunque aquí lo tienen muy fácil—, los diputados de ERC en el Congreso votarán en contra de la esperpéntica moción de censura-espectáculo de Vox contra Sánchez con el nonagenario profesor Ramón Tamames, antiguo miembro del PCE, como candidato. ¿Con estas credenciales de diálogo, negociación y apoyo casi permanente al gobierno del Estado-espía, quién de la comisión Pegasus puede creerse el relato que, con toda la razón, les puede hacer Aragonès y el resto de miembros de ERC, que se reunirán con los comisionados de la Eurocámara? De hecho, que a la cita solo asistan hoy por hoy políticos de ERC ha atizado las sospechas de una nueva entente bajo mano de los republicanos con la Moncloa. A veces, y parafraseando aquello que se decía de la política en la época de la Transición española, la razón de estado hace extraños compañeros de cama. Y en este caso, tanto puede servir para invocar el interés general de un estado supuestamente asediado por las maniobras de los independentistas como para que una parte de estos independentistas justifiquen por qué sostienen con sus votos el gobierno de ese mismo estado. Y más aún cuando la acción represiva del cual, como sabemos, no se ha limitado al uso y abuso del software Pegasus.

No sé cómo justificará Aragonès ante la comisión Pegasus el apoyo de ERC a los presupuestos del Estado-espía el gobierno del cual preside Sánchez, o sea, quien, según el president de la Generalitat, ordenó espiarlo

Ante la visita de la eurocomisión a Madrid, el gobierno Sánchez, como no podía ser de otra manera, ha tirado una espesa cortina de humo para diluirla sea como sea —"es una cuestión judicial, no política"— entre el foco de la moción de censura ultra con ponente excomunista, la ayudita del otro partido sistémico, el PP de Núñez Feijóo, y el silencio cómplice de la gran prensa capitalina. Pero este no es el problema de fondo. El problema es, por elevación, qué hacen los partidos catalanes en estos casos cuando, además, son los más directos damnificados.

Corría el año 1918 cuando el entonces ministro de Alfonso XIII y futuro presidente de la República española, Niceto Alcalá Zamora, le dijo al líder de la Lliga, Francesc Cambó, aquello tan sabido de "Usted tiene que escoger entre ser el Bolívar de Catalunya o el Bismarck de España, pero es imposible que quiera ser las dos cosas al mismo tiempo". Ahora, Aragonès y ERC tendrían que escoger, cuando menos, entre denunciar el Estado-espía de Sánchez o lavarle las vergüenzas delante de las instituciones europeas por el caso Pegasus. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser, aunque parezca que sí. El no tan oscuro asunto Pegasus —un auténtico atentado a los derechos más elementales de todo el mundo— eleva al grado máximo la contradicción permanente en que se mueve la política catalana y catalanista en Madrid, no solo la de ERC, entre el deseo insatisfecho de hacer y hacerse una España a medida y el ideal de la huida ordenada, con los mínimos costes posibles. En todo caso, es el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès quien, principalmente, se las tiene que ver en este momento de la historia con la dialéctica perversa de salvar a quien si pudiera te aplastaría. Y decidir si, en general, no habrá llegado la hora de revertir los términos de una relación tan extremadamente tóxica.