Aterrorizar a las mujeres

Cuando parecía que los aires políticos iban dirigidos a derribar a Sánchez y a su apoyo de piojosos anti España, he aquí que la extrema derecha postfranquista, hija del PP y que ahora tiene realquilada en el gobierno de Castilla y León, se descuelga con el tema del aborto. La idea era exigir a los médicos que hicieran escuchar a las mujeres en el momento de pedir el aborto los latidos del feto —prueba desaconsejable médicamente si es precoz— y hacerles ver una ecografía en 4D de su vientre.

Esta propuesta, nunca vista ni publicada —veremos más adelante por qué— y, por lo tanto, de difícil tratamiento jurídico como tal, se ha ido diluyendo. Primero, parecía que se limitaba la obligatoriedad de las mujeres de oír y ver latidos y ecografías; después, pasó a ser una indicación a los médicos de información voluntaria y, finalmente, no se sabe qué pasará, ya que a todas estas el consejero regional de Sanidad, del PP, todavía no ha abierto la boca. Es más, el PP no ha sido nunca contundente en el rechazo de esta imposición de sus aliados postfranquistas. Veremos, finalmente, con qué tirabuzón se salva la coalición castellano-leonesa —antesala de otras—, a costa de encontrar la manera de perjudicar a las mujeres.

Seguramente la causa de la desazón es doble. Por una parte, la necesidad, ante la precariedad gubernamental, de compartir mandato con los extremistas, de no enfrentarse a campo abierto. Intentar con maniobras de palacio torear a los iliberales y esperar la próxima embestida. Por la otra, el propio interés del PP más reaccionario de empatizar con las andanadas contra la libertad sexual de las mujeres y su planificación maternal. No hay que olvidar que la vigente ley del aborto está recurrida por el PP delante del TC, que ahora parece que se pondrá después de 12 años manos a la obra y se ventilará el recurso de inconstitucionalidad.

Que el PP es contrario al aborto no es ninguna novedad y que —de dos males, el menor— quería volver a la ley Lluch de 1985, tampoco. Aquí, sin embargo, ha sido adelantado por la derecha, por la ultraderecha más bien. De todos modos, los postfranquistas tienen lo que quieren: poner su agenda de agitación en el centro del debate político. La ocupación del debate es previa a la ocupación del espectro institucional. Y en esta vía, ante la parsimonia de los partidos tradicionales, persevera con cierto éxito la vanguardia antidemocrática.

En un sistema como el español y el catalán, donde el paciente disfruta de entera libertad, acosar a la mujer, directa o indirectamente, con la contemplación de prácticas ni solicitadas ni necesarias médicamente o inadecuadas puede ser incluso delictivo

Dicho esto, ¿dónde estamos hoy? Normativamente nada ha cambiado, porque nada podía cambiar. Si vamos al portal web de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en el apartado normativa no encontraremos nada sobre "aborto"; solo bajo la búsqueda de "embarazo" encontramos tres disposiciones: dos resoluciones estatales (2015 y 2019) y una orden regional sobre criterios para traslados de personal (2016). Nada de nuevo desde 2019 y, por lo tanto, ninguna reseña sobre la ocurrencia del iliberal vicepresidente de la Junta de Valladolid.

Vox siempre ha dicho que el feminismo y, por extensión, la lucha en pro de los derechos —del tipo que sean— de las mujeres es una batalla ideológica. Para este partido, todo lo que no sea una mujer de una Sección Femenina aggiornata es ideológico, porque para ellos, al fin y al cabo, ¿una mujer para qué quiere tener derechos? Para ser independiente, se responderá. Pues no: eso es ideología de género feminazi, responden los ultraderechistas. Contraponen este discurso antitodo con la nada, dado que no da ninguna alternativa más que la negativa a reconocer y fomentar los derechos de las mujeres. Se basan, de hecho, solo en un único elemento: el discurso en favor de las mujeres es pura ideología. Ahora resulta que Vox se ha hecho marxista y utiliza el término ideología tal como lo harían los marxistas, en el sentido de enmascaramiento de la realidad. ¡Qué cosas!

Lo que el vicepresidente de la Junta ha hecho es pura ideología y de la mala. Primero, ninguna consejería ni ninguna administración, en el mundo democrático, impone a los sanitarios de qué manera tienen que llevar a cabo su práctica médica. Para ello hay unos protocolos, unas guías sistémicas, consensuadas por los facultativos especialistas y en constante evolución y evaluación que tienen, sea cual sea el ámbito médico en el que tenga que aplicarse, una base científica. Pues bien, para tratar un aborto no está indicado, más bien al contrario, que la mujer oiga los latidos o vea imágenes fetales. No tiene ningún sentido. Es como poner una ristra de ajos en la cama del enfermo antes de hacerle una cirugía cardiaca o recetarle tres jaculatorias a una virgen de su preferencia antes de un trasplante de riñón.

Pero es más, en un sistema como el español y el catalán, donde el paciente disfruta de entera libertad, hasta el punto de que, sin ningún tipo de coacción, puede rechazar —y el médico tiene que aceptar su decisión— el tratamiento que se le propone e, incluso, pedir el alta voluntaria; acosar a la mujer, directa o indirectamente, con la contemplación de prácticas ni solicitadas ni necesarias médicamente o inadecuadas puede ser incluso delictivo. En un sistema en que, cuando el facultativo le quiere entregar los datos de la analítica, el paciente, por las razones que sea, no las quiere saber y, por lo tanto, no se le pueden mostrar, ¿cómo se pueden imponer las aberrantes prácticas que todavía no sabemos si de alguna manera se aplicarán en Castilla y León?

No tenemos que olvidar, por último, que los protocolos médicos, consensuados y basados científicamente, no son normas jurídicas, sino guías tecnicoprácticas. Y son llevadas a cabo por los profesionales, no por los políticos ni por la administración. La administración no dice cómo se tiene que hacer un trasplante de hígado, por ejemplo. Por eso, los protocolos médicos no se publican en ningún boletín oficial; de aquí que no los podamos encontrar. Se encargan las sociedades médicas especializadas o los servicios correspondientes de los centros médicos. Intentar, pues, torcer la mano a las mujeres solo se puede calificar de una manera: se busca aterrorizar a las mujeres en un momento en que, para muchas, es crítico, generando un estrés innecesario y bajo ninguna consideración médicamente indicado.

Este es el panorama que nos espera, si no espabilamos: convertirnos en una sucursal del régimen de Orbán, tal como explícitamente proclaman los postfranquistas.