Hace poco se ha inaugurado en Berlín un denominado “Museo de la Burocracia”. Alemania es un país famoso por su grado de burocracia, hasta el punto que una de las promesas de campaña de los partidos que acabarían conformando la coalición de centroizquierda fue acabar con el enredo de leyes. Sin embargo, santa inocencia, todo hace pensar que los proyectos de ley que se aprobarán en el Bundestag uno de estos días serán muy insuficientes. La INSM (Iniciativa Nueva Economía Social de Mercado), una fábrica de pensamiento sobre la economía de mercado, ha acabado dedicando un museo a la burocracia. La INSM, para saberlo todo, es una organización lobbista financiada por las patronales de la industria metalúrgica y eléctrica alemanas, que hace tiempo que piden la reducción de la burocracia, vistos sus efectos en la economía alemana.

La burocratización, el menosprecio o poco apoyo por parte de las autoridades y una intervención administrativa de carácter restrictivo acaba reduciendo la productividad empresarial y las oportunidades de los trabajadores.

Evidentemente, hay un efecto de la burocracia como desventaja para hacer negocios, pero también tiene efectos sobre los individuos. Las cargas burocráticas crecientes recaen también en los ciudadanos, que a menudo nos sentimos desamparados, cosa que afecta nuestro humor y tono vital. Porque la realidad es que todo se hace recaer en los ciudadanos (el teletrabajo ineficaz y que no da respuestas, los tejemanejes de las firmas electrónicas, la obtención imposible de citas, conexiones digitales a nuestra costa, etc.), sin que se haya previsto ni formación ni recursos. Estamos sometidos en una pinza que considera que las normas son más importantes que la eficiencia, la eficacia, el respeto debido a los ciudadanos o la posibilidad de ahorrar dinero a los contribuyentes. De hecho, somos tratados por la administración en general, y por la tributaria en particular, como sospechosos habituales y gente indigna de su confianza.

Este estado de cosas tiene repercusiones evidentes. Centrándome en las empresas, me ha parecido interesante el Estudio sobre la deslocalización de empresas de las comarcas de Lleida, que publicaron Jordi Moreno, Andrei Boar y Oriol Montanyà en 2022, por encargo de la Cambra de Comerç de Lleida. El informe fue elaborado por la Universitat de Lleida y por la Barcelona School of Management, con la colaboración de la Diputació de Lleida. Puede ser un ejemplo entre mil, pero me ha parecido adecuado para el tema que tratamos. El primer dato es contundente, en el periodo 2015-2021, 428 empresas se marcharon de la circunscripción de Lleida. ¿Destinos? 220 al resto de Catalunya, 81 a Aragón, 60 a Madrid, y el resto muy repartido (como en la lotería). La mayoría de las que se marcharon eran pymes: 385 tenían menos de 10 trabajadores; 33 eran pequeñas empresas (de entre 10 y 50 trabajadores); 8 eran medianas (entre 50 y 250 trabajadores) y 2 eran grandes empresas (con más de 250 trabajadores). ¿Cuáles serían los factores de deslocalización de estas empresas? Los autores los clasifican en 9 bloques: factores de mercado; laborales; de concentración industrial (sinergias con empresas, buen acceso a materias primas, proximidad de centros de investigación); de infraestructuras (buenas conexiones terrestres, marítimas y aéreas, acceso a la tecnología); medioambientales (normativa favorable); económicos y fiscales (subvenciones públicas, incentivos fiscales, presión fiscal); políticos (actitud de las autoridades, nivel de burocratización de la administración); del suelo (disponibilidad, costes inferiores); y personal (cambios en el ámbito familiar). Instintivamente, quizás pensaríamos que las empresas se fueron por los factores económicos y fiscales, porque eran más favorables o menos costosos. Pues no, según señalan sus representantes, se fueron, principalmente, por la burocratización y por la actitud de las autoridades, que tratan con hostilidad la economía de mercado. Después vienen, en orden decreciente, las buenas conexiones terrestres, disponer de un número de clientes elevado, la presión fiscal, la sinergia con empresas, la disponibilidad de trabajadores, la proximidad a polos de comunicaciones, la normativa del suelo, y las subvenciones.

Y es que Catalunya está muy mal situada en los rankings de burocratización: ocupa la 15.ª posición (de 17) en el grado de facilidad para iniciar las actividades de una PYME industrial, de hecho, aquí hacen falta 118 días; pero ocupa la 1.ª posición con respecto al coste (entendido como % de la renta per cápita), un 20,1%. Todo eso hace que Aragón se beneficie de los grandes proyectos industriales que ven frustrada su expansión en Catalunya, y eso se puede agravar todavía más en el futuro próximo. La burocratización, el menosprecio o poco apoyo por parte de las autoridades y una intervención administrativa de carácter restrictivo acaba reduciendo la productividad empresarial y las oportunidades de los trabajadores.

Pues, para luchar contra esta hidra de siete cabezas, hay que mejorar las infraestructuras; favorecer la agilidad administrativa creando, por ejemplo, planes supramunicipales para grandes proyectos; crear polos generadores de inversiones; prestigiar a los emprendedores y a las empresas; y disponer de datos agregados sobre los plazos y resoluciones de permisos de obras y licencias de actividad. Es justo y necesario disminuir la realidad y los efectos de la burocratización que nos consume, por el bien de los ciudadanos y de las empresas.