Los datos de la encuesta de usos lingüísticos de la población relativos a 2023 han disparado todas las alarmas. Está muy bien que así sea. Catalunya llevaba unas décadas viviendo plácidamente en el baño maría del engaño colectivo y corría el riesgo de morir de manera inadvertida, como la rana que está dentro de la olla mientras la temperatura del agua va subiendo tan paulatinamente que cuando se da cuenta ya es demasiado tarde y muere hervida. En los últimos años, están cayendo todos los decorados y los catalanes ya estamos casi delante del espejo. No somos la Dinamarca del sur, sino la Nápoles de poniente, con todo lo que esto conlleva. Cuanto antes nos demos cuenta, antes podremos ponernos manos a la obra. En términos generales, la encuesta dice que la mayoría de ciudadanos de Catalunya entiende y sabe hablar el catalán (lógicamente, tras décadas de autogobierno) pero solo la minoría de ciudadanos utiliza la lengua propia de forma habitual. No entraremos ahora en detalles porque todos hemos visto los datos estos días, pero sí podemos poner algunas soluciones sobre la mesa, porque en el debate lingüístico, como en otros casos, hay que venir llorado de casa y con ganas de revertir la situación. El pesimismo y el catastrofismo son los dos carriles de la carretera que lleva a la extinción de la lengua, porque la gente se apunta a lo ganador, no a lo perdedor.

La solución más práctica y eficiente para garantizar la supervivencia y el futuro del catalán es tener un Estado propio. De hecho, es la única solución que ofrece garantías absolutas. Esto lo saben los independentistas y los unionistas y, por tanto, los unionistas que hablan y aman la lengua catalana saben, en el fondo de su corazón, que su proyecto político no garantiza inequívocamente la supervivencia de la lengua catalana. Deben de tener otras prioridades, obviamente. Pero como no sabemos cuándo seremos independientes, mientras tanto hay un montón de cosas que se pueden hacer desde la política y desde las instituciones autonómicas. Hemos estado tan concentrados en hacer Estado que nos hemos olvidado de hacer Nación, y se puede construir país desde el autogobierno. Pongo un ejemplo radical: el catalán debería ser la lengua oficial única de Catalunya, o al menos de la administración de la Generalitat de Catalunya y de aquellos municipios que quieran. No hace falta ser independientes para alcanzar este objetivo, que sería verdaderamente transformador. Hay países que no son independientes donde esto ocurre. Un ejemplo es Quebec, donde, gracias a la famosa ley 101, el francés es la única lengua oficial de la “belle province”. Naturalmente, la administración federal en Quebec es bilingüe, pero toda la administración quebequesa (escuelas, hospitales, policía, medios de comunicación) solo funcionan en francés. Si a alguien no le parece bien, tiene muchos otros lugares de Canadá donde irse a vivir. En Europa existen situaciones similares en Suiza y Bélgica. De los 26 cantones suizos, el alemán es la única lengua oficial en 17 cantones, el francés lo es en 4 cantones y el italiano lo es en un solo cantón. El resto son bilingües o trilingües. En Flandes, como todo el mundo sabe, el flamenco es la única lengua oficial y en Valonia lo es el francés, dejando la burbuja de Bruselas como territorio bilingüe. Unos 80.000 belgas de lengua alemana la tienen como única lengua oficial en nueve municipios. Los estados federales permiten esta flexibilidad y nadie debe extrañarse. Si los socialistas son un partido verdaderamente federal, como reclaman, deberían apostar por la oficialidad única del catalán en Catalunya. Paradójicamente, el castellano podría ser oficial en un Estado independiente, porque el catalán ya no estaría amenazado. El debate sobre la oficialidad única del catalán en Catalunya debe empezar algún día, y más vale que sea pronto.

El catalán debería ser la lengua oficial única de Catalunya; no hace falta ser independientes para alcanzar este objetivo

Sin ir tan lejos, también pueden hacerse muchas cosas si existe voluntad política. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, donde es sabido que importamos médicos y enfermeros de fuera (menos formados y con un conocimiento nulo de catalán) porque aquí no formamos suficientes, y no formamos suficientes porque nadie ha planificado nada durante décadas. Esto comporta una vulneración intolerable de los derechos lingüísticos de los pacientes. Se puede resolver fácilmente formando a más jóvenes catalanes en las facultades de Medicina, incrementando el número de plazas disponibles. Hay muchos jóvenes catalanes que quieren ser médicos o enfermeros, pero no les ofrecemos suficientes plazas, por lo que importamos médicos y enfermeros que no hablan catalán. ¿Somos imbéciles? Sin duda alguna, ya lo decía Joan Sales.

Deben multiplicarse exponencialmente las aulas de aprendizaje para recién llegados; si el propio Govern dice que hay dos millones de personas en Catalunya que quieren aprender la lengua o mejorar su conocimiento, hay que crear dos millones de plazas para hacerlo posible. Los permisos de residencia y de trabajo deberían vincularse al conocimiento de catalán. En resumen; si no entiendes ni hablas catalán al cabo de un período de tiempo razonable, no deberías poder residir ni trabajar en Catalunya. El catalán no debe ser necesario; debe ser obligatorio. Hay que desplegar la inspección académica en las escuelas públicas, concertadas y sobre todo privadas para asegurar que el catalán ocupe el lugar que le corresponde. Quien no cumpla la ley, debe perder la acreditación y el concierto. Los profesores universitarios deben sentirse protegidos legalmente para no cambiar de lengua si su asignatura se imparte en catalán. La lengua de trabajo de la administración (Cos de Mossos d'Esquadra, sanidad, enseñanza, etcétera) debe ser el catalán, al igual que hay multinacionales establecidas en Catalunya que advierten de que el inglés es la lengua de trabajo ordinario. Las empresas privadas que trabajen con la administración deberían presentar sus planes de normalización lingüística y los resultados año tras año; si no lo tienen, no deberían recibir contratos públicos. Y, finalmente, para no alargarme, la discriminación por razón de lengua en la administración debe comportar la expulsión inapelable de la función pública, porque no se puede servir bien a la ciudadanía si se desprecia su lengua.

La próxima semana haré la segunda parte de este artículo, donde veremos qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros (tú incluido).