Cuánto resistirá la legislatura es la pregunta que tensiona al Gobierno varias veces por semana. El salto cualitativo desde que explotó el caso Koldo, solapado después con el caso Ayuso, ha elevado la trituradora verbal a tal nivel que ahora la cuestión es cuánto puede aguantar el clima político y la conversación pública con esta crispación planificada, qué nivel de ataques y bulos es sostenible antes de llegar al colapso. El cénit de la escalada han sido las amenazas del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez —conocido por MAR—, a la periodista Esther Palomera. “Activista a sueldo. Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”.
El pie en pared de las asociaciones profesionales ha sido unánime. Pero el cambio de pantalla es anterior al envite de MAR. Hay dos niveles. El PP de Madrid no opera como en ninguna otra comunidad. La respuesta, para complicación de Génova, suele pasar por una suerte de reyerta donde la presidenta madrileña solo responde ante quienes la votaron. Al resto, cañas y fruta, mucha fruta. La diferencia es que el fraude confeso de su pareja revela tal falta de ejemplaridad que la imagen de Ayuso sale tocada por más que se revuelva. Pudo haberse despegado de la versión de Alberto González y pedir a su pareja pagar las deudas con Hacienda. Al mentir, al atacar a los "oscuros poderes del Estado", al señalar de "chavismo" el trabajo periodístico que ha revelado los detalles del comisionista, ha tensionado la causa confesa de fraude fiscal hasta que ha pasado a ser suya.
El debate sobre si las parejas de los políticos deben publicar sus declaraciones de bienes ya estaba superado. La ley reguladora del ejercicio de altos cargos habla explícitamente del cónyuge. Las leyes autonómicas incluyen “relaciones análogas”. La ética, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción apuntan a cuán necesaria es la transparencia del entorno familiar. El caso Koldo es el mejor ejemplo. Como en los años de la Gürtel, la red de testaferros del asesor Koldo García eran su mujer y su hermano.
Estamos pasando del debate y la confrontación ideológica a la descalificación permanente y la carnicería personal desde los grandes partidos
En este acoso y derribo, la derecha ha decidido descalificar toda institución que no le dé la razón. Hace una semana, recurrió a la Oficina de Conflicto de Intereses contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Después de la denuncia, varios medios apuntaron cómo el presidente podría acabar inhabilitado en el Supremo. La conclusión de la Oficina ha sido archivar la causa al entender que no debió abstenerse en el rescate de Air Europa por los contactos de su mujer. Ella no está en el sumario y ni siquiera las informaciones periodísticas han podido apuntalar el tráfico de influencias. La supuesta inyección de 40.000 euros al máster que dirige Gómez en el IE —a cambio, alegan las informaciones, de un rescate de 800 millones— no se llegó a ejecutar por la pandemia. La respuesta del PP ha sido cargar contra la Oficina de Conflicto de Intereses a la que acudió por imparcialidad.
El patrón se ha repetido contra la supuesta filtración de Hacienda. Para el PP ha sido más grave quién facilita la información que los tres delitos contra Alberto González. Y en esa línea, han cargado contra el fiscal de Madrid por defender su honorabilidad ante una primera información falsa. La pareja de Ayuso no había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, fue él quien lo solicitó y al detectar Hacienda delitos penales, ya era tarde. El Colegio de Abogados de Madrid, en sintonía con el gobierno de Ayuso, ha denunciado al fiscal. Todo por intentar desmentir la falsedad.
Es la misma dinámica seguida contra el fiscal de la Audiencia Nacional que no vio delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, contra el fiscal del Supremo que tampoco lo apreció y contra la teniente fiscal que lo descartó. Al PP solo le han servido como independientes la Junta de Fiscales que le dio la razón. Así con todas las instituciones.
Estamos pasando del debate y la confrontación ideológica a la descalificación permanente y la carnicería personal desde los grandes partidos. Normalizando las agresiones a las instituciones y a la prensa sin percibir el daño que supone para la convivencia. Lo hace el PP mientras carga contra la amnistía porque precisamente rompe esa convivencia. No es posicionamiento político, no son varas de medir, son estrategias del todo vale. Otro de los señalamientos que se hacen a Sánchez.