El sistema de votación electrónica parece quedarnos muy lejos, a pesar de estar en pleno siglo XXI, y a pesar de haber asumido ya en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida la llegada de las nuevas tecnologías. Que, por cierto, ya no son tan nuevas, pues hace ya algunas décadas que llegaron para quedarse.
Posponer las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero (y ahora se supone que para el 30 de mayo), responde a criterios de índole sanitaria. La tercera ola —que para nosotros en realidad es la cuarta porque tuvimos la extra de verano— es la razón oficial por la que no se ve seguro mantener la fecha prevista.
Ayer, precisamente, el presidente de la patronal Cecoc, Antoni Abad, pedía a los grupos parlamentarios que se pusieran las pilas con la implementación de una ley electoral a la altura del contexto social del siglo XXI. Y en este sentido, emitía un comunicado público haciendo referencia al uso del voto electrónico.
El voto electrónico se abre camino por pura necesidad en nuestros días. Es evidente que, a día de hoy, intentar frenar lo que resulta evidente pospone una medida necesaria y fácticamente posible. Votar haciendo uso de la tecnología nos permite tener un sistema más eficaz, más barato, más ágil y en definitiva, más seguro. Todo esto, claro está, si se hace bien, que se puede, dicho sea de paso.
Desde que Holanda aprobase la primera ley para poner en marcha un sistema electrónico del voto se ha avanzado mucho. Hoy la pregunta que hay sobre la mesa es si se puede desarrollar un sistema de voto online, a través de internet.
Hay lugares donde ya se utiliza, sobre todo en los comicios municipales. Estonia fue el primer país donde se implementó la votación a través de internet, llegando a tener una participación por esta vía del 44% en los comicios del 2019.
En otros países, como en Francia, se permite votar de esta manera para los ciudadanos franceses residentes en el extranjero, aunque ha tenido sus luces y sus sombras, pues por ejemplo en 2017 se suspendió el sistema por los riesgos de injerencia que había y los fallos técnicos que tuvieron.
Precisamente por estos miedos, en Alemania, en Finlandia, en Irlanda o en Noruega no son muy partidarios de usar el método online para ejercer el derecho del voto. Es comprensible: si no se puede garantizar un sistema que realmente sea seguro, la puerta quedaría abierta a la posible injerencia externa en nada más y nada menos que un proceso electoral. Por este motivo está bien visto usarlo en el ámbito local, e incluso regional en algunos lugares, pero a nivel nacional genera de momento rechazo en la mayoría de los países.
En Suiza, sin ir más lejos, están debatiendo sobre ello. Hay cantones donde se usa con éxito, aunque ha habido algunos donde los fallos y el coste han hecho que se prefiera esperar. Ginebra, por ejemplo, confía en la empresa catalana Scytel para llevar a cabo el proceso junto con la empresa suiza de correos.
Precisamente ahora, cuando la pandemia nos ha encerrado en casa y las elecciones catalanas se han pospuesto, surge la necesidad de plantear métodos que permitan ejercer el derecho al voto pase lo que pase, con todas las garantía
Catalunya aprobó el uso del voto electrónico en el año 1995 para las elecciones al Parlamento catalán. Entiéndase que el voto electrónico consiste en usar máquinas, tarjetas con banda magnética o cualquier soporte similar que permita automatizar el conteo de los votos y ahorrar procedimientos burocráticos.
Posteriormente, en el año 2003, se puso en marcha una prueba piloto de voto electrónico remoto para los residentes en Argentina, Bélgica, Estados Unidos, México y Chile. También se probó en cinco municipios.
Más tarde, en el año 2010, el Ayuntamiento de Barcelona hizo una consulta ciudadana a través del voto por internet, pero hubo muchos fallos técnicos que hicieron que la experiencia, innovadora, no tuviera el éxito esperado. Pero fue un primer paso que abrió camino para seguir mejorando.
Durante el referéndum del 1 de octubre del 2017 se puso en marcha el censo electrónico que hacía posible que una persona pudiera votar en cualquier colegio electoral, sin ser posible que su voto fuera contado dos veces.
Fue en el año 2018 cuando el Govern aprobó un anteproyecto de ley para poner en marcha el voto electrónico por internet para aquellas personas que residen en el extranjero y no pueden votar personalmente. Sobre todo, teniendo en cuenta lo sucedido en las elecciones del 21 de diciembre del 2017, cuando solamente pudieron votar el 17% de los electores del censo de ciudadanos en el exterior. El sistema del voto rogado implantado durante la legislatura primera de Zapatero genera unas trabas a los ciudadanos en el exterior con las que el Govern quiere terminar. Dicho sea de paso que Catalunya no tiene una ley electoral propia, sino que se rige por la LOREG y esto supone también complicaciones a la hora de querer poner en marcha cualquier método "alternativo". Las votaciones que se realicen en el Parlament deben tener una mayoría absoluta para poder llevar a cabo cuestiones relacionadas con el asunto y eso ha demostrado no ser sencillo. No solamente por parte del PP, CS y PSOE, que presentaron enmiendas en su día, sino entre los propios miembros del Govern.
Como iba diciendo, en 2018 se quiso poner en marcha un sistema que permitiera votar de manera más eficaz a los ciudadanos en el exterior. La implantación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy congeló esta iniciativa y, después, pasaría de ser un asunto en manos de JxCat a ERC, quedando el tema en el aire. El planteamiento de cada una de las formaciones que están en el Govern ahora mismo es muy diferente: Puigneró (JxCat) ha apostado por implementar el uso de las nuevas tecnologías mientras que ERC ha sido mucho más distante. JxCat, tal y como recordaba ayer Gemma Geis, tuvo que retirar una enmienda a favor del voto electrónico "porque no generaba consenso en el seno del Govern ni tampoco en el Parlament".
Pero precisamente este tema ha de abordarse desde el propio seno parlamentario, donde el reglamento que rige la cámara todavía no se ha actualizado para abordar el voto telemático de los diputados a la realidad en la que vivimos. ¡Qué distinta habría sido la historia reciente si lo telemático hubiera permitido trasladar los resultados de unas urnas, sobre todo en la investidura del president Puigdemont!
Actualizarse, usar las herramientas de las que disponemos no puede ser considerado por nadie como algo a lo que temer. Facilitar la información a través de internet ha abierto los ojos al mundo. Poder conocer las noticias desde nuestros teléfonos móviles ha permitido que millones de personas conozcan una realidad que, hasta ahora, les era desconocida. Nadie puede dudar de la utilidad que tienen las nuevas vías abiertas: aunque evidentemente, quienes se opongan a su uso probablemente sea porque vean tambalear un pilar fundamental de su poder, que es, básicamente, controlarlo todo.
Modernizar la administración no es una tarea sencilla, pues muchos perderán el poder que llevan tiempo atesorando. Romper con determinados procesos arcaicos, opacos y poco prácticos es vital. Precisamente ahora, cuando la pandemia nos ha encerrado en casa y las elecciones catalanas se han pospuesto, surge la necesidad de plantear métodos que permitan ejercer el derecho al voto pase lo que pase, con todas las garantías. Sin alterar los tiempos, sin que pueda haber la más mínima sospecha de que alguien pudiera tener algún interés que no sea la salud de la ciudadanía.
Actualizar los sistemas para que los votantes confíen de nuevo en los procesos electorales, donde votar sea un ejercicio fácil y accesible, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad
Pero para poder avanzar es fundamental abordar el problema al que todos los contrarios a este método señalan: la seguridad de internet.
Esa es la gran cuestión: ¿existen garantías para asegurar que unos comicios donde se pueda votar online sean fiables? Los expertos señalan al blockchain como elemento clave para garantizar procesos fiables. Cualquier tipo de transmisión de datos seguro funciona basándose en este sistema, como sucede con las transacciones financieras.
Hay proyectos, como Civitana en España, que garantizan un sistema de votación seguro. En Estados Unidos, donde se han producido denuncias por supuesto fraude electoral, el debate se ha puesto también sobre la mesa. Horizon State plantea la pregunta de cómo sería la democracia si se hubiera diseñado con la tecnología actual. Este proyecto plantea el uso de urnas digitales seguras, que, según señalan, ofrecen la emisión de votos como "tokens de decisión", que se supone que no dan lugar a la manipulación.
La seguridad es fundamental, y garantizarla supone confianza en el sistema. Algo que, dicho sea, cada vez está más a la baja en la mayoría de las democracias actuales. Por eso, actualizar los sistemas para que los votantes confíen de nuevo en los procesos electorales, donde votar sea un ejercicio fácil y accesible, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad. La pandemia posibilita ahora la creación de sistemas que nos permitan participar sin salir de casa, algo que, sin lugar a dudas, conllevará una mayor presencia de votantes, algo que también interesa a cualquier sistema que quiera ser realmente representativo.
En el 2018 el Partido Demócrata Tailandés celebró unas elecciones primarias utilizando Zcoin, lo que supuso la primera elección política a gran escala realizada con tecnología blockchain.
¿Evita este sistema los ataques o los intentos de injerencia en un proceso electoral? No. Si alguien quiere intentarlo, buscará la manera de hacerlo. Sin embargo, según señalan los expertos, los ataques que se produzcan a este sistema de voto blockchain serán más fácilmente identificables, se podrá seguir el rastro y, por lo tanto, son también más transparentes. Algo que, ahora mismo, no podemos decir del sistema tradicional que tenemos, por mucho que se diga que es fiable, me temo que no conocemos todas las irregularidades que se dan y lo que de facto supone para nuestra democracia. Basta con echar un vistazo a las denuncias que se han hecho sobre la empresa principal que gestiona nuestros procesos electorales durante décadas y se podrá hacer una idea de que el proceso perfecto, lo que se dice perfecto, no es. Ni mucho menos. Y por eso habría que actualizarlo y ponerlo al servicio de las necesidades que tenemos como sociedad.
Si se pusieran en marcha proyectos participativos que asegurasen que podemos votar sin salir de casa y con todas (o casi todas) las garantías, estoy segura de que sería más fácil preguntarnos de manera frecuente. Y esto agilizaría mucho la democracia, nos sentiríamos, como ciudadanía, más escuchados de lo que en realidad estamos, y podríamos diseñar una sociedad que legislara en base al interés real de la gente y no de intereses de una minoría.
En conclusión: la pandemia nos brinda la oportunidad de poner en marcha sistemas participativos modernos, que más tarde o más temprano tendrán que empezar a utilizarse. ¿Qué mejor momento que este, garantizando nuestra seguridad y salud?