Esquerra. Mientras Gabriel Rufián dice que Esquerra apoya al gobierno de España porque por encima de ser independentistas son demócratas, diputados en el Parlament de Catalunya del partido republicano dicen en las redes que esta crisis la han provocado ellos. La crisis institucional que vive el Estado no ha sido motivada por la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación, sino por el intento de modificar la composición de organismos judiciales que cuentan con miembros caducados desde hace años. Es fácil pensar que para hacer esta frase Rufián se ha inspirado en David Cameron, primer ministro británico durante el referéndum por la independencia de Escocia, quien dijo: “Podría haber prohibido el referéndum, pero soy un demócrata”. En esa comparación se supone que Rufián sería el escocés y no el británico. Pero más allá de esto, lo relevante es que Cameron tenía un plan. Meses después dijo: "El debate de independencia de Escocia ha terminado por toda una generación o quizás para siempre". En su trayectoria de político profesional en Madrid, Rufián ha incumplido una promesa: dimitir en 18 meses; y ha cometido dos errores graves: menospreciar la importancia de utilizar el catalán y blanquear al PSOE. ¿Cuál es el plan?
La crisis institucional que vive el Estado no ha sido motivada por la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación, sino por el intento de modificar la composición de organismos judiciales que cuentan con miembros caducados desde hace años
Junts. Ahora que el PSOE ha decidido poner contra las cuerdas al poder judicial y, para ello, ha utilizado argumentos que ya había utilizado el independentismo en 2017, se ha echado de menos una reacción política independentista. El año 2023 empezará con actividad judicial contra el independentismo. Quizás en enero contra el exilio, en febrero con el inicio del juicio a Laura Borràs, en marzo la repetición del pleito contra la mesa del Parlament. Argumentos para prepararse no faltan. Argumentos y acción. Esta semana ha coincidido con pleno en el Parlament. Un parlamento que ha sufrido la represión de ese mismo poder judicial que ahora cuestiona el gobierno de España. Quizás era un buen momento para reabrir debates vetados.
Sánchez (no el PSOE). ¿Ha sido realmente un error de cálculo introducir la reforma de elección de los magistrados a través de una enmienda en el Código Penal? Para saber el riesgo que corría sólo debía consultar a su ministro de Cultura. Ya que Miquel Iceta tiene experiencia en acudir al TC para que prohíba debates en cámaras legislativas. Sus compañeros de manifestaciones unionistas con los que se hacía fotos ante el Constitucional no parecían tan malvados hace sólo unos años. El ejecutivo español tiene clara la agenda política de 2023: las elecciones municipales y la presidencia de turno europea. Convocar elecciones de inmediato no parece lo más indicado. Los próximos movimientos darán pistas sobre sus intenciones.
El Estado (el franquismo). La Corona, la cúpula del sistema judicial y sus empleados: PP, Vox y buena parte del PSOE, así como toda su maquinaria mediática de propaganda no han dudado en nada. Con las cosas de comer no se juega. Ya lo dijo Rubalcaba: “Cueste lo que cueste”.
El resumen de todo ello es que ha quedado la sensación de que ha pasado algo muy gordo, pero que se ha suavizado rápidamente porque a nadie le apetecía mucho que ocurriera algo muy gordo. Sobre todo porque, menos a los de siempre, al resto les ha pillado algo distraídos.