El 28 de abril el diario El Mundo publicaba esta crónica: “Los 9 maestros catalanes de la infamia”. La pieza está firmada por Javier Negre. Y en ella, acompañada de las fotos de los docentes, se reproduce una versión de los supuestos hechos. Una nada más. La de las familias de los alumnos que, presuntamente, fueron señalados, acosados, y recibieron comentarios en tono despectivo y humillante por parte de algunos de sus profesores con posterioridad al 1 de octubre. 

Habla Negre sobre la acusación que ha abierto el fiscal para delitos de odio de Barcelona, a petición de los padres afectados: un delito de lesiones de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad, y a cinco de ellos, además, injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Relata los supuestos hechos que tuvieron lugar en las aulas durante la jornada del 2 de octubre. En algún caso, ínfimo, da alguna pincelada de la versión de alguna maestra, negando rotundamente la versión relatada por las familias de guardias civiles. 

No voy a entrar a opinar sobre la pieza del señor Negre. Ayer mismo quedó retratado en Espejo Público cuando entrevistaban al señor Josep Lluís Alcázar, representante sindical del profesorado. Hizo muestra de su absoluta incompetencia como informador, mientras se rotulaba en pantalla “adoctrinamiento en las aulas”: confundía un Comité de Defensa de la República con un Comité de Defensa de la Revolución de Túnez. 

Solamente diré que publicar una pieza sin contrastar la información, sin tratar de aportar las dos versiones sobre un asunto es lamentable y, desde luego, no puede considerarse un buen profesional. Más bien, al contrario: publicar las imágenes de personas sobre las que rige el principio de la presunción de inocencia, sobre las que aún no se ha presentado una sola prueba de su culpabilidad, atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. 

Exactamente igual que hizo el señor Albert Rivera en este tuit donde vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad de estas personas, además de generar odio. Precisamente por esta razón ha sido ya denunciado ante la justicia. 

Ni Negre ni Rivera cuentan algunas cuestiones que me parecen relevantes y que son hechos, no versiones. 

Es un hecho que el Consejo Escolar del Instituto Palau se reunió y redactó este escrito, aprobado por unanimidad por todos los representantes de los docentes así como de las familias de los alumnos del centro, donde, además, hay representación del Ayuntamiento de Sant Andreu, y curiosamente, la regidora responsable de este área es de la formación de Ciudadanos. El documento, reitero, se aprobó por unanimidad, y en él puede leerse que la trayectoria de los docentes es intachable, que nunca se ha producido ningún tipo de problema en el centro de este tipo, y que rechazan unánimemente el hecho de que se hayan filtrado los nombres de los maestros y maestras del centro a la prensa para ser atacados públicamente. Además, se acuerda un compromiso: la resolución de los posibles conflictos mediante el diálogo y el respeto.

Por su parte, el Síndic de Greugues, en su comunicado publicado el día de ayer, informa de que el Servicio de Inspección de Educación ha visitado el centro en varias ocasiones y en ningún caso se ha formalizado ningún procedimiento ordinario de queja en el centro o en la Inspección, a pesar de haber invitado a los padres de los niños presuntamente agredidos a hacerlo. 

Comparto punto por punto lo que indica el señor Ribó: Presunción de inocencia para Gemma, Jordi, Ruth, Helena, David, Ana Belén, Lucía, Gemma, Carina, tramitación por la vía administrativa competente, y con las pruebas oportunas (la vía penal es desorbitada e inadecuada), y me sumo al llamamiento al Departament d'Ensenyament, que debería adoptar medidas inmediatas para proteger a estos docentes y garantizar y evitar vulneraciones de su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Que todas las instituciones y sus representantes se abstengan de hacer un uso partidista de estos hechos; que se circunscriba el tratamiento al marco educativo y que se garanticen los derechos de toda la comunidad educativa; y que las autoridades competentes en materia de protección de datos analicen si se ha cometido alguna actuación contraria a la normativa vigente. 

Recomiendo la lectura de las cartas escritas por los familiares de los docentes, así como de quienes fueron alumnos del centro, incluso las declaraciones que ha realizado el propio hijo de un guardia civil en medios de comunicación y el alcalde del pueblo, del PSC. 

Aquí tienen un tuit suyo siendo muy claro con lo que acontece: 

Por cierto: se ha denunciado también que existe un informe realizado por la Inspección de Educación donde se constata la exculpación de los docentes y que, precisamente por encontrarse bajo el cumplimiento del artículo 155, ha de ser la administración creada ad hoc, la que debe facilitarlo. 

Es de justicia defender la presunción de inocencia, la profesionalidad y rigor de los medios de comunicación, de los políticos y de las instituciones. Y por encima de todo, la honestidad y la verdad.