A los lectores que piensen que exagero cuando escribo, y ahora repito, que la política catalana está llegando a límites nauseabundos y acelerados de degradación moral, les recomendaría viajar al DOGC para leer el decreto de suspensión del 14-F (que no de aplazamiento, como van repitiendo los propagandistas de las respectivas sectas). Vale la pena tragarse todo el texto, de poco más de tres páginas y de un cuarto de hora de lectura, para comprobar hasta qué punto el Govern se ha acostumbrado a legislar sin ningún tipo de fundamento jurídico y con una desidia ética casi venezolana. Leerlo es rápido, pero digerirlo os será un tanto más difícil, pues comprobaréis rápidamente como el Govern no sólo está legalmente inhabilitado a la hora de suspender unas elecciones, para lo cual necesitaría ratificación del TSJC, sino que las justificaciones que aduce para hacerlo asimilan como excusa la propia inoperancia.
Después de resumir los estragos de la pandemia, el texto concluye: "las circunstancias epidemiológicas y de salud pública descritas también comportan que las medidas para el desarrollo de los comicios, previstas por parte del órgano competente en materia de procesos electorales de la Administración de la Generalitat de Catalunya (no se le cita, pero se refiere al Departament d’Acció Exterior y etc.), se hayan vuelto insuficientes para la plena garantía de la protección de la salud de la ciudadanía en el transcurso del proceso electoral, y afecten al ejercicio, en condiciones de libertad e igualdad, del derecho de voto exigible en cualquier sistema democrático, sin que sea posible establecer, en estas circunstancias, otras medidas que garanticen la celebración de las elecciones con plenas garantías, tanto para la salud como para el desarrollo y la culminación del proceso electoral". ¿Flipáis, verdad?
Aparte de pedir a gritos un escribiente que mejore la prosa de nuestros textos legales, el decreto del Govern de los peores en cuestión se resume con la idea que acabo de citar y que os traduzco: la administración consultó a sus órganos competentes cómo podría adaptar un proceso electoral a una situación pandémica, la administración dictó sentencia (con unos criterios que no se citan; pero ¡tú tira, chato!) y como el Govern ha comprobado que no alcanza estos criterios, pues mire, señora, va y nos petaremos la fecha de las elecciones. Ya sé que parece delirante, ya sé que parece exagerado. Pues no, es exactamente lo que dice el decreto: de hecho, para hilar todavía más fino, se cita expresamente que Quim Torra ya había pedido un informe sobre el derecho de voto de los catalanes el pasado 3 de agosto del 2020. Por lo tanto, el Govern ha tenido medio año para trabajar un tema, cavilarlo y acabar de paliarlo.
Vemos como los partidos pueden jugar con la posibilidad de organizar una cita electoral o cancelarla a discreción, mientras no tienen ningún inconveniente en embutirnos en el metro cada mañana
Ante esta enésima tomadura de pelo, ante una chapuza jurídica que haría enrojecer a una república bananera, el ciudadano se preguntará con toda justicia qué han hecho los departamentos de Presidència y de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència y, todavía más en concreto, a qué han dedicado su valiosísimo tiempo la consellera Budó y esta maravilla de la naturaleza que se hace llamar Bernat Solé (sí, el conseller de la cosa exterior que no sabe decir ni una frase en inglés) durante los seis meses, durante el puto medio año que la administración había investigado un asunto tan poco relevante como que la ciudadanía vote. Yo, de los periodistas de la tribu, me habituaría a empezar las entrevistas con una pregunta la mar de sencilla. "Señora Budó, señor Soler, disculpen la pregunta: ¿ustedes qué cojones hacen durante el día? Se lo preguntaré de otra forma: ustedes, honorables, ¿trabajan? ¿Seguro?".
Repitámoslo de nuevo, queridos lectores. Seis meses para anticipar una situación que ya se sabía complicada, seis meses para emprender procesos más fáciles de voto por correo, sistemas de voto electrónico que ya funcionan no sólo en muchas democracias civilizadas del mundo, sino también en muchos de nuestros colegios, ateneos y asociaciones culturales, seis meses en los cuales la administración catalana sabía perfectamente que el 14-F sería una fecha complicada, y en la que, con voluntad y una cosa tan sencilla como mover el culo y trabajar, se habrían podido urdir sistemas de participación más porosos como alargar la hora de las votaciones, abrir colegios electorales en los hospitales y en las residencias de abuelos y, en definitiva, una serie de medidas con las que nuestros gobernantes podrían haber ejercitado una creatividad que, parece ser, sólo se les excita cuando tienen que prohibirnos salir de farra.
Después de que los partidos catalanes y el Govern hayan publicado esta chapuza jurídica, ningún político independentista puede tener la indecencia de ponerse la participación ciudadana en la boca. Da verdadera aversión que un movimiento político que se había urdido con el lema "Queremos votar" acabe con este nivel tan bestia de caciquismo y de indeterminación y con los partidos especulando abiertamente sobre cómo les beneficia la suspensión electoral para "ganar mejor". En definitiva, vemos como los partidos pueden jugar con la posibilidad de organizar una cita electoral o cancelarla a discreción, mientras no tienen ningún inconveniente en embutirnos en el metro cada mañana. Yo pensaba que todo eso era imputable a nuestra ineptocracia, pero a base de bajar el listón la cosa ya entra en el terreno de la maldad. Que no se os ocurra repetir la frase "Queremos votar", porque no sois dignos de ni una sola de estas letras.
Y sí, queremos votar, y yo también quiero votar, pero sólo por la satisfacción de estampar un cagarro como una catedral en el sobre que toque. Lo vuelvo a escribir por enésima. No entiendo cómo podéis dormir tranquilos.