En las últimas semanas, varios presidentes autonómicos y dirigentes estatales han ido saliendo en tromba contra el no explicado, el no redactado, el no negociado, el no votado, el no aprobado y el no aplicado nuevo sistema de financiación territorial que, teóricamente, tiene que incluir un tratamiento singular para Catalunya. Es igual que la madera aún esté en el árbol de la Moncloa, pero el relato con filtro catalanófobo ha empezado. La mayoría de estas quejas han venido de barones del PP; entre otras cosas porque ahora este partido gobierna en 11 autonomías, 12 si se suma el pacto con Coalición Canaria en las Canarias y 14 añadiendo Ceuta y Melilla. Los socialistas gobiernan en Castilla-La Mancha, Asturias, Catalunya y acuñan al PNV en el País Vasco.

El relato con filtro catalanófobo ha empezado, pero no es una exclusiva del PP

Con esta desproporción, es normal que —por simple aritmética- haya más voces provenientes del PP que carguen contra los planes del Gobierno de tocar el sistema que regula sus finanzas. Pero que la mayoría de reproches contra Catalunya hayan venido del PP no quiere decir que los populares tengan la exclusiva. Este viernes, el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, mostró su aversión a que Catalunya salga del régimen común, es decir, que tenga un trato diferenciado. Pero es que el principal abanderado contra esta hipotética reforma también es del PSOE: concretamente el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que después de cargar con dureza contra la amnistía, ahora se ha centrado en la cuestión económica. Y más recientemente, su predecesor en el cargo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, confesó que si se aplicara una especie de concierto económico (la palabra no sale en ningún documento), Extremadura perdería 2.000 millones de euros anuales, mientras que Catalunya percibiría 30.000 millones extras. No sé si, sin quererlo, Ibarra confesó en cuánto está actualmente el déficit fiscal que sufren los catalanes (AKA espolio) pero sería una cifra perfectamente factible dada la línea constante y tozuda de los últimos 30 años.

La simple publicación de las balanzas es una batalla; su revisión, una hazaña bíblica por infrecuente, mastodóntica y sobrenatural

De hecho, incluso la simple publicación de las balanzas fiscales (la diferencia entre aquello que pagan en impuestos los ciudadanos de un territorio y el qué este territorio recibe a cambio en servicios e inversiones) es ya una batalla. Es evidente que se trata de una cuestión estrictamente de voluntad política, porque con una Agencia Tributaria capaz de hacer simultáneamente millones de borradores personalizados y milimétricos, la capacidad técnica queda bastante demostrada. Si simplemente mostrar los números es como arrancar una muela al Estado, su revisión se presenta como una hazaña bíblica, por infrecuente, mastodóntica y sobrenatural. Sin ir más lejos, la ministra María Jesús Montero ha enfriado el pacto con ERC y en lugar de incluir todos los impuestos en este traspaso, la vicepresidenta lo limita a solo el IRPF. Es, pues, una cuestión meramente política pero, sobre todo, de cultura política. Y esa es la madre del cordero. Tal como escribió David González hace un año en este diario, España debe ser de los pocos Estados del mundo que parece que se tenga que repensar cada vez que necesita unos votos u otros para la investidura del presidente de turno. Dice David González: "La inseguridad histórica de España como proyecto nacional lleva a sus élites y dirigentes a cuestionar todo su ser casi cada vez que se tiene que iniciar un nuevo ciclo político o simplemente investir a un nuevo presidente de gobierno." Y eso, además de la consecuente sensación de provisionalidad, comporta esta desconfianza, cuando no menosprecio u odio hacia las nacionalidades que, teóricamente, configuran este maravilloso Estado tan plurinacional.

El actual sistema de financiación lleva 10 años caducado, de los cuales 6 bajo la presidencia de Pedro Sánchez

Me explico mejor: El actual sistema de financiación lleva 10 años caducado. De estos 10 años, 6 han sido bajo la presidencia de Pedro Sánchez. El PSOE, por lo tanto, ni que sea por descuido, pereza, pasividad o directamente bloqueo querido, es tanto o más responsable que el PP en esta parálisis. Solo ahora, que para mantenerse en la Moncloa el PSOE ha necesitado los votos de ERC y de Junts, se han puesto a mirárselo. Igual que poder hablar catalán en el Congreso (y el vasco, y el gallego) o pedir la oficialidad del catalán en Europa. O en su día el traspaso de los Mossos y la marcha de la Guardia Civil. O que las administraciones autonómicas puedan tener oficinas comerciales en el extranjero para captar inversiones en su territorio. Todo eso (la lista podría ser mucho más larga) no es fruto de una creencia interna de los dos grandes partidos estatales para configurar una España federal modélica. Todo eso no es por una voluntad real de pensar en un reparto justo entre riqueza generada y riqueza recibida en un estado diverso. Todo eso no es por un sentimiento profundo de creencia en una España plurinacional que ve el catalán como un patrimonio a preservar y no como un fastidio o una amenaza a abandonar o extinguir. El presidente español, el que sea, no se levanta cada mañana pensando en como de mal financiada está Catalunya ni se va a dormir preocupado por encontrar la solución.

España es un Estado que se ha gastado 57.200 millones de euros en alta velocidad, de los cuales cero para unir la segunda y la tercera ciudades más pobladas"

España es un país en el que nadie se ha cuestionado por qué la Dirección General de Marina Mercante está en la calle Ruiz de Alarcón de Madrid, a 619 kilómetros del puerto más importante que tiene el Estado, el de Barcelona. España es un país en que de los 57.200 millones de euros invertidos en alta velocidad, se han destinado exactamente cero en unir la segunda y la tercera ciudad más poblada de este estado, Barcelona y Valencia. Cuando el reprobado ministro Óscar Puente dice que "hoy se viaja a España en alta velocidad a sitios donde hace cinco años se tardaba el doble, como Galicia y Asturias," este "se viaja" se refiere a Madrid. Ni tiene que poner al sujeto a la frase: se viaja = desde Madrid, el centro del Universo desde donde se dibuja, planifica y ejecuta la red de alta velocidad. Esta concepción del Estado es férrea y se mantiene inalterable; a excepción de cuando, para mantenerse en el poder, el PP o el PSOE de turno necesitan los siete, diez, doce o catorce diputados de la CiU, ERC o Junts de turno.

Los papeles entre salvadores y vendedores de la patria se intercambian; en 2018 el Pedro Sánchez jefe de la oposición decía que el soberanismo es insolidario

Entonces, en una especie de transformación similar a la del Increíble Hulk con la Masa, pero a la inversa, al PP y al PSOE le agarran unos ataques de generosidad territorial y sensibilidad federal tan interesados como poco creíbles. Y la obsesión para estar en la Moncloa los lleva a ofrecer avances políticos más a modo de subasta que de sensatez estatal. En unas ocasiones es el PSOE quien ofrece y el PP el que brama contra aquello ofrecido. En otras ocasiones los papeles se intercambian y unos son salvadores de la patria y los otros los que la venden. De hecho, el actual presidente español, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, en marzo del 2018 utilizó la palabra "insolidario" para referirse al soberanismo. Por una parte, pues, hay una falta de cultura política plurinacional. De la otra, la sensación que con Catalunya no se colabora, sino que se cede ante sus cíclicas e inagotables pretensiones. Y de la mezcla de las dos cosas sale la serie "Catalunya" en que los catalanes (todos) quedan como unos vampiros que intentan exprimir las entrañas del Estado. Bienvenidos a la nueva temporada.