En el momento más convulso para el Gobierno, con la derogación del delito de sedición y la polémica reforma de la malversación, las tensiones dentro del PSOE tienen más calado que las del PP por más que intente una supuesta traca final de legislatura. Los barones autonómicos se resisten a las reformas por dos razones: la ideológica y el coste de cara a las autonómicas. Y por más que Javier Lamban y Emiliano García Page se desmarquen, el ruido hacia fuera es menor que el malestar interno en numerosas federaciones. 

Más allá de la batería de leyes de la coalición en su recta final en el Congreso, las transacciones y los acuerdos de última hora de cara a los dos últimos plenos del año, el PP sigue sin capitalizar su ofensiva en la oposición. La estrategia de acusar al Gobierno de golpista cada semana tiene un efecto tóxico en la erosión de las instituciones democráticas. Pero suma muchas más desventajas: es tan exagerado que no permite ir más allá. Alberto Núñez Feijóo dice recordar “el golpe del 81, las décadas de plomo de ETA y la declaración de independencia en el 2017 en Catalunya”. Así, sin matices. Todo para concluir que nunca había visto nada igual a Pedro Sánchez ni recuerda “la toma de control y la intervención del poder judicial”. Eso dicho desde cuatro años de bloqueo del Poder Judicial. Incumpliendo un mandato expreso. Y animando a los jueces conservadores a mantener el boicot.

Las encuestas favorecen al PP, la estrategia no tanto. La petición de nuevas elecciones —conclusión a la que llegó Feijóo tras una noche de insomnio— no ha tenido impacto real, ni credibilidad, ni sirve para desmarcarse excesivamente de VOX. El Coordinador General, Elías Bendodo, ha pedido que se adelanten elecciones “porque sabemos que las vamos a ganar”, ha dicho en Espejo Público. No por el bien del país, o por tener mejor propuesta económica. Porque creen que pueden arrebatar el poder boicoteando el mandato de Sánchez. Elecciones ahora, con los presupuestos de 2023 aprobados, la presidencia española del Consejo de la UE y un calendario electoral salido de las urnas.

La imagen es un líder del PP que no domina los tiempos políticos, dispara a discreción y fragmenta a la derecha. Lo que hay es una moción de censura promovida por la ultraderecha, en la línea opuesta de Europa. Con una dirigente de Ciudadanos que se ha colocado a la derecha de VOX, sin controlar su grupo parlamentario y pendiente de unas primarias a modo de moción de confianza y enmienda a su escasa credibilidad. Por los populares, ha salido a jugar la diputada que menos representa al PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Y como posible candidato suena Carlos García Adanero, empotrado en el Grupo Mixto tras ser expulsado de UPN. Esta es la derecha que lidera la pretendida alternativa de Gobierno. 

Y además, poco útil. La Ley Trans, tan criticada por el PP, ha salido intacta de la Comisión de Igualdad e irá al pleno sin la enmienda del PSOE que pedía autorización judicial para los menores de 16 años. El PP ha podido votar en contra, junto a los socialistas, con un doble triunfo: dividir a la coalición y —según su criterio ideológico—, proteger a los menores. Pero se ha abstenido, dando vía libre al dictamen previo a su aprobación definitiva.

Otro efecto boomerang añadido para el PP. La denuncia permanente sirve de pegamento a la coalición. Si había fisuras con la batería de leyes que pretenden aprobar al cierre del año, ahora no se oyen. Sobre los asuntos urgentes que tiene que cerrar el Gobierno en los últimos dos consejos de ministros del año, el decreto antiinflación está siendo una negociación a tres manos donde cada uno aporta una medida posible. Pedro Sánchez habla de un mecanismo para controlar el impacto de la cesta de la compra en las familias, Yolanda Díaz de un posible impuesto o cargo a las distribuidoras y Podemos apuesta por los cheques alimentarios directos. Todos a una. Y más allá del Código Penal, la resolución de la crisis seguirá marcando el ciclo político. El golpe de Estado como alternativa, no parece muy sostenible.