Hay dos dimensiones paralelas que Pedro Sánchez intenta mantener en equilibrio para que una no sepulte a la otra. Arrancar de una vez la acción política de la coalición y encarrilar el diálogo con Junts hasta que se metabolice como un actor más. La amnistía no se tramita en el vacío, dice Sánchez, supone poner el contador a cero pero no la memoria. Mientras, el gobierno y las cámaras ya están listas para echar a andar. Desde el PSOE y Sumar, porque Yolanda Díaz, con una hábil discreción, ya ha tomado las riendas dejando caer a Podemos. Una frase lo resume bien: Pablo Iglesias leyó Juego de tronos, Díaz fue quien lo entendió.
La estrategia de tierra quemada de la oposición será lineal y sin matices. Es la última bala de Feijóo después del 23-J. La nueva dirección y la elección de los portavoces responden a dos objetivos. Feijóo hace de su debilidad un intento de fuerza y se protege de su ala más dura metiéndoles dentro. Si no puedes con ellos, sé ellos. Intentar comerse a Vox con las formas de Vox. Por delante, el PP se mantendrá en la dialéctica de la ruptura, la hiperbólica dictadura y la doble vara de medir en Europa.
El PP aceptará las indicaciones de las instituciones en Bruselas sólo cuando le favorezcan. Esta semana hace diez años que los vocales del CGPJ juraron sus cargos bajo el ejecutivo de Rajoy. Hoy llevan cinco años con el mandato caducado y una mayoría —ocho de ellos— amotinados en sus cargos. El comisario de Justicia europeo acaba de exigir una vez más que se renueve primero y se reforme el sistema de elección después. Secuestro y lawfare, lo ha llamado Sánchez en la Cadena SER. Feijóo, que exige respeto al estado de derecho en Bruselas, no aclara por qué pide ayuda a la Comisión para después no cumplir con sus exigencias en materia judicial. O qué hará el PP si la Comisión Europea da el visto bueno a la amnistía en respuesta a la ofensiva del Help Spain lanzado por el grupo popular. Si Europa no ve ninguna vulneración de derecho en la ley, lo coherente —e improbable— es que el PP aceptara la posición de las instituciones europeas.
El éxito a corto del ejecutivo pasa por conseguir relanzar la agenda de gobierno para no estar respondiendo al mantra de un Junts empotrado en La Moncloa controlando la nave de mandos
Pasado el registro de la ley de amnistía y su puesta en marcha de su tramitación parlamentaria, lo que más desgasta al gobierno son las reuniones en Ginebra, mediador mediante. El PSOE asegura que ha puesto transparencia al diálogo desde que firmó el pacto con Carles Puigdemont el pasado 9 de noviembre a las 3 de la madrugada y a las 11 de ese día respondieron en rueda de prensa. Este fin de semana, insisten, hicieron lo mismo. A la hora y media de terminar la reunión en Suiza, comunicaron el nombre del diplomático salvadoreño que acompañará a ambos partidos en una mesa con visos de mantenerse en el tiempo en reuniones mensuales.
De los tres niveles de intermediación, del relator al mediador y el verificador, éste último es el tipo menos intrusivo en la organización de la Fundación Henri Dunant. Lo previsto es que el diplomático Francisco Galindo levante acta de lo hablado y dé fe de los acuerdos, con capacidad pública de afearlo si no se cumple. El PSOE quiere poner “luces largas” en un diálogo que aborda cuestiones de fondo. Más allá de las transferencias y el referéndum anclado en la Constitución, dicen quienes van a tener que ir y venir a Ginebra en los próximos meses, debería servir para arreglar desafecciones.
Y a nadie se le escapa, para mantener el gobierno. La fuerza de la coalición se medirá por cómo legisle el ejecutivo por encima de la amnistía y el malestar que produce fuera de Cataluña. Por delante está la intención de aprobar en diciembre vía Consejo de Ministros un decreto ómnibus que recupere y mantenga ayudas al transporte, subida de pensiones y salarios a funcionarios, mantener el frenazo a los desahucios para los más vulnerables y sumar a esto el subsidio de desempleo que enfrenta a Trabajo y Economía, con Pedro Sánchez escorado en este asunto hacia la posición de Yolanda Díaz.
Las grandes reformas por delante tienen que ver con lo laboral, con el sistema de financiación autonómica y la reforma fiscal. Para empezar, la reducción de jornada sin bajada salarial es un pacto estrella de la coalición que se abrirá el próximo año. Se ha adelantado la negociación de la subida del SMI. Es una clave importante cómo la CEOE asistió a la toma de posesión de Yolanda Díaz y a las pocas horas estaba presentando una propuesta de subida. Su presidente, Antonio Garamendi, ha dejado de lado los comunicados contra el pacto PSOE-Junts priorizando las materias que competen a la clase empresarial.
Con todo, el éxito a corto del ejecutivo pasa por conseguir relanzar la agenda de gobierno para no estar respondiendo al mantra de un Junts empotrado en La Moncloa controlando la nave de mandos de todo el panorama nacional.