El Gobierno quiere modificar el sistema por el cual un ciudadano llega, en España, a ser juez. Ya ha redactado un Anteproyecto de ley con esta finalidad. A mí, me convence bastante la idea de abrir más, a la sociedad, este sistema. Que deje de consistir, preferentemente, en un desafío exclusivamente memorístico que en absoluto valida las aptitudes por el razonamiento complejo y combinatorio que, junto con unas dosis exactas de empatía e imparcialidad, exige el ejercicio de la función judicial. Como suele pasar, mi visión no acaba de congeniar del todo con la general de la carrera judicial y ya se han levantado las correspondientes barricadas judiciales contra este ataque a la tradición. ¡Como si el sistema de acceso a la judicatura lo tuvieran que decidir los jueces y no la sociedad!
Hoy quiero hablar, sin embargo, de otra tradición, también afectada por este Proyecto de ley y a la cual se ha referido, en unos términos sibilinamente mesurados, el informe que acaba de emitir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Me refiero a la espinosa tradición de los preparadores. Sí, la tarea semanal o quincenal que realizan algunos jueces en activo para entrenar a los aspirantes a juez, escuchándoles de viva voz —a menudo en casa de los primeros— la recitación —memorística, claro está— de algunos de los temas de la futura oposición oral. Hasta aquí, no habría ningún problema. Las espinas surgen, pero, evidentemente, con el carácter remunerado de esta tarea, combinado —ay, aquí ya entramos en terreno pantanoso...— con el frecuente olvido, por parte de los preparadores, de declarar unos tales ingresos a las autoridades fiscales. Ciertamente, algo feo: jueces en activo mostrando a los futuros jueces, en el marco de la actividad misma que los puede llevar a convertirse en jueces, como eludir las obligaciones fiscales.
Tengo que decir que, visto ahora con perspectiva, me hago cruces. ¿Cómo puede ser, esto? Pero cuando eres joven, ilusionado con la perspectiva de convertirte en juez —después uno ya choca con la cruda realidad laboral del juzgado, pero inicialmente, la ilusión está-—, no te fijas mucho en este tipo de detalles. Es cierto que la imposición de abonar los honorarios en un sobre entregado en mano tendría que levantar todas las alarmas, pero, como digo, en aquel momento la mirada se dirige hacia un futuro esplendoroso. Quién sabe, quizás no solo como juez, sino también como preparador con unos ingresos extras netos en algunos casos nada despreciables.
Enseñar, preparar a los futuros jueces para que sepan que hay ciertas cosas que se hacen y que no son correctas
Volvemos al CGPJ. En el informe que acaba de emitir, y ante la voluntad —más que razonable, por cierto— del legislador de regular este agujero negro tan atronador, ha querido decir la suya, sin abordar, evidentemente, el elefante gigante —las derivadas fiscales— que permanece en la sala. El CGPJ ha dicho —cojámonos fuerte— que la actividad de preparador “ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica” para ayudar a las nuevas promociones de jueces y que “en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos”. ¡"Fines generosos"! Con respecto a la falta de transparencia de este espacio de opacidad fiscal, el CGPJ contraargumenta que desde 2015 ya publica el listado de jueces a los cuales se ha concedido la compatibilidad y licencia por este motivo. ¡Pero si el problema radica —como seguro que conoce el CGPJ pero nunca ha decidido investigar— en los jueces que, a pesar de dedicarse a esta actividad, no están en la lista por no haber solicitado la compatibilidad!
Como vemos, hay motivos de sobra para regular esta ignominia. En un giro casi cómico, el gobierno ha cogido el guante que le lanza el mismo informe —al calificar la actividad de preparador de "moral, deontológica y generosa"— y ha adelantado que quizás introducirá en el proyecto un cambio para establecer el carácter gratuito. ¡Esta es buena!
Acabo, como me gusta acabar, con una pincelada que nos ilumine más allá de la anécdota y que nos acerque a aquello que palpita, realmente, tras estas prácticas. Después de pensar, he visto que, en el fondo, lo menos importante de esta caja B judicial es el enriquecimiento personal de los jueces que reciben estos sobres en casa —ironías de la vida, aquí sí que hay, de enriquecimiento personal; ¡no como con la amnistía! Lo importante es, por el contrario, enseñar, preparar a los futuros jueces para que sepan que hay ciertas cosas que se hacen y que no son correctas, pero sobre las cuales hace falta callar o mirar hacia otro lado. Solo así, un día, ya en activo, sabrán, por ejemplo, que, cuando les llegue una demanda contra el rey o contra un político determinado, tendrán que hacer todo lo posible para pararla tan pronto como sea posible. O, por el contrario, que cuando, dado el caso, haya que retorcer la ley cuando cosas más sagradas que la ley estén en juego —la integridad territorial del Estado, ponemos por caso—, habrá que hacerlo tapándose la nariz. Sí. Es un aprendizaje. Inconsciente, pero crucial. La realidad nos lo verifica. Exhorto, por lo tanto, al gobierno y al legislativo a extirparlo, de cuajo.