En Colombia se está produciendo un verdadero atropello a los derechos fundamentales de la población. El Gobierno está respondiendo con una contundencia desproporcionada para reprimir las manifestaciones legítimas de un pueblo que, pacíficamente, comenzó a salir a la calle el 28 de abril. 

Desde entonces, 37 personas han sido asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad y, diez veces más, 370 están en paradero desconocido. 

Los manifestantes, principalmente los jóvenes, muestran carteles y hacen llamamientos a través de las redes sociales. “Nos están matando”, denuncian. Y nos piden ayuda. 

En la tarde del viernes, la mañana para Colombia, entrevisté al sacerdote Edilson Huérfano con quien pude conversar sobre lo que están viviendo. 

Entre toda la información que Huérfano me dio, sobre todo me subrayó que el temor que siente, él que está señalado y amenazado, es a desaparecer. Porque, según me explicaba, si sale a la calle y recibe un disparo mortal, su familia sufrirá pero tendrán la certeza de saber que está muerto. Pero sin embargo, si “le desaparecen”, el sufrimiento de sus seres queridos sería mucho mayor ante la esperanza de que aparezca. Ese era el planteamiento que me hacía el sacerdote cuando le pregunté si tenía miedo al haber recibido la noticia que le llegaba desde el interior de una prisión. 

El audio lo enviaba un preso, el responsable de patio, como allí lo llaman, que tenía información de que “irían a por” Huérfano, que tuviera cuidado. 

Y es que este sacerdote me habló con claridad y contundencia, denunciando la situación que vive Colombia a causa de la corrupción desbordada. Me explicó que la gente no puede soportar más lo que sucede. El pasado 28 de abril la multitud tomó las calles de las ciudades principales de Colombia como protesta pacífica ante el anuncio de medidas que el Gobierno comenzaría a tomar en materia tributaria. Entre otras, aumentar la presión impositiva a las familias, que están en estos momentos sufriendo el efecto devastador de la pandemia. 

Una gota que colma un vaso en el que el Gobierno del presidente Iván Duque ha decidido reprimir las protestas con una violencia inadmisible desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Existen imágenes en las que puede verse claramente la brutalidad policial, los asesinatos a manifestantes absolutamente pacíficos. Por esta razón, desde organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha promovido una petición al Parlamento Europeo con el objetivo de suspender la exportación militar a Colombia y sancionar al presidente colombiano, Iván Duque. 

Y es que, precisamente, Edilson me explicaba que el año pasado, en plena crisis por la pandemia, el Gobierno de Iván Duque decidió gastarse una fortuna para comprar aviones militares y armamento. Uno de los motivos de indignación popular. 

De todo lo que está sucediendo en Colombia prácticamente no nos están contando nada aquí. Porque, por un lado, bastante follón hay: en Cataluña, en Madrid, en el PSOE, en la izquierda en general, en Podemos… Hay titulares de manera continua a cada cual más escandaloso. Pero también parece que desde aquí miran, como suele decirse, “los toros desde la barrera”. Lo que significa que están viendo cómo reacciona la población ante unas medidas de recortes de derechos, de garantías, de otra vuelta de tuerca más para estrangular lo colectivo. 

Más bien da la sensación de que aquí están callados para no legitimar las protestas sociales porque muy posiblemente haya medidas que aquí se está pensando tomar

En Colombia la gente ha salido a la calle para defender los derechos a los servicios sociales, a la sanidad pública, a que se haga frente a la corrupción que está destrozando al país. 

El Gobierno, no se sabe bien por qué, decide reaccionar de manera absolutamente autoritaria, oscura, recordándonos a todos a tiempos pasados en latitudes como Chile. Las desapariciones de personas, especialmente de jóvenes, de perfiles reivindicativos, pacíficos y en muchos casos con cierta relevancia en sus entornos por su compromiso social, o su activismo, nos recuerdan a los tiempos no tan lejanos en los que ya sabemos cómo terminaba esto. 

Me decía el sacerdote que hay temor a una guerra civil en Colombia. Porque está habiendo perfiles que acuden a generar altercados, personas encapuchadas, grupos reducidos que no tienen nada que ver con el funcionamiento generalizado de las protestas. Y que son ellos los que principalmente inician los conatos de violencia que son respondidos con una contundencia atroz por parte de las fuerzas de seguridad. Y que en este momento se producen auténticas aberraciones contra manifestantes que han sido pacíficos en todo momento. Y que el ambiente se va alterando entre los estratos sociales y que las gentes con dinero, o con poder, están empezando a organizarse incluso de manera armada. 

Como decía, es sorprendente que en España no se informe sobre lo que ocurre. No se muestre solidaridad con el pueblo colombiano, sobre todo teniendo un “gobierno de izquierdas” como el que tenemos. Más bien da la sensación de que aquí están callados para no legitimar las protestas sociales porque muy posiblemente haya medidas que aquí se está pensando tomar, como ya estamos viendo con las ideas en la reforma tributaria; o como la brillante idea de pagar por usar carreteras públicas, o la falta de contundencia para rescatar a la población en lugar de hundirla, vaya. 

Pareciera que lo de Colombia incomoda a otros gobernantes, que no condenan con contundencia el comportamiento autoritario y bestial del presidente Duque, porque puede que esto que ahora parece pillarnos lejos lo tengamos más cerca de lo que pensamos. Y cuando nos toque a nosotros, con razón desde Colombia nos mirarán con lástima, porque cuando ellos nos necesitaban les dejamos solos.