Los escándalos en torno a los diferentes presidentes que el PP ha situado al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid van tomando, día tras día, tal dimensión monumental que ni la Puerta de Alcalá es comparable. En una de sus últimas insensateces, además, la crisis institucional madrileña ha vuelto a dejar al descubierto las prácticas oscuras de ciertos mandos policiales, como cuando hace unos meses pudimos contemplar, por accidente, los intestinos de la operación Catalunya.

No puede acabar bien una etapa de gobierno que empezó, después de las elecciones del 25 de mayo del 2003, con el soborno de dos diputados de la Asamblea de Madrid para evitar que el PSOE e Izquierda Unida formaran gobierno y cerraran así el paso al PP de Esperanza Aguirre. Los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se escondieron durante unas horas para no asistir a la sesión de investidura de su cabeza de lista, Rafael Simancas. Esta vergonzosa ausencia permitió al PP provocar un bloqueo institucional que desembocó en unas segundas elecciones autonómicas, el 26 de octubre del mismo año. Elecciones que, como era de esperar, acabó ganando Aguirre por mayoría absoluta.

El PP hace la vista gorda ante el soborno de diputados, pero se escandaliza ante los ejercicios de democracia directa

Es el mismo Partido Popular que ahora acusa a los soberanistas catalanes de haber llevado a cabo un golpe de Estado. Un partido que hace la vista gorda ante el soborno de diputados, pero se escandaliza ante los ejercicios de democracia directa. Según dijo el PSOE, la investigación judicial del llamado Tamayazo fue bloqueada por el fiscal general del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el entonces presidente José Maria Aznar.

Pero en realidad, el escándalo político más sonado en la Comunidad de Madrid (después vendrían muchos más) quedó sumido en el olvido tanto por la acción del PP, como por la inacción del PSOE. Los medios de información de uno y otro lado, atendiendo a las respectivas consignas, cerraron rápidamente el expediente. Se sospechó que el Tamayazo era la punta del iceberg de un ecosistema podrido, fruto del equilibrio de fuerzas entre dos familias mafiosas, financiadas por los mismos grandes empresarios de la construcción que, en aquellos momentos, se encontraban en pleno paroxismo especulativo.

Desde el Tamayazo, pasando por los escándalos protagonizados por el secretario general del PP, Francisco Granados, y por el denso expediente del expresidente autonómico Ignacio González, llegamos a los másteres y las cremas faciales de Cristina Cifuentes. En junio del 2015, Cifuentes accede a la presidencia con la firme voluntad de hacer limpieza desde dentro, cambiar equipos y renovar cargos intermedios. Según ella, era un encargo del mismo Rajoy, que cuando las cosas se han complicado no ha tardado mucho en poner en marcha su táctica preferida: hacerse el desentendido.

En conversaciones privadas, Cifuentes siempre explicaba que se estaba ganando muchos enemigos

En conversaciones privadas, Cifuentes siempre explicaba que se estaba ganando muchos enemigos, porque todos aquellos cargos a los cuales obligaba a dejar los despachos institucionales aterrizaban en la sede de Génova, donde los esperaba con los brazos abiertos la resentida presidenta regional Esperanza Aguirre. La cama que le hacían a Cifuentes era cada día más mullida. Una sección policial que trabaja coordinadamente con algunos sectores políticos y mediáticos ultraconservadores ya hace tiempo que puso el punto de mira sobre Cifuentes.

Y finalmente la ya expresidenta ha sido víctima de la clásica jugada mafiosa. Ha tenido que claudicar ante la publicación de las imágenes de una cámara de seguridad que nadie sabe con qué intención se han conservado durante tanto tiempo. Una vez más, como pasó con el Tamayazo, el asedio contra un gobierno democrático desde la sombra de los intereses particulares acaba obteniendo recompensa. Ahora, como si se tratara de un insecto atrapado entre las hojas de una planta carnívora, es previsible que el caso se diluya y desaparezca gracias a las consignas de unos y la desidia de otros.

Pero lo que es seguro es que seguiremos oyendo como el sistema mafioso instalado en la capital de España sigue disparando sus cañonazos contra Catalunya, deformando la realidad para conseguir el objetivo final: hacer pasar la voluntad mayoritaria por el tubo de los intereses particulares ocultos. Como han hecho siempre en su ámbito doméstico. Y como, según parece, seguirán haciendo en el futuro.