Hace unos años —no muchos— tuve una larga y esclarecedora conversación con un juez para preparar un programa de televisión.

Y me pasó una de aquellas cosas que nos pasan a veces a los periodistas, que vas buscando A y te encuentras B, que es mucho más jugoso que A pero que no puedes explicar ni una palabra.

Ahora ha pasado un tiempo y lo que me explicó aquel juez ha ido cogiendo sentido. Si es que algo tiene sentido en 2018 en la judicatura, con el proceso catalán, Altsasu y la Manada como tridente que emerge del embrollo de relaciones envenenadas entre los poderes del Estado.

Quedamos a picar unas tapas en el centro de Madrid, pero de lo que su señoría tenía ganas era de desembuchar. Lo noté enseguida, porque fue él quien rápidamente me llevó al tema de la corrupción y a las causas de la salvaje proliferación de sumarios abiertos a los partidos políticos, en especial a quien estaba gobernando, el Partido Popular.

Le pregunté si eso tenía que ver sólo con el estallido de la burbuja financiera. Y él hizo una pausa dramática y me respondió con otra pregunta, que es la llave para abrir su puerta argumental:

—¿Tú crees que los políticos son más corruptos ahora que durante la transición? ¿Se han convertido de golpe?

La pausa, entonces, la hice yo. No me esperaba esta salida. Puse cara de paisaje y seguí estirando el hilo.

Evidentemente, lo que me había hecho era una pregunta retórica que me llevaba a mí a abrirle la siguiente fase del razonamiento.

—Entonces, ¿quienes habéis cambiado sois los jueces?

Era el pistoletazo de salida que estaba esperando. Empezó recitándome de memoria la dotación presupuestaria del poder judicial en la época de Zapatero y como, en los primeros años del PP, esta asignación había ido bajando vertiginosamente.

Se quejó amargamente del deficiente equipamiento de la sede del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados ordinarios, de la imposibilidad con los medios actuales de hacer frente a la acumulación de sumarios, de poder hacer funcionar esta maquinaria de una manera razonable.

Ante la agresión competencial que los jueces estaban sintiendo, la respuesta fue una declaración formal de inicio de hostilidades

El recorte presupuestario había acabado afectando a los sueldos de sus señorías. Me dijo que él había pasado de cobrar 4.000 euros al mes dietas incluidas a cobrar unos 3.500, que entendía que era un sueldo alto con respecto al de otros funcionarios, pero que no era equiparable al sueldo de ningún juez de la Unión Europea.

Me insistía en que los jueces estaban dispuestos a estrecharse el cinturón en la cuestión salarial, pero que no perdonaban la reducción progresiva de los medios a su alcance para llevar a cabo su trabajo.

—El gobierno quiere ahogar la función judicial dejándonos sin medios, y eso no lo toleraremos de ninguna manera.

Según él, el Partido Popular, a través de la inacción y la inanición, pretendía dejar que la justicia se desmoronara por la pendiente de la esclerosis progresiva, del ahogo bajo las montañas de sumarios y del desánimo de un personal incapaz de hacer frente a una acumulación de trabajo cada vez más inalcanzable. Era la manera de poder actuar políticamente con total impunidad, sin el fastidioso contrapeso del poder judicial.

Según su señoría, la gota que abrió definitivamente las hostilidades entre jueces y gobierno fue el intento del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de reformar el poder judicial para apropiarse de competencias de los jueces de instrucción y traspasarlas a los fiscales, supuestamente al estilo del sistema judicial norteamericano o francés. Viendo cómo es la obediencia marcial de los fiscales al gobierno español, sólo faltaría que encima se les encargue ahora a ellos la fase de instrucción.

El dibujo era claro: ante la agresión competencial que los jueces estaban sintiendo, la respuesta fue una declaración formal de inicio de hostilidades:

—Les hemos dicho: "Si queréis guerra, la tendréis".

Desde entonces, los casos de corrupción entre las filas del Partido Popular han crecido de manera exponencial. Y no dejan de hacerlo.

Parece evidente que el Partido Popular está perdiendo esta guerra contra gran parte de la judicatura, aunque algunos magistrados —como siempre pasa— se alineen claramente al lado de la Moncloa.

El empoderamiento de algunos jueces y el amotinamiento de los otros pone el gobierno español en una situación sin precedentes, cabalgando a lomos de un toro mecánico. Y ya sabemos cómo acaba siempre la atracción del rodeo en las ferias ambulantes.