En principio, que a uno que está endeudado le perdonen una parte de la deuda es buena noticia. Duerme un poco más tranquilo y gana solvencia por si se diera el caso de que necesitara endeudarse más en el futuro. Por lo tanto, independientemente de lo que el banco haga con otras personas endeudadas, a quien le han rebajado la deuda, respira mejor. Hasta aquí la buena noticia de la condonación pactada entre PSOE y ERC para facilitar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.
Las cifras son conocidas de sobra: condonación de la deuda de 17.104 millones de euros, es decir, un 20% de la deuda total de la Generalitat. Las comunidades que reciben menos condonación son el País Valencià y las Illes Baleares, con un 19% de su deuda total. Al frente figuran las Islas Canarias, con un 50%, y Andalucía, con cerca de un 49%. Con entre un 30 y un 40%, Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Para hacer un símil con situaciones económicas reales, imaginemos una gran empresa con múltiples empresas filiales (100% de la grande) que se endeuda en los mercados financieros y cede a sus filiales este endeudamiento a cambio de unos intereses. El titular de la deuda es único: la empresa matriz, la cual otorga la financiación obtenida a las filiales (las cuales, por cierto, si pueden y quieren, pueden recurrir a otras vías de financiarse como por ejemplo yendo directamente a un banco). Si la empresa matriz decide condonar la deuda de las filiales, es un asunto interno de la empresa que no afecta para nada su posición ante los mercados financieros.
Quien sale más beneficiado de ello son el resto de comunidades autónomas
Lo que se hace con la condonación del 20% de la deuda catalana por parte de su empresa matriz (el Estado, que ha operado a través del conocido como FLA, Fondo de Liquidez Autonómica) es decirle "no hace falta que me devuelvas una quinta parte de todo el dinero que te he ido dejando, que así también te ahorrarás sus intereses", que vienen a ser unos 200 millones de euros anuales.
Lo que se ha vendido como una gran consecución tiene su valor, pero el ahorro de 200 millones es casi ridículo en unas cuentas tan grandes como las que tiene la Generalitat. Sin embargo, si uno tiene en cuenta la periferia de la condonación, del terreno de juego en que se sitúa, hay que evitar cualquier triunfalismo. Obviaré los disparates catalanofóbicos con que se viste la operación en el ámbito político y la plantada a la CPFF por parte de los representantes de los gobiernos de las comunidades en manos del PP. Ya se verá si más allá de las gesticulaciones políticas, a la hora de la verdad, estas comunidades renuncian a la condonación, que también podría ser, pero sería difícil de explicar.
En el ámbito catalán, teniendo presente que la condonación de deuda es positiva, creo que se pueden hacer las siguientes apreciaciones:
- Aunque la condonación fuera una condición catalana para investir a Sánchez, resulta que quien sale más beneficiado de ello son el resto de comunidades autónomas, excepto las de los Països Catalans, motor económico de España.
- El hecho de que Catalunya sea de las comunidades con menor deuda relativa condonada (20%, como hemos dicho) quiere decir que su nivel de endeudamiento empeorará con respecto al de las otras comunidades. Catalunya continuará con el 80% de deuda, y Canarias y Andalucía pasarán a tener la mitad.
- En la medida en que las otras comunidades reducirán su deuda más que Catalunya, su ahorro en concepto de intereses será superior (Canarias pagará la mitad de intereses que antes, Catalunya pagará el 80%), lo cual se puede interpretar como una transferencia de solidaridad catalana hacia otras comunidades.
- En línea con la primera consideración, el hecho de que el Estado sea un gobierno "amigo" de Catalunya no ha servido para modificar el comportamiento y el trato histórico de dar café del bueno a quien no lo ha pedido y dar a los catalanes una taza de malta (un sustitutivo pobre del café, hecho a base de cereales).
- Mientras tanto, la madre de todos los huevos, un sistema de financiación injusto, arbitrario y opaco, está caducado desde el 2014, y esto no hace enrojecer a nadie.
No hay manera. Las relaciones económicas del Estado español con Catalunya continúan como siempre. Pasan las décadas, las dictaduras, nos hacemos demócratas y descentralizadores, pasan los gobiernos de derecha y de izquierda y se repite el mismo guion, manda Madrid y Catalunya no cuenta. Solo de vez en cuando, en función de la necesidad del Gobierno de turno, se consigue arañar alguna competencia. La situación actual de debilidad parlamentaria parecía idónea, pero ni así se corrige 1) que Madrid es un proyecto a seguir consolidando, 2) que hay que tratar bien algunos territorios y 3) que Catalunya es una mina que se gestiona discrecionalmente. Y así, de manera repetitiva, quedamos en fuera de juego.
Todo ello, una iniciativa o exigencia catalana como la condonación de deuda, el Estado la reinterpreta en beneficio de los otros, eso sí, respetando el compromiso con los catalanes. No es que el Estado sea malo, es que los catalanes son inocentes en no anticipar un comportamiento que la historia demuestra que es esperable. Con todos los respetos, parecemos especialistas en conseguir cosas buenas... para los otros. Para hacérselo mirar. Diría que a nuestros políticos les iría bien algún cursillo en el País Vasco.