El próximo jueves, 7 de marzo, vence el plazo para que la comisión de justicia del Congreso valide el dictamen sobre la ley de Amnistía que el "no" de Junts durante el trámite anterior en la misma Cámara Baja española impidió que se aprobara definitivamente. Se han hecho interpretaciones de todo tipo sobre si Junts se equivocó o no con su negativa previa; también, sobre si el PSOE se podría haber ahorrado o no la inclusión del terrorismo en el texto, incluso como excepción de la excepción —se amnistiará el terrorismo siempre que no afecte a derechos humanos—. Pues bien: desde la Segunda Guerra Mundial se han sustanciado en países de Europa más de 50 procedimientos de amnistía y ninguno de ellos ha excluido el terrorismo, incluida la amnistía de 1977 en España, que impulsó la Transición, o la reciente amnistía aprobada en el Reino Unido para todo el mundo que quedaba por amnistiar del proceso de paz de Irlanda del Norte, es decir, miembros del IRA y del ejército británico con delitos de sangre. Algo que ha indignado a casi a todo el mundo en la oposición británica, laborista, en la República de Irlanda —que ha impugnado la ley en los tribunales europeos— e, incluso, a la presidencia de Estados Unidos. Fijémonos en este caso, porque permite entender algunas cosas en el caso de la amnistía, según parece de aprobación inminente, para los líderes del procés independentista catalán.

La ley de amnistía británica para los condenados por crímenes en el conflicto de Irlanda del Norte, impulsada por el gobierno del conservador Rishi Sunak, es una ley de punto y final para terroristas del IRA y represores del ejército británico que se parece poderosamente a la ley española de amnistía de 1977. El texto aprobado por las Cortes constituyentes amnistió mayoritariamente a presos políticos, y permitió a los aparatos de la represión franquista controlar la Transición hasta el punto de salir impunes y cerrar a cal y canto toda vía para una causa general contra el régimen de Franco. Basta con recordar el caso de Salvador Puig Antich, de cuya ejecución ahora se cumplen 50 años. Todavía hoy, nadie —ninguno de los policías, militares, jueces y políticos que lo detuvieron, encarcelaron y condenaron al garrote vil— ha pagado por la injusticia cometida, ni parece que lo tenga que hacer.

En lo que no se parece, en nada, la ley de amnistía británica a la que negocian el PSOE, Junts y ERC para los independentistas encausados por el 1-O, es en aquello que incluye, el terrorismo y los delitos contra los derechos humanos, que es justamente lo que los socialistas españoles vetan. Sucede, sin embargo, que, además de la letra de la ley, existe una diferencia abismal entre el caso norirlandés y el procés catalán. Y es, precisamente, que aquí sí que se pretende incluir el terrorismo como excepción, cuando todo el mundo sabe, como reconoce el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aquí no ha habido terrorismo. El independentismo catalán en ningún caso ha provocado los 3.500 muertos que sí que se han producido en el conflicto norirlandés, ni tampoco los más de 800 provocados por ETA durante sus años de actividad armada. O los 192 causados por el yihadismo en los atentados del 11 en Madrid de 2004, hace 20 años, o los 16 de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils de 2017. Ni tampoco tiene nada que ver la quema de contenedores en el centro de Barcelona o el intento de ocupación del aeropuerto de El Prat dentro de las protestas contra la sentencia del 1-O con dos décadas largas de kale borroka o violencia callejera en Euskadi, controlada por ETA, que causó daños por valor de miles de millones de euros.

Ergo la situación creada es de manual: el aparato judicial ha aprovechado el despiste del PSOE con la inclusión del terrorismo en la amnistía como excepción para construir una imputación de terrorismo contra el president Carles Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg en el sumario del Tsunami. Una imputación que, de entrada, ha validado el Tribunal Supremo sin inmutarse. Es cierto que también lo podría haber hecho con la amnistía aprobada. Pero ahora gana un tiempo de oro en la perspectiva de un eventual retorno de Puigdemont en la campaña de las elecciones europeas de junio con la amnistía publicada en el B.O.E.

Lo que evitaría la amnistía —que Puigdemont pudiera ser detenido si regresa— lo vuelve a dejar en el aire la resolución del Tribunal Supremo en la que se le investiga por terrorismo

En el peor de los casos, es decir, si la imputación sale adelante, Puigdemont podría ser reclamado por "terrorismo" a la justicia europea, se tendría que tramitar su suplicatorio en el Parlamento Europeo si siguiera siendo eurodiputado y, si finalmente es entregado a España, juzgado y condenado... podría acabar siendo amnistiado. O indultado, como sugirió Alberto Núñez Feijóo. Pero hasta llegar aquí, si es que se llega, la judicatura española, juramentada pública y notoriamente contra la amnistía, habrá logrado detener un retorno de Puigdemont a Catalunya como ciudadano plenamente libre. Lo que evitaría la amnistía —que Puigdemont pudiera ser detenido si regresa— lo vuelve a dejar en el aire la resolución del Tribunal Supremo en la que se le investiga por terrorismo. En pocos lugares como en España, los jueces manejan —y manosean— los tempos de la política, incluida la agenda electoral.

¿Amnistía sin Puigdemont? En la práctica, muy probable. La ley de amnistía será perfectamente constitucional y homologable en Europa, como ha reconocido la comisión de Venecia. Pero eso se la trae al pairo a la judicatura sublevada en defensa de la patria (la suya), los que la animan desde los escaños en los que, lejos de servir al interés de unos cuantos, deberían servir al de todo el mundo (al de Puigdemont, también) y los que braman a puerta cerrada en los grandes despachos y consejos de administración (estos, porque no soportan a Pedro Sánchez). Porque no soportan a Pedro Sánchez, por eso tampoco quieren que Puigdemont salga amnistiado, al menos en el primer turno. De hecho, la amnistía del 77 fue una ampliación de la del 76, y, entonces sí, ya no hubo marcha atrás. En todos los sentidos de la expresión.