A partir del acuerdo final de la ley de amnistía entramos en una nueva etapa. En Catalunya, la etapa posterior al 1 de octubre de 2017 ha sido presidida por dos carpetas básicas de acción: la carpeta antirrepresiva y la carpeta del autogobierno/autodeterminación. La primera era y es la más urgente, pero la segunda es y será la más importante.
La carpeta de la amnistía queda ahora situada predominantemente en el ámbito judicial y en el ámbito europeo. El independentismo lo ha ganado por 3 a 1, el partido de la amnistía (el gol del Estado consiste en la negativa del PSOE de no querer eliminar la referencia a los pretendidos delitos de terrorismo y traición, lo que abre la puerta a la justificación inicial de las acciones judiciales de los tribunales españoles).
Tanto la cúpula judicial española como los partidos que le dan apoyo (PP y Vox) seguirán presionando e intentando poner trabas a la aplicación de la ley (recursos al TC, prejudiciales en el TJUE, etc.), pero todo apunta a que tienen el partido perdido definitivamente en las instancias europeas. De momento, el retorno de los exiliados deberá esperar, pero también todo apunta a que llegará, digamos que en un par de años.
Pero la etapa política más importante y decisiva empieza ahora. Es la que permitirá ver si la estrategia de establecer acuerdos entre las fuerzas independentistas y el gobierno de PSOE-Sumar establece o no unas bases que resuelvan, o como mínimo encaucen, el irresuelto problema político de fondo entre Catalunya y el Estado.
Si nos situamos en escenarios que no comporten la independencia del país, idealmente eso implicaría proceder a una reforma constitucional que superara el decepcionante resultado del llamado estado de las autonomías, estableciendo acuerdos de carácter federal plurinacional en algunos ámbitos y de carácter confederal en otros. Sin embargo, no están actualmente las mayorías políticas para hacer esta reforma (ni siquiera para incluir una Disposición Adicional para Catalunya, que previsiblemente debería regularse por el artículo 168 de "reforma agravada" del texto constitucional).
Son muchos los ámbitos necesitados de cambios para proceder a un reconocimiento nacional que merezca este nombre y para establecer una acomodación política que dote a Catalunya de un verdadero autogobierno nacional (ámbitos simbólico, económico, fiscal/financiación, de infraestructuras, lingüístico, educativo, de universidades e investigación, cultural, de salud, servicios sociales, pensiones, ámbitos europeo e internacional, etc.). En el autonomismo actual, Catalunya no puede decidir nada por sí misma en ninguno de los ámbitos mencionados, sin interferencias por parte de un estado que siempre mantiene la posición dominante (una característica antifederal del estado de las autonomías). Sabemos, por ejemplo, que todos los pronunciamientos favorables a una financiación justa por parte de instituciones, partidos y asociaciones civiles catalanas han tenido un resultado nulo.
Una "reconciliación" política efectiva solo será posible si el problema histórico de fondo entre Catalunya y el Estado se soluciona a base de un verdadero reconocimiento nacional
En las próximas negociaciones entre los partidos independentistas y el gobierno central español hay que jerarquizar objetivos y establecer un calendario preciso. Habrá mucho ruido ambiental, pero eso solo es una "condición de contorno" más de esta nueva etapa y ya estamos acostumbrados. Sin embargo, si estas negociaciones fracasan y el Estado se revela de nuevo irreformable, además de que probablemente la legislatura española concluirá precipitadamente, habrá que considerar dos cosas:
- Desde la perspectiva del gobierno central: que, definitivamente, la izquierda española (PSOE-Sumar) también supone una inmensa toma de pelo para la mayoría de catalanes. Creo que es la última oportunidad que la izquierda tiene para mostrar su pretendido "progresismo" en el ámbito de la plurinacionalidad. Sabemos que el PSOE es un partido conservador en relación con el estado, sumiso con el estado profundo, y que tiene algunos dirigentes directamente reaccionarios que resultan indistinguibles de los líderes del PP. Por su parte, buena parte de los dirigentes de Sumar siguen pensando dentro del marco unitario tradicional español. En ambos casos, el "progresismo" de fondo en el terreno plurinacional está de momento ausente. El reto del actual gobierno central es ver si tendrá suficientes luces y coraje para proponer medidas que signifiquen cambios reales en los ámbitos señalados con el fin de ser un gobierno "histórico" y progresista de cambio. El resto es retórica literaria.
- Desde la perspectiva del independentismo: si la estrategia de proceder a un nuevo intento de acuerdos con un gobierno —ahora pretendidamente progresista— no resulta fructífera, se dará la razón a aquellos independentistas, de momento minoritarios, que mantienen que para la emancipación nacional del país resulta más racional, a pesar de los costes evidentes, una estrategia de movilización y de ruptura insurreccional para dejar de ser un país nacionalmente sometido. La actual coyuntura provocada por los recientes resultados electorales resulta inédita. Aunque la experiencia empírica acumulada, histórica y reciente, invita al escepticismo sobre la voluntad y resultados de la izquierda española en el momento de resolver el problema nacional-territorial del Estado, en estos momentos creo que vale la pena intentarlo y que sería un error no hacerlo.
Después de la ley de amnistía, inauguramos el terreno de la "mesopolítica", un terreno situado más allá de la micropolítica de establecer políticas socioeconómicas y culturales más de izquierdas o más de derechas, y más allá de la macropolítica, que supone centrarlo todo en el derecho de autodeterminación o en la independencia.
Europa, con sus ambigüedades, posibilidades y limitaciones, está en el trasfondo del paisaje de futuro. Catalunya está colaborando en la construcción europea a través de las resoluciones judiciales del TJUE, a raíz de, sobre todo, la acción de los políticos exiliados, así como, más a largo plazo, a través de los pronunciamientos del TEDH, del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas.
La amnistía no supone ninguna "reconciliación" política. Una "reconciliación" política efectiva solo será posible si el problema histórico de fondo entre Catalunya y el Estado se soluciona a base de un verdadero reconocimiento nacional y de un autogobierno en el que Catalunya cuente con sus recursos y pueda decidir sin interferencias en las competencias clave que afectan a la vida de los ciudadanos.
Como todo en la vida, para encarar esta nueva etapa hacen falta buenos profesionales, tanto políticos como expertos, que operen con valores y visiones de estadistas. El reto es grande, proporcional a lo que está en juego. El resultado de esta etapa previsiblemente tendrá consecuencias durante bastantes años. También para los partidos independentistas. Si no hay frutos políticos consistentes, la radicalización será inevitable.