No era tan difícil alcanzar un compromiso para renovar el Poder Judicial. Solo ha hecho falta la dimisión de Carlos Lesmes, en funciones desde hace 1.406 días, para sentar al PP y al Gobierno en la Moncloa. O más bien, para que el PP desbloquee la renovación del Poder Judicial sin seguir arrastrando excusas. Después de tres largas horas de reunión Sánchez-Feijóo, el PP ha aceptado que la renovación se haga con la ley en vigor ¿Con cuál si no? La otra opción no era renovar, sino discutir sobre otro modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces que en la práctica supondría llegar a la cita de las generales con el CGPJ convertido en cadáver. No está resuelto, pero la intención de avanzar por parte de ambos partidos es mucho más de lo que había hasta ahora. Y se respeta además el orden de la recomendación —que no mandato— del comisario de Justicia europeo, el belga Didier Reynders: primero la reforma, después la ley.

El sector progresista llevaba meses pidiendo la dimisión de Carlos Lesmes para provocar la vuelta a la normalidad institucional; para evitar llegar a una de las mayores crisis del tercer poder del Estado; para que su salida sirviera de reactivo al poder político y porque casi cuatro años en funciones suponía más un atrincheramiento que una interinidad. Y en parte, así ha sido. Durante su mandato, no dejó de enviar recados y reveses al Ejecutivo de coalición. Amonestó a miembros de Podemos por cuestionar la imparcialidad de la Justicia y guardó silencio cuando quienes la comprometían eran otros. Sirvan de ejemplo los audios de la corrupción del comisario Villarejo con jueces de la Audiencia Nacional sobre los que nunca se ha pronunciado el CGPJ. 

Antes de todo debería ir la profunda reflexión sobre la pulsión conservadora y temeraria en el seno del Consejo puesta en evidencia con la dimisión de Carlos Lesmes.

La escenificación de Lesmes en un vídeo difundido un domingo por la noche, grabado en el salón de plenos vacío, es el reflejo del fracaso político, pero también del suyo con los vocales. En palabras de Lesmes, “Mantenerme a partir de ahora solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco”. Pero, por qué ‘a partir de ahora’ y no hace un año, dos, incluso tres. La falta de jueces, sobre todo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el retraso en las sentencias y las instrucciones judiciales de los ciudadanos es consecuencia de la no revocación acumulada desde 2018. Y esto también era una responsabilidad del presidente. Desde ese año, la lista con los nombres para llegar a un acuerdo estaba sobre la mesa. Luego se firmó el pacto PP/PSOE en 2021 que termina con Félix Bolaños entregando las 19 evasivas del PP para renovar. 

Lo más paradójico es que Lesmes ha dimitido tras perder el apoyo de parte del sector conservador. Con un grupo de vocales “en rebeldía” —así los calificó— que ha sido incapaz de controlar, insumisos a la ley que tenían obligación de cumplir desde el pasado 13 de septiembre y Lesmes de hacerles cumplir. Lesmes no ha podido lograr que los ocho vocales, nombrados en su día por el PP, respondieran al plazo legal de proponer dos nombres para el Tribunal Constitucional. Se amotinaron en una cena para intentar arrastrar a más vocales y pusieron razones de agenda para escurrir el plazo. Todo, sin consecuencias. Jugaron en el tablero político —no el judicial—, sin ser expedientados por el Consejo o denunciados por presunta prevaricación y desobediencia pasiva, como apuntan numerosas fuentes judiciales, compañeros de estos mismos vocales en el seno del CGPJ.

El daño está hecho. Desde la política, principalmente desde el PP, pero también desde la Justicia. Si el escenario de entendimiento entre PP y PSOE, dirigido por Félix Bolaños y Esteban González-Pons, está encaminado, a principios de 2023 los primeros nombramientos se estarían efectuando, como ha explicado el magistrado y exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega. Hay muchos factores en la política nacional que indican que será así. Primero la reforma, después la ley. Y antes de todo debería ir la profunda reflexión sobre la pulsión conservadora y temeraria en el seno del Consejo puesta en evidencia con la dimisión de Carlos Lesmes.