Esta semana nos ha regalado hechos que bien nos sirven para analizar qué sucede cuando se traspasan los límites de la ética, del respeto, y más allá, del conocimiento del Derecho, que son las normas que rigen para que podamos vivir conviviendo dentro de un margen de garantías.
Estoy pensando en dos hechos totalmente diferentes pero que finalmente, convergen en una misma idea: la necesidad de conocer para poder opinar de una forma legítima.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, participó en un programa sobre feminismo organizado por Unidas Podemos y durante una de sus intervenciones, entre carcajadas e ironía, abordó la salida de violadores de prisión de una manera que ha suscitado una avalancha de críticas e incluso, la petición de su dimisión o cese. Después del aluvión de críticas que ha recibido, su primera reacción -y la de su entorno- fue "culpar" a todo aquel que hubiera malinterpretado sus palabras, su tono, y "sacado de contexto" su intervención. Una burda excusa del mismo nivel de las que usan los niños para inventarse el por qué no han hecho los deberes acusando a su perro de habérselos comido.
Pretendían convencernos, una vez más, los de Podemos, de que si la pata la han metido ellos, en realidad es culpa tuya por no entenderlo bien, por dejarte manipular por la "extrema derecha" (ese fantasma tan socorrido que siempre se come sus deberes) y que todo lo que suponga una crítica hacia ellos es un bulo. El problema es que, de tanto ir el cántaro a la fuente, se les ha roto. Ya no cuela pasarse la vida acusando a los demás de tus meteduras de pata. Hace falta responsabilidad, y estar a la altura del cargo que se ostenta. Cosa que, en mi opinión, Rodríguez no demuestra.
El episodio más reciente es el de las disculpas de Ángela. Que se ha escudado, nuevamente, en la manipulación del vídeo en cuestión, queriendo una vez más forzar la realidad para hacernos creer que lo que hemos visto que ha dicho, está sacado de contexto. Y no: porque el tono jocoso, de cachondeo, quitándole importancia a la enorme chapuza que, desde su ministerio de Igualdad, han cometido con la ley del "solo sí es sí", no puede ni debe ser menospreciado. El error que han cometido es gigante y la responsabilidad es suya, como legisladoras, al haber desoído las advertencias de los distintos organismos e instituciones que les avisaron de lo que podía suceder y finalmente ha sucedido: la aplicación de la nueva norma, más beneficiosa que la anterior, que permite la rebaja de condenas impuestas y, en su caso, la salida anticipada de delincuentes sexuales de prisión.
No, no es culpa de los jueces machistas, a quien, según Ángela y sus colegas del ministerio de Igualdad se atribuye la responsabilidad de dejar sueltos antes de tiempo a estos monstruos. La responsabilidad es de quien legisla permitiendo que la ley contemple un margen más beneficioso. O sea: las responsables son ellas. Por mucho que una vez más, intenten acusar a los jueces machistas de comerse los deberes.
La responsabilidad es de quien legisla permitiendo que la ley contemple un margen más beneficioso. O sea: las responsables son ellas. Por mucho que una vez más, intenten acusar a los jueces machistas de comerse los deberes
Rodríguez ha soltado unas disculpas tibias, que no son disculpas en realidad. Una vez más, escurriendo el bulto de su responsabilidad y de su falta de humildad para reconocer que el puesto le viene quedando grande. Porque cuando una se mete en el charco de legislar, lo adecuado sería saber, al menos, un poquito de leyes. Unas nociones básicas de Derecho para que no te pases la vida echándole la culpa a los jueces y a cualquiera de lo que es responsabilidad de tu ministerio y del gobierno donde se ha creado la modificación de la norma.
El problema, en mi opinión, radica en el hecho de que la ideología, o más bien las ideas peregrinas, nublan la capacidad de razonar desde el marco técnico y legal existente. La prepotencia de quien llega a un cargo de poder sin ser consciente de la responsabilidad que implica. El destrozo, en definitiva, de moverse siempre en bandos, en lugar de asumir de manera honesta que en un gobierno se debe ampliar la mirada y gestionar para todos, piensen como piensen.
Podría pensarse que la cuestión clave se encuentra en este caso en que una política con responsabilidad de gobierno carece de formación en Derecho y que, por ello, se columpia, entre carcajadas que son fruto de la ignorancia más atrevida.
Sin embargo, tenemos una situación similar, aunque a la inversa. Un juez, a quien se presume un conocimiento de nivel experto del Derecho, que se toma la licencia de interpretar las normas llegando a inventárselas. Sin margen posible legal, sin base material para sacar las conclusiones que saca. Pero con una capacidad creativa que le permite redactar un auto de procesamiento en el que sus análisis y conclusiones han hecho saltar las alarmas del Gobierno y de la Fiscalía.
Decía que en este caso de Llarena pasa lo mismo, pero al revés, puesto que, en su caso, es el juez quien se pasa de frenada metiéndose en el barro de la política, chapoteando hasta llegar a rozar la figura de legislador. Sí, Llarena, con su capacidad creativa, se ha puesto a interpretar la ley de tal manera que pasa casi a legislar a través de sus autos.
En el caso de Llarena pasa lo mismo, pero al revés, puesto que, en su caso, es el juez quien se pasa de frenada metiéndose en el barro de la política, chapoteando hasta llegar a rozar la figura de legislador
La increíble manera de interpretar el delito de malversación podría entenderse precisamente como una atribución que se arroga el juez instructor que sobrepasa sus funciones: la de analizar unos hechos y reconocer qué tipo penal se identifica con ellos.
El problema que Llarena tiene entre las manos posiblemente sea, a tenor de lo sucedido durante los últimos años en su ámbito jurisdiccional, es que posiblemente se quiera imponer condena a unas personas determinadas a pesar de que los hechos no encajen en ningún tipo delictivo. Y de este modo, se haya tratado de meter en el traje de la rebelión, después de la sedición, ahora de los desórdenes públicos y finalmente de la desobediencia lo ocurrido en octubre de 2017. Como ese zapato de la cenicienta que no encajaba, Llarena parece estar buscando el pie de la joven a la que le encaje el zapato.
Llarena descarta el delito de desórdenes agravados. Y saltan las alertas. La Fiscalía anuncia ahora que posiblemente recurra ese escrito de procesamiento. El Gobierno, a su vez, apunta a Llarena y le dice que no se meta en política. Un sindiós, en definitiva, que nos debería preocupar a todos, independientemente de las ideas políticas que tengamos.
Tenemos a una secretaria de Estado que legisla sin saber y que se descojona analizando las consecuencias de sus tremendos errores.
Tenemos a un juez que redacta inventándose la ley.
Tenemos a un Gobierno que se pasa el día encendiendo y apagando fuegos, exigiendo a su Secretaria de Estado que se disculpe, lamentando la aprobación de una ley mal hecha, y señalando a jueces para que dejen de pervertir el Derecho.
Un totum revolutum donde vale todo, según parece. Y como decía al principio, cuando estamos ante semejante perversión de los papeles y responsabilidades, al final, no vale nada.