El Govern de Catalunya ha presentado en el Parlament el proyecto de presupuestos del 2020, con la esperanza y, al mismo tiempo, la confianza de que encontrará los apoyos suficientes. Los últimos son del 2017. Desde entonces, hemos vivido de prórrogas, situación que dificulta el buen funcionamiento del Govern. Las principales consecuencias son, sin embargo, externas: se obstaculiza la actuación pública a favor del país, de la gente, de las empresas.

No son, ciertamente, los presupuestos que habría hecho JxCat si gobernara sola. Las alianzas políticas comportan aproximaciones y no es malo que sea así. De todos modos, su principal handicap es que son incompletos: hasta que las instituciones catalanas no lo gestionen todo, hasta que no seamos República, no podremos hacer los verdaderos presupuestos del país.

Centrándonos en el Departament de Territori i Sostenibilitat, las asignaciones aumentan un 15,2% respecto del 2017 y se organizan en cuatro ejes de prioridades políticas:

  1. Derecho a la vivienda. 431,3 millones de euros, un 34,7% más. Fundamentalmente, serán recursos para facilitar el acceso a la vivienda. No lo podemos desvincular del decreto-ley que ha convalidado el Parlament. Nuestra obsesión es que las personas puedan acceder a una vivienda digna. Es un derecho propio de una sociedad decente. Y queremos serlo. Por eso, exploraremos constantemente iniciativas y medidas que nos permitan corregir los problemas actuales.
  2. Movilidad sostenible. 2.539,6 millones de euros, un 10,1% más. El protagonista es el transporte público. Nos encontramos en una época de cambio, hacia vehículos más limpios y más autónomos y hacia una opción preferente por el transporte colectivo y la micromovilidad. Es la única manera de devolver la calidad del aire a nuestras ciudades y de recuperar el espacio público para usos que nos aporten más bienestar y calidad de vida.
  3. Políticas ambientales. 902,7 millones de euros, un 33,4% más. Por una parte, reforzaremos la protección del medio natural y la biodiversidad. Lo hacemos por nuestra responsabilidad como especie dominante, por nuestra estima a los paisajes que configuran el país y porque, aunque no nos damos cuenta lo suficiente de ello, el medio natural nos presta muchos servicios económicos. Por la otra, actuaremos contra nuestras externalidades ambientales: en el aire, en el agua, los residuos. Si no las gestionamos bien, ponemos en riesgo la salud y la calidad de vida. Lo tenemos que evitar en todo lo nuevo y corregir en todo lo viejo.
  4. Cohesión territorial. 616,1 millones de euros, con un 2,2% más. Contribuiremos con infraestructuras, con movilización de terrenos para actividades económicas y con planificación de los usos del territorio. El presupuesto sustenta las dos primeras, pero se alimenta de la tercera. Además, revolucionaremos esta planificación a través de la Agenda Urbana de Catalunya, un nuevo enfoque con una inclinación buscada hacia criterios sociales y de sostenibilidad.

¿Tendremos suficientes recursos para hacer todo lo que convendría hacer? No. Tenemos una realidad que nos es desfavorable, tanto por el abusivo déficit fiscal como por un excesivo incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de demasiada gente; en algunos casos gracias a leyes que favorecen la deslocalización fiscal ―pagar los impuestos en un lugar diferente de donde se obtienen los beneficios― y otros por actitudes ilícitas de evasión fiscal o dinero negro.

De todos modos, con este presupuesto estaremos en mejores condiciones para cumplir nuestras obligaciones y, sobre todo, para hacer avanzar nuestro modelo de país. Con él, haremos política social, económica y climática.

Luchar por más vivienda asequible, por un transporte público más accesible y con más oferta, por unas ciudades más humanas... es política social de primera división. La hacemos y la seguiremos haciendo hasta que alcancemos la sociedad más equitativa que anhelamos.

La ordenación del territorio, la inversión en infraestructuras y sobre todo su gestión eficaz, las políticas de suelo, la regeneración del agua, el soporte a la logística y la atención de los sectores empresariales vinculados al territorio y la sostenibilidad son política económica, de generación de riqueza, de impulso de la prosperidad, que la queremos mejor compartida por el conjunto de la sociedad.

Y ponemos fin a la antigua esquizofrenia de las políticas territoriales hacia un lado y las ambientales hacia el otro. Todas irán en la misma dirección: la de hacer un país cada vez más sostenible y más cohesionado socialmente, un país más comprometido con la acción climática y dispuesto a formar parte de la vanguardia mundial en la configuración de un modelo económico que nos proporcione prosperidad y bienestar sin escatimarla a las generaciones futuras.

 

Damià Calvet es conseller de Territori i Sostenibilitat