Esta vez ambas partes vuelven a coincidir. El ultimátum de Pedro Sánchez para la renovación del CGPJ se cumple esta semana y hay más incentivos para el desbloqueo que para mantener el bloqueo del Poder Judicial y su deterioro por falta de renovación y de neutralidad de los vocales elegidos hace nueve años por el PP. El pacto ‘inminente’ puede deberse más a la aceleración informativa de Madrid que a un acuerdo en cuestión de horas. Pero esta vez, PP y PSOE, dan por hecho que lo habrá. Hay cuatro motivos fundamentales.

El más inmediato es Europa. El informe anual sobre el Estado de Derecho, previsto para junio y retrasado a julio, da al Gobierno unas semanas extra para acordar la reforma. Es muy probable que no entre la Ley de Amnistía —si acaso la cuestión procedimental— y el reproche más severo sea por la reforma del Consejo. Durante todo el año, eurodiputados de distinto signo reconocían que el CGPJ preocupa en Bruselas tanto o más que la amnistía, una ley de la que nadie habla salvo cuando el PP lleva el debate. Los populares metieron a la Comisión en la mesa de negociación con argumentos similares a los de Carles Puigdemont para reunirse en Suiza con Santos Cerdán. Después, ignoraron al comisario Didier Reynders, que instó a la renovación y después a la reforma. Ahora, la sustituta y mediadora Věra Jourová ha exigido una propuesta cerrada si Esteban González Pons quiere repetir la foto junto a Félix Bolaños.  

Más allá de Bruselas, el liderazgo de Feijóo tiene que coger peso y forma. El hermanamiento de Ayuso con Milei ha dejado al PP nacional en una situación muy incómoda donde el presidente del PP guarda silencio. Son ya cinco días sin apenas declaraciones ni responder a los medios. Al no tener garantizado cuándo termina la legislatura, mantener el bloqueo sine die —después de acudir a la mediación de Europa— es una opción muy arriesgada para su imagen. Renovar el CGPJ es también un gesto de moderación, la seña de identidad con la que Feijóo quiso llegar a Madrid, tomar las riendas de un partido donde Ayuso y los barones parecen mover al partido con más facilidad que la dirección de Génova 13. Los resultados de las europeas son un motivo más para que el PP rectifique. Porque cuando más duro es su discurso, más votos tiene Sánchez —en detrimento de Sumar—, y más se consolida VOX mientras nace otra marca más ultra todavía.

Feijóo tiene que resolver el dilema este verano. O desbloquea o cronifica la gangrena del Poder Judicial y su deterioro

Pero el PP necesita una pista de aterrizaje para salir del bloqueo. Se baraja una reforma donde las asociaciones cojan más peso sin salir de la elección de las Cortes. Un movimiento que la derecha pueda vender como refuerzo de la independencia judicial. La reforma no saldrá del sistema parlamentario, apuestan progresistas y conservadores. Nadie romperá la tentación de control.

Como apuntan desde la judicatura, los nombres no plantearán mucho problema, ya estaban cerrados en 2022, cuando Feijóo dio al traste con el acuerdo a horas de firmarlo. El ala más radical del partido tiró de su brazo y ganó. Ahora las tensiones son similares, con Ayuso tachando la renovación de ‘golpe a la democracia’ y jueces en redes sociales pidiendo continuar el bloqueo tendrá que resistir o elegir sucumbir por enésima vez. 

Hay otro motivo de peso menos visible. El PP tiene cada vez más presión de la propia judicatura conservadora para desbancar a los vocales actuales con el mandato caducado hace cinco años. El tiempo pasa para todos y el bloqueo ha cerrado toda posibilidad de promoción profesional. Numerosos miembros aspiran a ocupar un puesto de peso en el Supremo o a presidir una Audiencia Provincial. De ahí que hasta en la conservadora APM hay un sector a favor del sistema parlamentario y el desbloqueo. Y luego están el resto de organismos y la necesidad del PP de ir colocando pesos del partido. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo señala y lo vincula con el Banco de España, la CNMC y la CNMV.

Feijóo tiene que resolver el dilema este verano. O desbloquea o cronifica la gangrena del Poder Judicial y su deterioro. Los datos de la encuestadora Simple Lógica señalan que un 60% de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en los jueces. La descomposición de la credibilidad tiene muchos factores. Entre ellos, los posicionamientos políticos y carentes de neutralidad de miembros de ese CGPJ caducado. De unos vocales que, lejos de ser prudentes por un mandato más que caducado, se han posicionado en la línea del partido que los puso. Lo han hecho con la ley de amnistía y han entrado al barro político posicionándose en contra de Pedro Sánchez. El dilema de Feijóo se despejará pronto. Las consecuencias permanecerán en el tiempo.