Ya en la antigua Grecia existía una palabra, parrhesia para referirse al hecho de “expresarse con libertad”. Era fundamental para los atenienses: desde el ágora hasta los tribunales. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En este sentido, también se redactó el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque admite que los Estados puedan someter a las empresas de radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. 

Nuestra Constitución ampara el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, estableciendo que:

  1. Se reconocen y protegen los derechos:

    a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

    b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

    c) A la libertad de cátedra.

    d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

  2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
  4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
  5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

La libertad de expresión tiene límites, puesto que expresar lo que uno piensa no puede vulnerar los derechos de los demás. Como señalaba Jonh Sturart Mill, se trata, en definitiva, de no dañar a otros. Y en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico establece los límites a la libertad de expresión en el honor, la intimidad y la propia imagen de los demás. 

Ayer hizo público su informe anual Amnistía Internacional, y en él evalúa la situación de los derechos humanos en 159 países durante el pasado 2017. En su análisis, denuncia los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y apunta que este derecho ha sido restringido de manera “desproporcionada”. Subrayan que las restricciones (tanto en materia de libertad de expresión como de reunión pacífica) se han producido especialmente debido a la situación política en Catalunya. Y considera, en este sentido, que el uso de la fuerza contra los manifestantes el 1 de octubre fue excesivo por parte de las fuerzas de seguridad. Añade que la prisión preventiva decretada contra los Jordis está siendo excesiva y desproporcionada. 

Entiendo los límites de la libertad de expresión, claro está. Lo que no tengo tan claro es que pueda apelar al honor alguien que, de manera evidente, no lo tiene

Respecto a la libertad de expresión en Internet, el informe de Amnistía Internacional es claro: “Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizaras letras de canciones y bromas bajo categorías vagas; siendo llamativa la cantidad de condenas durante los últimos años: durante el año 2011, cuando ETA aún mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo mientras que, desde 2011 hasta 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias”. 

Denuncian, además, que con la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha sancionado a profesionales como Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, con multas de 601 euros por traspasar una línea policial que no estaba señalizada, cuando estaba cubriendo la actualidad sobre el caso Pujol en la Audiencia Nacional. 

Este informe llega en una semana interesante en lo que a libertad de expresión se refiere. Justo un día después de que Ifema censurase una obra en Arco. El artista Santiago Sierra colgó el martes su obra Presos políticos en la España contemporánea, una pieza que consiste en un panel de 24 fotografías, entre las que se encuentran los rostros —pixelados— de los activistas sociales y políticos catalanes que están en prisión provisional desde hace más de cien días. La dirección de Ifema (lugar donde se celebra la feria de arte) —Clemente González Soler, presidente del Comité Ejecutivo— pidió a la galería Helga de Alvear que “dejase de exhibir” las fotografías para “evitar polémicas”. Y por si esto fuera poco sorprendente, la Feria de arte hizo caso a esta solicitud, y retiró la pieza. 

Ha sido tal el revuelo que se ha formado, tantas las críticas recibidas por tal decisión, que en la jornada de ayer, jueves, desde la dirección de Ifema se emitió un comunicado pidiendo disculpas. Han quedado en evidencia las formaciones políticas como el PSOE y el Partido Popular, puesto que si bien es cierto que en el último momento se han subido al carro de defender la libertad de expresión, en el primer momento voces como la de Margarita Robles (portavoz en el Congreso del Grupo Socialista) o el propio Partido Popular de la Comunidad de Madrid, celebraron la retirada de la obra. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha declinado acudir a la presentación de la feria como muestra de rechazo de aquella decisión. 

El ridículo ha sido tremendo, además de dejar en evidencia la efectiva censura que se practica en nuestro país, donde según parece, está prohibido decir lo que pensamos, y sobre todo, si decimos que consideramos que hay presos políticos que se encuentran en prisión por defender sus ideas de manera pacífica y democrática. 

El ridículo ha sido tremendo, además de dejar en evidencia la efectiva censura que se practica en nuestro país donde, según parece, está prohibido decir lo que pensamos

Pero no piense el lector que ha sido la única aberración que hemos vivido. Se suceden uno detrás de otro casos como el de César Strawberry (condenado por escribir tuits que a la Fiscalía no le hicieron gracia), como los de Cassandra, los de Boro o el rap de Valtonyc. Estamos hablando de inhabilitaciones, multas y penas de prisión. Simple y llanamente por hacer uso de la libertad de expresión, que si bien puede en algunos casos traspasar los límites del decoro, de lo “moralmente aceptable”, en ningún supuesto debería suponer condenas de esta índole y, en ningún caso, plantear prisión para nadie. Pero en España, está pasando. 

De la censura que aplica Twitter España podremos hablar largo y tendido: pues se están dedicando a eliminar seguidores de cuentas de opinión republicana y sustituirlos por cuentas robotizadas —tras las que no hay personas realmente—. Twitter lo niega a través de El País (ese medio que tuvo que comparecer ante una comisión del Parlamento de Reino Unido por publicar información en la que acusaba a Rusia de interferir en la política española, y tuvo que reconocer que no tenía una sola prueba para haberlo publicado), también durante esta semana. Pero no atiende a las quejas recibidas por decenas de usuarios que estamos comprobando que nuestros mensajes son obstaculizados sin saber por qué. 

Hay, además, otras expresiones de censura: también ha sucedido esta misma semana, sí. Hemos estado entretenidos. Y es que una magistrada ha prohibido la impresión y comercialización del libro Fariña, la obra de Nacho Carretero en la que el periodista narra con todo tipo de detalles la historia del narcotráfico gallego. La juez Alejandra Pontana ha tomado esta decisión a petición del alcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, que fue quien demandó al autor y a su editorial por vulnerar “presuntamente” su derecho al honor. El secuestro del libro y la prohibición de la venta de ejemplares ha sido determinada como medida cautelar hasta que la sentencia sea dictada. Mientras tanto, el libro ha sido éxito de ventas on-line. Y ahora, más que nunca, todos conocemos lo que han dicho documentos judiciales sobre la relación del alcalde con los narcos. Seguro que a partir de hoy entiende mejor este señor de qué va el “efecto Streisand”. 

Aquí en España parece que todos están de acuerdo en lo que sucede actualmente, cuando, en realidad, esto es un gran teatro y una gran mentira

Entiendo los límites de la libertad de expresión, claro está. Lo que no tengo tan claro es que pueda apelar al honor alguien que, de manera evidente, no lo tiene. Y los jueces parecen no tener esto del todo claro. Desde mi propia experiencia observo como la censura se va implantando en la profesión del “periodismo”. Y no porque vengan “órdenes desde arriba”, que seguramente también; sino porque sucede algo mucho peor y más preocupante: “la autocensura previa” que se aplican de manera automática la mayoría de los “periodistas” de nuestro país. 

Y es que, como señala el analista Germán Gorráiz, “la deriva totalitaria del Estado español estará amparada por la espiral del silencio de los medios de comunicación de masas del establishment”. Recuerda así Gorráiz la teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman en su libro La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Dicha teoría simboliza “la fórmula de solapamiento cognitiva que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”. O sea: que aquí en España parece que todos están de acuerdo en lo que sucede actualmente, cuando, en realidad, esto es un gran teatro y una gran mentira. Basta con no llamarnos para realizar nuestro trabajo como analistas que no seguimos la “doctrina” del establishment. De esta manera se generan muchos efectos: el primero, dar a entender al espectador que la opinión es más o menos uniforme, y que si no está alineado con ella, el que tiene algo “raro” en su cabeza, es él; en segundo lugar, se nos penaliza a los que no seguimos la línea dominante, y se nos deja sin trabajar; y de manera preventiva, a todos los demás: si queréis trabajar, ya sabéis lo que tenéis que decir. 

Es así como el periodismo en España está en coma profundo: no se sabe bien si ha muerto asesinado o por suicidio. Pues si bien es cierto que los poderes fácticos ejercen su poder, también es cierta la cobardía de los periodistas para callar ante el silencio que nos aplican a muchos. 

A esos que callan les recuerdo a Martin Niemöller: “Primero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo no hablé porque no era filoterrorista. Después, vinieron por los separatistas y yo no hablé porque no era separatista. Después, vinieron por los indignados y antisistema y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los demás socialistas y ya para ese momento no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.