Hay un debate que no acabamos de abrir, que gira sobre si la ideología de los jueces condiciona la capacidad para impartir justicia. Es un asunto crucial que no colocamos lo suficiente en la discusión pública, como si el mero análisis socavara los principios de la Constitución. Aplicamos la rendición de cuentas a todas las instituciones del Estado, pero no analizamos lo suficiente la independencia de los jueces en causas que afectan a partidos y cargos públicos, casi siempre del mismo espectro político.

La lista es larga. En el top ten está la ‘Operación Catalunya’, por dimensión y por la subversión del Estado contra una parte de él, pero no solo. ¿Estamos seguros de que no contó con la complicidad de la Justicia? ¿Se circunscribe únicamente a la policía política y la cúpula del Gobierno de Rajoy? Por aquellos años, en 2015, la diputada Vicky Rosell fue cabeza de lista de Podemos para las generales. Un año más tarde, el exministro José Manuel Soria se querelló contra ella. Fue archivada, Rosell no había cometido ningún delito y años más tarde, en 2018, el juez compinche de Soria, Santiago Alba, fue condenado por conspirar para tumbar a la diputada. La alcaldesa Ada Colau lleva una decena de instrucciones que han terminado por desfondarse con el visto bueno de la Fiscalía.

El ‘caso Neurona’ a Podemos merece columna propia. Arrancó al albor de los primeros pasos de la coalición de Gobierno y es fácil que se archive una vez se acerquen las generales. Cuatro años que han servido para abrir una decena de causas de las que seis ya se han archivado. En este caso, la Fiscalía también ha reprendido al juez por instruir de manera prospectiva, lo cual debería tener más consecuencias que una simple reprimenda judicial. El indicio más sólido de la causa es un testimonio sin pruebas de un exabogado de la formación morada. Como si a Corina Larsen le hubieran abierto una causa penal contra el emérito por cada una de sus denuncias.

Hoy, tenemos una batería de causas que se abren sin indicios sólidos, instrucciones sin base penal, que ocupan portadas (ya sabemos cuáles) y rellenan tertulias. Son causas que sirven para deslegitimar a ciertos partidos y construir falsas acusaciones que terminan diluidas en el archivo

En el último programa del FAQS, el periodista Jordi Barbeta, preguntaba al dueño de Método 3, Francisco Marco, por qué no denunció en 2013 las corruptelas de las que tuvo conocimiento. Lo hizo, al menos, en el juzgado 47 de Madrid en varias ocasiones. Ante el juez Adolfo Carretero confirmó que, según sus fuentes e informes, el entonces presidente de Madrid cobraba comisiones por contratos de aguas en Latinoamérica. El detective siguió imputado y el político libre hasta que años después, en 2018, fue detenido por esos mismos delitos. Una semana después, el juez archivó esta causa, abierta durante 8 años, por la que tuvo imputados a varios detectives que denunciaron el cobro de comisiones. En esos años, la ‘operación Catalunya’ y la corrupción atravesaban la política española con muy pocas resistencias para señalar la luna sin que te machacaran el dedo.

Hoy, tenemos una batería de causas que se abren sin indicios sólidos, instrucciones sin base penal, que ocupan portadas (ya sabemos cuáles) y rellenan tertulias. Son causas que sirven para deslegitimar a ciertos partidos y construir falsas acusaciones que terminan diluidas en el archivo. Causas para que algunos comparen ‘Gürtel’, la matrioska madre donde caben casi todas las corrupciones del PP en las dos últimas décadas, con ‘Neurona’, que acabará seguramente en una falta administrativa por facturas mal tramitadas junto al desastre de Podemos con sus trabajos de campaña.

A Manuel García Castellón —también da para columna propia— la Sala de lo Penal le tuvo que ordenar por segunda vez que cejara en su intento de mantener vivo el ‘Caso Dina’ contra Pablo Iglesias. Si por él hubiera sido, el exvicepresidente se habría sentado en el Supremo, desde donde también fue devuelta la causa por la flagrante ausencia de delitos. Y ocurre algo similar con el Poder Judicial, que emite comunicados con reprimendas a quien valora sus actuaciones, pero no se despeina, ni pide explicaciones, tras revelarse las grabaciones de Villarejo citando a más de uno de los suyos.

Desde lejos se ve con más claridad. Este 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el foco está puesto en los jueces de la Corte Suprema. Su manera de interpretar la Constitución pasa por eliminar la protección del aborto y anular las restricciones de las armas con base en una dudosa interpretación de la Carta Magna. Después, recortó la separación entre la Iglesia y el Estado al permitir el uso de fondos públicos en escuelas religiosas y una semana después, limitó el poder del presidente, Joe Biden, para reducir las emisiones en la lucha contra el cambio climático. El sesgo de la Corte Suprema es tan brutal que dinamita el balance y equilibrio inherente de toda Justicia. Y lo que vemos en la distancia en Estados Unidos, se repite en nuestro Poder Judicial. Un debate que no puede esperar al cambio de ciclo y de gobierno. Si no se abre ahora, lo arrastraremos —y sufriremos— hasta no se sabe cuándo.