El conseller de Justicia, Carles Mundó, y la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, han dejado muy claro hoy que la sentencia que anula el uso preferente del catalán en  las administraciones públicas se basa en protocolos y, que por lo tanto, la pueden entender como una recomendación. La intención del Govern, sin embargo, es ceñirse estrictamente a la ley de política lingüística de 1998 y obviar la sentencia, que no piensan ni siquiera recurrir.

Mundó ha sido claro y contundente al acabar el acto de toma de posesión del nuevo presidente del TSJC: “Se refiere a un protocolo y un protocolo al final tiene una consideración de recomendaciones. Lo que sigue siendo vigente, que nunca ha sido impugnado y que, en definitiva es el punto de referencia, es la ley de política lingüística del año 1998 que establece que el uso del catalán es el que se tiene que hacer a las administraciones de Cataluña”.

Para el conseller de Justicia se trata de recomendaciones y “no es aceptable que a partir de cualquier pretexto quieran hacer de la lengua un conflicto, por lo tanto los ciudadanos de Catalunya -ni los que optan por expresarse en catalán, ni los que optan por expresarse en castellano- tienen ningún problema”, ha añadido

La convivencia lingüística en Cataluña es perfecta, según Mundó, donde precisamente en la Justicia no todos los derechos de los ciudadanos están protegidos. “No se trata de entrar en el debate de si se acatará o no. El debate no existe”, ha concluido el conseller.

Meritxell Borràs, ha dicho también que el Govern no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat, aunque ha sostenido que "últimamente hay sentencias diversas que se pueden interpretar más en clave política que no estrictamente judicial"

Lo ha dicho en declaraciones a La Xarxa recogidas por Europa Press después de que el TSJC haya anulado parcialmente el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat de Catalunya que obliga a los trabajadores públicos a hablar catalán entre ellos y a dirigirse en este idioma a los ciudadanos.

Un tema normativo

Borràs ha afirmado que la Generalitat no presentará recurso porque "no es un tema normativo, obligatorio para el trabajador", sino que es orientativo, y ha asegurado que esta decisión del TSJC no ha alterado nada.

Por su parte, la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha incidido en que la sentencia "no implicará una modificación de la política lingüística" ni un cambio en las relaciones de comunicación con el ciudadano.

Ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que se trata de una "sentencia política", y ha explicado que lo que está funcionando en la administración en la actualidad hace más de 35 años que se está siguiendo y tratando de normalizar.