La consulta participativa del 9-N era algo más que un "sucedáneo" o un acto de "processisme". El aparato del Estado se movilizó hasta límites desconocidos en la democracia española reciente, al extremo de intentar fabricar pruebas para incriminar a los líderes independentistas. Desde los años de la guerra sucia contra ETA no se había puesto de manifiesto nada parecido a lo que revela –valga la redundancia– la revelación de las conversaciones entre el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, candidato eterno del PP por Barcelona, y el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, cuya ejecutoria lo inhabilita para continuar en el cargo ni un minuto más.

A esta hora, el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, se ha limitado a poner a su ministro a los pies de los caballos asegurando que él se enteró el martes, al estallar el escándalo en el periódico digital Publico.es. Un escándalo obviado en las portadas de los grandes diarios de papel españoles esta mañana y minimizado en las grandes cabeceras catalanas. El ministro, en las conversaciones registradas por no se sabe quién, dice todo lo contrario: "El presidente del Gobierno lo sabe", afirmación que pone a Rajoy contra las cuerdas en plena recta final de la campaña electoral del 26-J, como pusieron contra las cuerdas a José María Aznar las mentiras del 11-M el año 2004.

El "proceso participativo" del 9-N ha llevado a los tribunales a un presidente de la Generalitat, Artur Mas, y tres miembros de su gobierno, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, a pesar de la oposición a judicializarlo de la mayoría de los fiscales de Catalunya y del entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Las conversaciones conocidas ahora prueban que había otros objetivos, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras o el conseller Felip Puig.

En la ofensiva de los aparatos del Estado contra el soberanismo no se ha reparado en medios. Al movimiento soberanista, en fin, se le ha intentado vincular desde el mismo Ministerio hasta con el yihadismo asesino. Hay ejemplares de los informes fabricados por la UDEF, o por miembros de la UDEF, en todas las redacciones. En estos informes aparecen incluso personas de altísima relevancia social abiertamente contrarias a la independencia de Catalunya. ¿Cuántos son, en realidad, los investigados por el Ministerio, además de los "sospechosos habituales", señor Fernández? ¿Se puede continuar sosteniendo en los tribunales el proceso contra los "procesistas" una vez conocidas y probadas las maniobras de cloaca que han precedido las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno de Rajoy con el acuerdo de la mayoría de los partidos estatales, PSOE incluido?

¿Se puede seguir sosteniendo en los tribunales el proceso contra los "procesistas", una vez conocidas y probadas las maniobras de cloaca que han precedido las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno de Rajoy?

¿Qué credenciales democráticas puede presentar ahora el Gobierno español ante las decenas de mandatarios y diplomáticos del mundo delante de los cuales ha realizado una intensísima campaña para negar la mayor –la existencia del problema– y desfigurar hasta el extremo una demanda social, la de resolver la cuestión por la vía de las urnas, a la cual dan apoyo, según la última encuesta de La Vanguardia, incluso el 43% de los votantes del PP? Algo huele a podrido en la La Moncloa, y hiede demasiado, ministro Margallo, para reclamarse de según qué títulos ante el mundo.

¿Tiene alguna cosa que decir el jefe del Estado, el rey Felipe VI, después de haberse prestado en todo tipo de actos y discursos a procurar la máxima cobertura institucional a la estrategia –y la ofensiva– desatada por el Gobierno Rajoy contra una demanda mayoritaria de la sociedad catalana? ¿Tienen algo que alegar los medios de comunicación, españoles y catalanes, implicados editorialmente hasta las cejas en la amplificación de esta estrategia de aniquilamiento judicial del adversario político mediante todas las plataformas de "información" al alcance? ¿Qué ley es aplicable, en estos casos, vicepresidenta Soraya?   

¿Quién miente aquí?, es lícito –y necesario– preguntarse otra vez ante las evidencias de la gran conjura urdida por el gobierno del PP contra ERC y CDC y el conjunto de los promotores del proceso democrático catalán, incluidos los 2,4 millones de catalanes y catalanas que participaron en la votación del 9-N, tanto los que votaron sí al Estado independiente, como los que lo hicieron sólo a favor de un Estado catalán como los que libremente votaron en contra. Y, desde luego, los que ni siquiera participaron. Esto también va con ellos. Porque sus derechos son los de todos.