A falta de uno, dos han sido los golpes que se ha llevado la justicia española esta semana. 

Por un lado, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que afirma que al que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no le han procesado con un juicio que tuviera todas las garantías, se le ha negado la posibilidad de recurrir ante una instancia superior y los hechos por los que se le condenó no parecen ser constitutivos de delitos -o al menos de delitos tan graves- como sí le parecieron a quienes le inhabilitaron y condenaron. 

Exigen a España que anule la condena, que desaparezcan los antecedentes penales, que le resarzan por los daños ocasionados. Pero como los dictámenes de Naciones Unidas no son vinculantes, el Supremo mira para otro lado y se ha encargado de filtrar a la prensa una sentencia, de algo más de un año, donde precisamente aborda la diferencia entre las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que sí son vinculantes para España) y los dictámenes de Naciones Unidas, que aunque escuezan, no son de obligado cumplimiento. 

Ha dado un plazo Naciones Unidas de seis meses para que España reaccione ante sus afirmaciones. Veremos qué ocurre cuando muy probablemente aquí nadie haga nada. Una más, como en tantas ocasiones en las que esto que subraya la ONU ya se ha afirmado, por ejemplo por el TEDH, como ocurrió no hace mucho con Arnaldo Otegi. 

En este caso, el dictamen ha ocupado titulares de prensa y ha supuesto su contenido un tsunami en no pocas instancias. Garzón, respetado y odiado casi a partes iguales, parece que estaría planteándose retomar su lugar en la judicatura, aunque muy probablemente la batalla tenga aún capítulos por conocer. 

Inmediatamente después, la justicia escocesa da otro portazo, esta vez definitivo, a los tribunales españoles. Concretamente al juez Llarena, artífice de las euroórdenes que seguramente se arrepienta de haber activado y desactivado en distintas ocasiones. 

Por si no fuera suficiente el ridículo que ya ha hecho hasta ahora con los golpes que ha sufrido, siguen llegando más. 

Golpe a golpe desde el plano internacional cada vez es más evidente que España no puede seguir dándose golpes de pecho ni llenándose la boca al decir que es una democracia plena

Era evidente que Clara Ponsatí reside en Bruselas, Bélgica. Pero al juez Llarena no se le ocurrió retirar la petición de entrega a Escocia y replantearla ante la justicia belga. Por alguna razón prefirió dejar las cosas como estaban, aún siendo evidente que tendrían el resultado que han tenido: o sea, el archivo del asunto porque Escocia ya no tiene nada que decir aquí. 

Es cierto, podía haberlo dicho antes, pero desde que en un primer momento hubiera defectos de forma, para después encontrarse ante el aforamiento de la eurodiputada, el proceso del Brexit, y demás cambios de situación, todo apuntaba a que la justicia escocesa estaba intentando dar un margen a la española para que se retirase de semejante absurda batalla. 

Golpe a golpe desde el plano internacional cada vez es más evidente que España no puede seguir dándose golpes de pecho ni llenándose la boca al decir que es una democracia plena, que su estado de derecho es ejemplar y cosas por el estilo. Son ya varios los toques de atención que le están dando y parece no querer -o no poder- reaccionar. 

Informes como el GRECO han señalado en más de una ocasión a la necesidad de abordar cuestiones importantes para que la administración de justicia española se equipare a la europea. Ya han llegado a las amenazas, porque aunque se han ido haciendo algunas pequeñas modificaciones, no han sido lo suficientemente relevantes como para hacer los cambios urgentes y necesarios. Por eso, las ayudas económicas que nos inyectan desde Europa están condicionadas a que la justicia española sea independiente, entre otras cuestiones. 

Un hecho al que se refiere Naciones Unidas con el caso de Garzón, al que que se ha referido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones (por primera vez para España también fue por Garzón, pero en aquella ocasión cuando era juez y no puso interés en las denuncias de torturas que le presentaron en el marco de las olimpiadas del 92), y al que muy probablemente se refiera el Tribunal General de la UE próximamente. 

Es muy grave lo que se señala en el dictamen de Naciones Unidas. Como lo es también el escandaloso ridículo de las euroórdenes contra los independentistas catalanes en el exilio. Como lo han sido las sentencias del TEDH. Pero aún más grave me parece que aquí no pase nada, que la imagen de España trate maquillarse con otras cuestiones, sin asumir responsabilidades de ningún tipo. 

Parece no haber nadie al volante que mire por los intereses de la ciudadanía, por nuestros derechos, por las garantías que deberían protegernos. Estamos solos

Como no se han asumido ni tomado medidas ante la denuncia pública que también hemos conocido esta semana sobre los jueces que preparan oposiciones y llegan a cobrar en algunos casos hasta 4.000 euros al mes por ellas, sin declarar estos ingresos, sin tributar por ellos, defraudando a las arcas públicas. 

Lo leemos, nos tiramos de los pelos, pero nadie hace nada. No hemos conocido por el momento que el CGPJ vaya a abrir una investigación ante la información que ha publicado El Diario.es, no hemos escuchado a Lesmes decir nada al respecto, ni emitir un comunicado. Nada. 

Tengo la sensación de que todo se precipita: de que el castillo de naipes se desmorona, y de que a España le van a caer todas juntas más pronto que tarde. Un país donde parece que los derechos, la justicia, la igualdad ante la ley, la imparcialidad de quienes han de administrar las normas y su cumplimiento brillan por su ausencia y que saca pecho con cualquier otra cuestión para cubrir con un tupido velo tanta miseria y desvergüenza. Una situación que no da más de sí. 

Un sálvense quien pueda que queda patente con la gestión de la pandemia, con los beneficios de las farmacéuticas que se están llenando los bolsillos sin que los poderes públicos les paren los pies, como a las grandes empresas eléctricas que están abusando de toda la población que necesita de la luz para poder vivir, para poder trabajar, para poder tener sustento.

Parece no haber nadie al volante que mire por los intereses de la ciudadanía, por nuestros derechos, por las garantías que deberían protegernos. Estamos solos. Y mucho me temo que el clima internacional centrado en cuestiones urgentes, sabe perfectamente lo que ocurre aquí pero a nadie le interesa ponerle el cascabel al gato.