En la tarde del lunes, el fotoperiodista Jordi Borràs fue agredido en la calle, al grito de “Viva España y Viva Franco”. Recibió golpes que terminaron con su nariz rota. El agresor se identificó mostrando una placa del Cuerpo Nacional de Policía. Salió corriendo, y en el forcejeo con los vecinos que intentaron detenerle, perdió una navaja.

¿Qué está sucediendo para que, quienes han de velar por nuestra convivencia en paz, nuestra seguridad, sean unos de los principales generadores de inseguridad, violencia y ruptura de la convivencia?

Estamos viendo últimamente una serie de noticias que hacen cuestionarnos seriamente cuál es el perfil de algunos de los agentes que conforman los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Noticias como la del Guardia Civil que formó parte de la agresión sexual realizada por La Manada, o los hechos nada claros de la noche en Alsasua, donde se demostró mediante un vídeo que la narrativa de la denuncia del agente de la Guardia Civil podría ser falsa –con la consiguiente condena de quien grabó el vídeo- nos hacen plantearnos seriamente en qué términos podemos hablar de un estado democrático y de derecho.

Es frecuente que estas noticias no llenen portadas en los diarios. Pero están, de manera continua, presentes en la prensa. Y nos consta que algunos casos peores nunca salen a la luz, nunca se conocen y jamás se condenan.

Habría que preguntarse qué formación reciben en las academias cuando ingresan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y en este sentido, habría que estudiar quiénes son los encargados de formarles.

Es inaceptable que personas que pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que deben velar por la convivencia, la vida pacífica y la no violencia entre la ciudadanía sean en estos casos quienes, precisamente, hagan aquello que deben perseguir y combatir. Lo curioso es la reacción de los cuerpos ante sus comportamientos, lejos de sancionarles, en algunos casos, les ponen medallas.

Se hace la vista gorda en casos como éste y se persigue intermente a otros agentes que están denunciando lo que sucede dentro del cuerpo. Ha sido el caso del agente Esteban Navarro, expedientado por dedicarse, además de a su trabajo como policía, a escribir novela policíaca. A pesar de haber recibido premios por ello, desde la Policía Nacional se le expedientó.

Esteban es un agente comprometido que denuncia sin pudor lo que sucede:

Y recibe amenazas de sus propios “compañeros”: 

El agente de Madrid que denunció los comentarios de odio y amenazantes escritos en un chat de policías, denunció amenazas de sus propios compañeros y tuvo que pedir la baja y solicitar escolta.

Otro caso espectacular es el de Sonia Vivas, quien ha denunciado a sus compañeros que le insultaban y acosaban en el trabajo por ser lesbiana. Incluso interpusieron contra ella una denuncia por supuestos malos tratos a un detenido, que afortunadamente para Sonia se produjo cuando ella estaba de baja y pudo así demostrarse la mentira que sus compañeros habían montado contra ella.

Los agentes acaban de ser condenados a penas de prisión pero Sonia está viviendo una auténtica pesadilla, una persecución continua, pero Sonia continúa recibiendo amenazas de muerte y denuncias falsas. 

Se producen casos continuamente, que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. 

Tanto Jordi Borrás, como Sonia Vivas, como Esteban Navarro tienen muchas cosas en común: su trabajo con rigor, valentía y sus declaraciones críticas contra la represión empleada, por ejemplo, contra los soberanistas. No es casualidad, por tanto, que el comportamiento de algunos agentes pueda vincularse con cuestiones políticas e ideológicas, como denunció Enrique Bayo. Y es que, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están actuando, según organizaciones internacionales, con un excesivo uso de la fuerza. El problema es su casi siempre impunidad.

Ante semejantes barbaridades, no está de más recordar lo que dice nuestra, tan loada, Constitución Española en su artículo 104: "Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana."

En la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, se establece entre otras cuestiones que:

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.

4. Dedicación profesional.

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.

Cuando en un Estado democrático y de derecho la administración de la fuerza, que le corresponde de manera legítima al Estado a través de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, se ejerce de manera arbitraria y sin las consecuentes sanciones contundentes, pasamos a una situación de inseguridad absoluta. ¿Quién vigila a quien nos vigila? ¿Cómo podemos protegernos de quienes se supone han de protegernos?

Efectivamente, no es justo generalizar. Pero también lo es que no se ve que los propios cuerpos denuncien con contundencia estos hechos. Es más: lo grave fundamentalmente es la impunidad que suelen tener los que traspasan las líneas y el acoso y amenazas de quienes lo señalan.

Además, tiene especial relevancia la vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, que dota de mayor veracidad a las versiones policiales frente a la de los ciudadanos. Y si a esto le sumamos la especial manera de contar las cosas que algunos agentes tienen, el problema adquiere dimensiones gigantes.