La confrontación entre los jueces conservadores del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ya es frontal e irreversible. La insubordinación de la judicatura conservadora es explícita a través de los ocho jueces del Consejo —los que incumplen la ley desde el 13 de septiembre— y el bloque de los siete magistrados del órgano de garantías. Con los plazos sobrepasados en 1477 días el CGPJ y en 96 días el Constitucional, lo que parecía inmovilismo ahora es trinchera y guerra abierta. En el pleno de este lunes, después de un fin de semana de llamadas y presiones, han tomado varias decisiones insólitas. Primero, se han asegurado una mayoría conservadora al llevarlo a Pleno y no a Sala, donde el balance habría sido progresista. Y otra votación más polémica si cabe, que el presidente Pedro Antonio Trevijano y el juez Antonio Narváez han votado en contra de su recusación. Han dado luz verde a decidir ellos mismos sobre el recurso del PP para impedir la reforma legal que obligaría a su renovación. Y la traca final, la paralización en el Senado de la reforma.

Con el mandato caducado, nombrados en su día por el PP, apoyándose en el voto de Trevijano, en una ajustada decisión de 6 a 5, frenan la votación de la reforma de la ley que los mandaría a casa. Según sus argumentos, por su “objetividad” no merecen ser apartados. Perder su trabajo, no les ha parecido un motivo de peso. Y lo han hecho incluso sin aceptar la personación del presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Felipe Sicilia. De todas decisiones, podrían haber salvado los muebles y guardado las formas en al menos una. Ni eso. Así que, el bloque conservador acepta las cautelares pedidas por el PP e impide que se aprueben las reformas legales que implican su salida, además de afectar a la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. 

El presidente del PP ha desvelado la estrategia subversiva sin ambages. Llegarán “hasta donde hagan falta”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo ante la Junta Directiva Nacional. Si han bloqueado la renovación del Poder Judicial desde el minuto cero del mandato de Sánchez, si utilizan y presionan al Constitucional, si preparan una embestida judicial contra el Gobierno a través de los tribunales, parece evidente que la línea dura no tiene límite. Es la estrategia recurrente, el brazo de los tribunales sustituyendo al político, en este caso, contra una coalición de Gobierno, un presidente y una mayoría parlamentaria salida de las urnas.

La decisión del Constitucional de tumbar el pleno del Senado, en contra del criterio de la Fiscalía y del letrado principal Juan Carlos Duque, sienta un peligroso precedente de injerencia del poder judicial en el legislativo, según numerosos letrados de Cortes de corte progresista y conservador. Si no lo hubiera hecho, también ganaba el PP, que hubiera recurrido la reforma. El desacato de la cúpula judicial conservadora a su propia renovación es total y se materializa con esta resolución sin precedentes. Ya no hacen falta negociadores de por medio, sin Félix Bolaños y Esteban González Pons, ni portavoces de grupos parlamentarios dando la cara por las reformas. Ahora legisla el Constitucional que decide que se tramiten unas enmiendas sí, otras no. Sus puestos no se tocan, la sedición y la malversación han tenido más suerte.

¿Habrá desobediencia? Desde el PSOE, es impensable. La lógica de los socialistas es acatar las resoluciones sin ambages. Meritxell Batet no incumpliría una resolución del Constitucional ni Ander Gil, presidente del Senado. Según fuentes de la dirección de Podemos, no van a instar al incumplimiento de la decisión del Constitucional, aunque rompa todos los consensos. Entienden que no hay lugar a pedir la insubordinación de una institución contra otra, ni van a entrar en ese “descalabro” a pesar de utilizar la fórmula retórica del ‘no debería de aceptarse’. Pero lanzan una pregunta de más calado ¿Qué hará Pedro Sánchez?

El presidente ha sido meridiano en este asunto. Lo dijo desde Bruselas durante la votación en el Congreso: “La derecha y la ultraderecha intentan atropellar la democracia”. Siendo la segunda institución del Estado, señaló una confrontación entre la derecha judicial y el Ejecutivo. Los jueces del Constitucional, en una votación en dos bloques —progresistas y conservadores— han evitado una votación del Senado, de manera preventiva, lanzando un mensaje durísimo a Sánchez y una desautorización inédita ¿Qué respuesta va a dar el presidente del Gobierno y la mayoría parlamentaria ante un cuestionamiento directo de los jueces conservadores? El Poder Judicial les señala directamente y solo puede quedar uno.

Si el Ejecutivo no consigue recuperar el mandato constitucional de la renovación de los órganos judiciales, la anomalía debilitará a Sánchez de manera irreversible de aquí a las generales. La degradación institucional prolongada durante cinco años tendrá efectos impredecibles. Y será la constatación de haber perdido una guerra sucia arbitrada por el PP —el bloqueo de los cuatro años del Poder Judicial no es otra cosa—. No renovarlo, no devolver su normalidad Constitucional, arrastrará las opciones de la coalición. Y con Sánchez, también su apuesta política por Catalunya y la reconstrucción de los puentes con ERC. La portavoz Pilar Alegría enseñaba en la rueda de prensa de Ferraz una fotografía de contenedores ardiendo en la Barcelona de 2017. ‘No estamos en el año del Procés’, decía. Lo temible es que el bloque judicial, la insubordinación de los jueces conservadores, sí congela la Justicia en ese pasado. Mantiene las mayorías conservadoras al margen de la representación parlamentaria que serán utilizadas a conveniencia. Si Sánchez no pasa ese puente, conseguirán volarlo.