"Si se prohíbe ser candidato a Lula, sería un fraude". Es el título de la entrevista al expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con que el diario El País abría la portada de papel este viernes. El día 24, un tribunal resolverá si el emblemático líder brasileño puede presentarse a las próximas elecciones -es el favorito en las encuestas- después de haber sido condenado por corrupción a 9 años de prisión. "El problema no es Lula. El problema es de democracia", declara. Sí, lo han leído bien, el entrevistado es Lula, no Carles Puigdemont. Aunque hay diferencias bastante importantes entre la situación judicial y política de cada uno de ellos, también hay muchas semejanzas, aunque se traten de políticos situados en las antípodas ideológicas.

El Gobierno y los aparatos judiciales del Estado español trabajan a toda máquina con el fin de impedir que el 130º presidente de la Generalitat de Catalunya, exiliado en Bruselas -si vuelve al Estado español será detenido-, sea (re)investido. Se le prohíbe -aunque el reglamento del Parlament no explicite nada sobre la cuestión- una investidura a distancia, telemática o por delegación. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya ha advertido verbalmente al flamante presidente del Parlament, Roger Torrent, sobre las consecuencias de permitirlo. La diferencia con Lula radica en el hecho que el presidente catalán no solo se ha podido presentar a las elecciones, de acuerdo con las leyes españolas, sino que es diputado electo del Parlament de Catalunya y su candidatura a la reelección es la que reúne más apoyos de la Cámara, una mayoría absoluta de 70 diputados. No hay candidato alternativo al independentismo -lo cual Inés Arrimadas ha podido comprobar con dolor- no por culpa de los comuns sino porque el unionismo no suma ni habiendo escaños vacíos de presos y exiliados. El unionismo, que sufrió una derrota severísima el 21-D que explica claramente donde estamos, ni siquiera ha conseguido la presidencia del Parlament, a pesar de que los independentistas han tenido que jugar el partido con cinco diputados menos, los 5 de Bruselas, y 3 encarcelados que solo han podido votar por delegación, previa autorización judicial, pero no participar en la sesión.

La segunda gran diferencia, capital, entre los casos de Puigdemont y Lula, descansa en el hecho de que el político gerundense no ha sido condenado por ningún tribunal y ni siquiera ha sido juzgado. Sobre él y los 4 miembros de su gobierno también exiliados en Bruselas pesan, ciertamente, una orden de detención em España por 5 presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Pero pasa que el juez Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención para evitar que la justicia belga restringiera los presuntos delitos por los cuales Puigdemont podría ser juzgado. Esto, y una más que probable negativa belga a la extradición de Puigdemont, habría dejado España y su justicia "constitucional" en situación de ridículo internacional.

Lula es brasileño y de izquierdas; Puigdemont es catalán y de derechas. Por eso, uno puede abrir la portada de 'El País', mientras al otro se le destroza en el editorial, aunque ambos piensen y digan lo mismo

La tercera gran diferencia es que Lula, presidente del Brasil entre el 2003 y en el 2010 es un icono global de la izquierda, aunque el líder del Partido de los Trabajadores dejó de ser un revolucionario hace mucho tiempo, como demostró durante su etapa presidencial, mientras que Puigdemont es un "separatista-supremacista catalán" que ha "huido" de la justicia -aunque, cuando marchó a Bélgica, no pesaba ninguna orden de detención contra él-. Lula es brasileño y de izquierdas; Puigdemont es catalán y de derechas. Por eso uno puede encabezar la portada de El País, mientras al otro se lo destroza en el editorial, aunque ambos piensen y digan lo mismo.

El problema, afirman Lula y Puigdemont, es de democracia. Y la pregunta hay que formulársela a la izquierda catalana -y española-. ¿Qué harían Miquel Iceta y Xavier Domènech ante el caso de Lula? ¿Le darían apoyo para que pudiera participar en las elecciones como personalidad de izquierdas presuntamente víctima de una justicia injusta que lo ha condenado, como él mismo dice, "por una decisión política"? ¿O bien se lavarían las manos? ¿Serían capaces Iceta y Domènech de negarle el pleno derecho a la participación política a Lula tal y como hacen con Puigdemont? Ante el conflicto catalán, la izquierda no independentista, reformista o alternativa, ay, parece tener el mismo problema con la democracia que el neoespañolismo naranja y la derecha cavernaria.

¿Serían capaces Iceta y Domènech de negarle el pleno derecho a la participación política a Lula tal y como hacen con Puigdemont?

El líder de Catalunya En Comú Podem se mantiene en la equidistancia: no dará apoyo a Arrimadas pero tampoco a Puigdemont. El referente estatal de Domènech, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado toda validez a una (re)investidura telemática del president. Y el primer secretario del PSC ha aceptado el voto delegado de los diputados presos -¿acaso porque así lo autorizó el juez?- pero de ninguna manera asume una investidura a distancia de Puigdemont. Ni los comuns parecen capaces de formular un sí de complicidad democrática con Puigdemont -y el resto de exiliados y presos, a los que ni siquiera aplaudió en la sesión constitutiva del Parlamento-, ni los socialistas se atreven saltar la pared del 155 y pedir que el Estado acepte el retorno del president para que -si es investido- pueda tomar posesión. ¿O acaso no es esa la "normalidad" y la "reconciliación" que tanto se invocan?

Ni los comuns parecen capaces de formular un sí de complicidad democrática a Puigdemont ni los socialistas se atreven a saltar la pared del 155

Los comuns todavía se lamen las heridas de su pésima cosecha electoral del 21-D, en que han bajado de 11 a 8 diputados, y la sombra del fracaso se empieza a proyectar sobre las expectativas de Ada Colau de revalidar la alcaldía de Barcelona en las municipales del año que viene. El PSC ha visto cómo sus expectativas de crecimiento electoral se han visto reducidas a la ganancia de un único diputado más -el escaño del democristiano Espadaler, se dice con sorna en ambientes políticos y periodísticos-. Pero la respuesta de los comuns y del PSC al fiasco electoral es perseverar en la estrategia seguida hasta ahora: ponerse de perfil o mantenerse en el bloque del 155, pese a haber sido barrido en las urnas.

A la izquierda catalana no independendentista se la ha echado de menos estas semanas tanto como a los presos y los exiliados. Quizás por eso sorprendió -y escoció- el discurso de Ernest Maragall en la sesión de constitución del nuevo Parlament: porque llenó un enorme vacío. Una gran ausencia en el debate democrático catalán que va mucho más allá de la cuestión de la independencia, aunque haya sido el factor que lo ha evidenciado.

El PSC y los comuns tienen todo el derecho -solo faltaría- a decir no a la independencia, pero eso en ningún caso los debería a autorizar a hacer excepciones con la democracia: si Lula debe poder, Puigdemont también.