1. Ahora ha hecho diez años de la sentencia del Tribunal Constitucional que decapitó el Estatut. Gobernaba en Madrid el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero al frente y en Barcelona al tripartito PSC-ERC-ICV con José Montilla en la presidencia de la Generalitat. Prestigiosos juristas españoles han definido aquel proceso infausto como un golpe al sistema constitucional surgido de la Transición. El Estatut fue aprobado por el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas, refrendado por el pueblo de Catalunya y sancionado por el Rey en tanto que Ley Orgánica, lo cual no impidió que diez jueces del Tribunal Constitucional redujeran a papel mojado la parte más avanzada del articulado desde el punto de vista competencial.

El 10 de julio del 2010, centenares de miles de personas se manifestaron en contra de aquella decisión en Barcelona. Encabezaban la marcha Montilla y sus antecesores en la presidencia de la Generalitat Pasqual Maragall y Jordi Pujol. En la práctica, fue la primera de las mayores manifestaciones independentistas -a partir del 2012, una cada año- nunca celebradas en la historia de Catalunya. Una movilización a favor de la independencia y la constitución de Catalunya en un nuevo estado de la Unión Europea que ha sido avalada en las urnas por cerca del 50% de los votantes en sucesivas convocatorias electorales de todo tipo, y por centenares de miles de personas en una consulta y un referéndum de autodeterminación declarados ilegales por las autoridades españolas, el 9 de noviembre del 2014 y el 1 de Octubre del 2017. Una movilización que, en virtud de su legitimidad democrática, llevó a la declaración de independencia del Parlament de 27 de Octubre del 2017 y el posterior encarcelamiento o exilio de los principales responsables del Govern, incluidos el presidente y el vicepresidente, la presidenta del Parlament y los presidentes de la ANC y Òmnium, en el primer caso, por sentencia del Tribunal Supremo.

Una parte del independentismo ha asumido e interiorizado el relato de la culpa y el castigo a los "irresponsables" independentistas impuesto por el Estado

Hasta aquí los hechos, conocidos con creces por tirios y troyanos. Ahora vienen las interpretaciones, el territorio donde se pierden y se ganan las batallas, políticas, culturales, ideológicas, científicas... A pesar de la durísima respuesta del Estado español a las legítimas pretensiones políticas del independentismo, el marco interpretativo impuesto por el Estado y el grueso del sistema político y mediático según el cual el independentismo es el culpable ha sido asumido por una parte de éste. Lo mismo que las fuerzas que tendrían que ser las primeras interesadas en enderezar políticamente la situación, incluido el actual gobierno PSOE-Podemos que presida Pedro Sánchez. Una parte del independentismo, o, al menos, de quién se reclama o se ha reclamado como independentista, ha interiorizado el relato de la culpa y el castigo (lógico) a los "irresponsables" independentistas impuesto por el Estado. Son los catalanes -los políticos, y la gente independentista- los que nos han llevado donde estamos, el Estado español se ha limitado a hacer lo que tenía que hacer, se dicen. La conclusión final -y en Madrid aplauden con las orejas- es que los únicos que tienen aquí un problema son los catalanes.

El independentismo pragmático es aquel que siempre aplaza la independencia como el antiguo nacionalismo 'de seny' siempre dejaba la nación para otro día

2. El nuevo actor político en escena, resultado en buena parte de ese proceso de autoculpabilización inducida, es el mal denominado "independentismo pragmático", o sea, aquel que siempre aplaza la independencia como el antiguo "nacionalismo (o catalanismo) de seny" siempre dejaba la nación para otro día. Este independentismo pragmático, más transversal de lo que parece, señala el independentismo "mágico" -hasta hace poco seguido acríticamente por muchos de los que ahora lo denuncian-, la "gesticulación vacía" -que puede inhabilitar a un presidente de la Generalitat por colgar una pancarta- o el "radicalismo estéril" -que lleva a ejercer en Europa la plenitud de derechos políticos que en España se niega-, este independentismo que lleva, en definitiva, a la prisión y el exilio... como responsables del "bloqueo" y los "diez años perdidos" después del Estatut triturado por el TC. Bien. Creo que el diálogo que tendría que desbloquear la situación,  como decía Zapatero este domingo en una entrevista en ElNacional.cat, tiene que empezar por dos preguntas.

  1. ¿Por qué el actual gobierno del Estado español, o el Estado español en él mismo, no aprovecha para dotar de contenido el supuesto diálogo que se propone sobre el futuro político de Catalunya restableciendo de entrada, el Estatut decapitado por el Constitucional en su integridad mediante vías de despliegue perfectamente legales?
  2. ¿Por qué este gesto no se acompaña de la libertad inmediata de los presos políticos y la anulación de las órdenes de detención en España de los exiliados después de la "declaración" de independencia del 27 de octubre del 2017? Como es evidente, este acto no comportó ningún tipo de independencia de Catalunya, y, por lo tanto, ninguna violación a la práctica de ninguna orden institucional vigente.

Todo el mundo sabe que no habría habido procés independentista como tal sin la ruptura unilateral del "pacto constitucional" con Catalunya por parte de los poderes del Estado con la liquidación del Estatut, se interprete así o no lo que sucedió ahora hace diez años. Y todo el mundo sabe que no habrá "normalidad" política y democrática en Catalunya mientras los presos y los exiliados estén donde están, guste o no guste. Y también es cierto que una mayoría de los catalanes -independentistas o no- está por el diálogo con el Estado: cómo lo estaba en el 2010 (Estatut) y cómo lo estaba el otoño del 2017 (procés independentista).

El restablecimiento íntegro del Estatuto del 2006 y la libertad de los presos y exiliados son dos patas imprescindibles -no las únicas- para que se aguante la famosa Mesa de Diálogo

El restablecimiento íntegro del Estatut del 2006 -votado por independentistas y no independentistas- y la libertad de los presos y exiliados -pedida por independentistas y no independentistas- son dos patas imprescindibles -no he dicho que sean las únicas- para que se aguante la famosa Mesa de Diálogo. Tan imprescindibles como lo fueron para la transición a la democracia en España la desactivación cuando menos formal de la estructura legal franquista a partir de la Ley para la Reforma Política y la Ley de Amnistía, ambas de 1977. Los dos movimientos contribuyeron a allanar el terreno de juego para el marco democrático posterior. También se abría entonces un procés cuyo final podía bascular entre el atado y bien atado o la revisión en función del tiempo, las circunstancias y las necesidades.

El grado de autogobierno de Catalunya se ha convertido en la prueba del algodón de la calidad de la democracia española

El grado de autogobierno de Catalunya se ha convertido en la prueba del algodón de la calidad de la democracia española. Lo que se ha evidenciado en estos diez años es que el final del proceso democrático español es la liquidación del autogobierno de Catalunya con final abierto, flexible, no escrito. Eso, este final dinámico, es lo que planteaba el Estatuto liquidado en el 2010. Como también el procés independentista, al menos en su formulación estrictamente autodeterminista, en la cual la independencia es una de las opciones, no la única. En resumidas cuentas, no tendrían que pavonearse mucho los demócratas españoles, incluso los más honestamente convencidos de que el Estado ha hecho lo que tenía que hacer durante los últimos diez años en relación con Catalunya. Para el Estado español, y para una parte del catalanismo/independentismo también, el problema del diálogo es cómo y dónde acaba la conversación. Entonces es cuando el miedo entra en escena. Y se arbitran culpas y castigos.