El Reino de España -si nada se tuerce a última hora- será uno de los pocos estados plurilingües del mundo que permitirá el uso normalizado, sin restricciones, de las lenguas diferentes de la mayoritaria y única oficial en todo el Estado -y lo subrayo-, en la sede donde, de acuerdo con la ley, reside la soberanía popular, su parlamento, en concreto el Congreso de los Diputados. Es así como catalán, vasco y gallego se podrán emplear a todos los efectos en igualdad de condiciones con el castellano, a pesar de no tener el rango de lenguas oficiales de todo el Estado, sino solo -y en régimen de cooficialidad con la denominada lengua común- en parte del territorio de aquel, las comunidades autónomas respectivas. En el Canadá, por ejemplo, donde hace años que eso sucede, inglés y francés son oficiales en todo el territorio de la federación, aunque, como sabemos, el francés solo se habla en el Quebec. Pues bien, el acuerdo que hará posible la normalización lingüistica de las Cortes españolas 45 años después de aprobada la Constitución, se ampliará también a las instituciones europeas, de manera que catalán, vasco y gallego, a pesar de no ser -insisto- lenguas de Estado, serán oficiales de la Unión. Cabe decir que el irlandés o gaélico irlandés -en grave riesgo de desaparición- es la última lengua europea con oficialidad estatal incorporada al catálogo de la UE. Es pues. un acuerdo muy importante que hace al Estado español más parecido a lo que es desde la vertiente de su pluralidad interna, y que, por ello, tendrían que celebrar también muchos ciudadanos honestamente convencidos que España puede ser un país que valga la pena.

Ahora bien. Una vez más, y como suele suceder con todos los cambios realcionados con la cuestión territorial, es una curdo forzado y con fórceps. Como es sabido, el doble pacto lingüístico permitió desencallar la investidura de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso con el voto de los independentistas Junts per Catalunya, además de los socios habituales del PSOE, y fue impulsado por ERC y -digámoslo así- atado y bien atado por Junts. Sin los votos del partido de Carles Puigdemont ni Armengol sería presidenta del Congreso ni el catalán, el vasco y el gallego habrían visto reconocida su mayoría de edad, negada y denegada cien y mil veces por el secular centralismo lingüístico español y su alergia crónica a la diversidad, en las Cortes españolas y en la UE. Y sin los votos del partido de Carles Puigdemont no será presidente Alberto Núñez Feijóo -a menos que se produzca un golpe de estado interno en el PSOE contra Pedro Sánchez- ni el actual presidente español en funciones tampoco será investido. Ergo el juego es claro como el agua clara: o el PSOE se vuelve a entender con Puigdemont, como se entendió para la elección de la presidenta del Congreso, o -excepto una sorpresa mayúscula de última hora- habrá de nuevo elecciones.

Pero volvamos al doble acuerdo del catalán porque es clave para lo que vendrá (o no). Este pacto evidencia muchas cosas, la primera de la cual es que si se quiere, si hay voluntad política, se puede. Y la segunda, y no menos importante, que el catalanismo, ahora mayoritariamente independentista, puede aspirar a negociar con los partidos españoles, en este caso el PSOE, y cobrar por adelantado. He ahí un cambio de paradigma que -veremos- puede tener un recorrido prácticamente inédito desde el lejano pacto del Majestic de la CiU de Jordi Pujol y Josep A. Duran i Lleida con el PP de José María Aznar, en 1996. Sea como sea, el PNV, que sabiamente ha practicado esta estrategia de negociar con garantías máximas, ha perdido el privilegio y la exclusiva; y ERC ha quedado, en muy buena parte, superada en su estrategia de acuerdos con Sánchez, a menudo interpretada como excesivamente blanda o conciliadora. Una línea negociadora duramente castigada por el electorado republicano en las dos últimas elecciones a pesar del alcance político indudable de los indultos a los condenados por el 1-O y la modificación del Código penal en cuanto a la sedición (derogada) y la malversación que reivindican los de Oriol Junqueras. Por lo tanto - insisto, a reserva de lo que venga-, no es que Puigdemont, a quien los republicanos han dado la bienvenida, se haya incorporado a la vía negociadora de ERC y a la mesa de diálogo con Sánchez: es que Puigdemont ha dado la bienvenida a Waterloo a quien quiera ser investido presidente del Gobierno con la condición de pasar primero por caja antes de votar nada.

Puigdemont no se ha incorporado a la vía negociadora de ERC: lo que ha hecho es dar la bienvenida a Waterloo a quien quiera ser investido presidente del Gobierno con la condición de pasar primero por caja antes de votar nada

Otra cosa es si Puigdemont podrá aguantar la posición y reproducir el modelo del doble pacto del catalán -que se empezará a aplicar en la sesión de investidura de Feijóo, el 27 de octubre-, es decir, las garantías de cumplimiento efectivo de los acuerdos y su verificación, con respecto a la amnistía y el resto de condiciones previas para una negociación de investidura con Pedro Sánchez explicitadas en su conferencia de Bruselas. Puigdemont tiene la sartén por el mango pero se puede quemar la mano si, cuando sea el momento decisivo, no rebaja el fuego: una repetición electoral, que podría dejar el PP y Vox cerca de la mayoría absoluta, le juega más en contra que a favor. De la misma manera, Sánchez sabe que es ahora o nunca y tendrá que ser sí o sí con amnistía o lo que más se le parezca.

En cualquier caso, más allá de la investidura, e incluso de la ley de amnistía o la figura legal de "gracia", como dicen los juristas, que el PSOE pueda aceptar, está la segunda parte, que no es otra que la incógnita sobre si Sánchez abordaría el "compromiso histórico" que reclama Puigdemont, el cual tiene que culminar en un referéndum de autodeterminación, ahora reactivado también por ERC como objetivo, que no se ha incluido como condición previa a la investidura. Ello permite a Sánchez transitar la hoja de ruta del presidente exiliado o circular al menos por el primer tramo del recorrido. Puigdemont aprieta pero no ahoga. El lunes hubo un bienvenidos a Waterloo a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar Yolanda Díaz, en calidad de facilitadora del acuerdo, y, el martes, a los diputados de ERC y de la CUP que también se desplazaron a Bruselas para asistir a la conferencia del president en el exilio. Puigdemont tiene las puertas más abiertas que nunca.

En suma, y en medio de todas las incertidumbres que se quiera, la nueva aritmética electoral en el Congreso, con Junts en posición determinante y decisiva ante la investidura del próximo presidente español, puede ser la palanca de un cambio de paradigma en los tratos del independentismo con el Estado, no solo del partido de Puigdemont. Es normal que en determinadas instancias, la incómoda figura del ¿ex prófugo?, ¿ex huído?, ¿ex golpista? Puigdemont y sus reglas del juego produzcan vértigo. Pero no es menos verdad que España -los poderes españoles- tiene delante una ventana de oportunidad histórica para salir del jardín en qué se metió en el 2010 con el golpe del Tribunal Constitucional contra el Estatut. Ahora, la validación de una amnistía por parte del máximo intérprete de la Constitución -rechazando el previsible recurso de inconstitucionalidad- podría revertir el camino seguido desde entonces.

De Saint-Martin-le-Beau a Waterloo: los poderes españoles se tienen que plantear si lo que en 1977 tuvo sentido con Tarradellas puede tener una segunda parte ahora con Puigdemont

Un 11 de septiembre como hoy de 1977, en plena salida de la dictadura franquista y cuando nada estaba garantizado en aquella transición bastante menos modélica de lo que se ha explicado, centenares de miles de catalanes -los diarios y revistas la bautizaron como "la manifestación del millón" - llenaron el centro de Barcelona para celebrar la Diada Nacional. El cartel de la convocatoria reclamaba "llibertats, amnistia i Estatut d'Autonomía". El 23 de octubre siguiente, Josep Tarradellas, el viejo presidente de la Generalitat exiliado, volvió a Barcelona después de casi 40 años. La Generalitat provisional presidida por Tarradellas fue la única institución proveniente de la legalidad republicana reconocida en el ordenamiento legal postfranquista antes de la proclamación de la vigente Constitución de 1978. Dicen que, ahora, ya hay juristas buscando un relato que pueda justificar la amnistía o una medida equivalente a todos los procesados del 1-O, como se justificaron los indultos. Puigdemont lo ha servido casi en bandeja: "compromiso histórico". Es obvio que la solución debe ir más allá de la investidura, por importante que esta sea. De Saint-Martin-le-Beau a Waterloo: los poderes españoles se tienen que plantear si lo que en 1977 tuvo sentido con Tarradellas puede tener una segunda parte ahora con Puigdemont.