Siete años han pasado del atentado terrorista en Barcelona y Cambrils que se llevó por delante la vida de 16 personas y dejó heridas a más de 150. Siete años llenos de silencios incómodos, de falta de respuestas y de cajones que se han cerrado haciendo mucho ruido.
La familia del pequeño Xavi ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intentando esclarecer los interrogantes que aún se ciernen sobre elementos fundamentales. Ha tenido que ser el rechazo del TC el que haya abierto la puerta a la vía judicial en Europa. Y es que, después del juicio ante la Audiencia Nacional, donde muchas de las pruebas no quisieron admitirse, ni investigarse, ni abordar cuestiones de enorme relevancia, la familia del pequeño Xavi pidió amparo ante el Tribunal Constitucional, que ha considerado que no existe una "especial relevancia constitucional".
Una de las cuestiones que quedan por resolver es, como señala el papá del niño asesinado en Las Ramblas, la relación entre el imán de Ripoll y el CNI. Una relación que en su día investigamos y que, efectivamente, ofrece muchas dudas, y algunas deberían ser aclaradas sin demora. Pero lejos de querer aportar luz sobre todo esto, el comportamiento de la justicia y del gobierno ha sido el contrario: negarse en su momento a una Comisión de investigación sobre estos atentados, y dar carpetazo en la Audiencia Nacional ante muchas cuestiones presentadas por la defensa de las víctimas, que merecían saber la verdad.
Hubo demasiadas cosas sobre las que no se quiso investigar, como si a la Audiencia Nacional, efectivamente, le molestase hacer su trabajo
Precisamente, uno de los abogados de la causa, Alonso-Cuevillas, ha señalado que la justicia europea "no tiene ninguna implicación, ninguna parcialidad y, por lo tanto, no es sospechosa de querer encubrir a los servicios secretos españoles como se puede sospechar de la justicia española". "Queremos saber la verdad y España ha puesto todos los impedimentos", ha afirmado en la manifestación de protesta que se celebró ayer ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Por si no fuera suficientemente desgarradora la situación en la que se encuentran las familias de las víctimas, como la del pequeño Xavi, durante estos siete años se han visto ante la terrible situación de tener que pelear ante la justicia para tratar de averiguar qué fue lo que realmente pasó. Nadie va a devolverle la vida de su pequeño. Como nadie devolverá la vida de las otras quince víctimas, ni la salud a las más de ciento cincuenta. Pero el derecho a saber la verdad es algo que no se puede arrebatar, y mucho menos por sistemas de Derecho supuestamente fiables y serios.
El juicio que se celebró ante la Audiencia Nacional fue, en algunos momentos, delirante. Y ver cómo se ha acusado de "conspiranoico" al padre de Xavi y a su defensa, cuando han solicitado que se investiguen cuestiones que cualquiera querría investigar, es aberrante. ¿Acaso no querría usted saber por qué el imán de Ripoll era visitado por el CNI cuando estaba ingresado en prisión? ¿Por qué se usaba un correo electrónico para comunicarse entre ellos, y por qué parece ser que hubo comunicación después de que, supuestamente, el imán saltase por los aires en Alcanar? ¿Por qué no se quiso revisar la información que se había presentado para afirmar que los restos hallados en la explosión de Alcanar eran del imán de Ripoll a pesar de que expertos forenses cuestionasen los informes? Como tampoco se quiso averiguar por qué algunos vecinos aseguraron ver salir un coche de la casa justo antes de la explosión. Hubo demasiadas cosas sobre las que no se quiso investigar, como si a la Audiencia Nacional, efectivamente, le molestase hacer su trabajo.
García-Margallo, en el mes de julio, afirmó que "pasarían cosas" durante la segunda quincena de agosto
Por los atentados, fueron condenados Driss Oukabir, a quien se impuso pena de 36 años de prisión que cumplirá en Marruecos; a Mohamed Houli Chemlal, a 43 años, y a Said Ben Iazza a 8 años. A este último le redujeron la condena en el Supremo a 18 meses de prisión, en una sentencia donde se respondió también a las familias de las víctimas. El Supremo consideró entonces que había que descartar la posibilidad de que el imán de Ripoll siguiera vivo, cerrando así la carpeta de las preguntas sin respuesta.
El mensaje que ayer se dio en la concentración de protesta ante la Audiencia Provincial de Barcelona decía: "La judicatura española tapa los crímenes de Estado y de falsa bandera". Los allí presentes exigían el esclarecimiento de los hechos, para poder saber quién está detrás de los atentados y puedan depurarse responsabilidades. Se han recordado las palabras del que fuera ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, García-Margallo, que en el mes de julio afirmó que "pasarían cosas" durante la segunda quincena de agosto, y los manifestantes consideran que están vinculadas a los atentados. No puede olvidarse que el excomisario Villarejo llegó a afirmar en sede judicial que el CNI se encontraba tras los atentados de 2017. Afirmó que fue un "error grave del señor Félix Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por querer darle un pequeño susto a Catalunya". Y después de decir esto, nadie reaccionó abriendo una investigación al respecto, a pesar de la gravedad de sus palabras.
Resulta evidente que quedan cosas por aclarar. Y no son cuestiones menores. Pero el gobierno ha sido reticente en todo momento a abordar lo sucedido, a ventilar y poner luz sobre las sombras existentes. Es más: recién estrenado el gobierno de Illa, el president ha sido el gran ausente en el acto de conmemoración de las víctimas de los atentados. Ciertamente, ha escrito un tuit. Pero no ha interrumpido sus vacaciones para estar junto a las víctimas. No me parece la mejor manera de comenzar, y mucho menos teniendo en cuenta el acuerdo al que se llegó hace un año con el PSOE para darle apoyos por parte del independentismo: Sánchez se comprometió a abordar en una comisión de investigación parlamentaria las dudas existentes. Todavía estamos esperando.