¿Usted se cree que el presidente Mariano Rajoy no se acordaba de la última vez que recibió al lehendakari Iñigo Urkullu en la Moncloa (durante dos horas)? ¿Usted se cree que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no sabía si la no declaración de independencia (o sí) se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat? ¿Usted se cree que Juan Ignacio Zoido, el entonces ministro del Interior, desconocía las órdenes que se dieron a los piolines? Es evidente que los máximos responsables políticos conocidos de la represión del referéndum del 1 de octubre sabían todo eso y más, empezando por los 87 millones de euros que costó el dispositivo a las arcas públicas, según declaró el propio Zoido en sede parlamentaria. Pero como corresponde a los máximos responsables políticos de un Estado convertido en un Estado canalla, cuando menos, en la gestión del conflicto con Catalunya, todos ellos se han ventilado la declaración de verdad, jurada o prometida, ante el Tribunal Supremo, con uno "yo no sabía nada". Cosa que los convierte o bien en cínicos o, peor aún, en delincuentes amnésicos al servicio de la siempre cómoda (des)razón de Estado.

¿Quién dirigía los movimientos militarizados de la tropa policial española enviada a Catalunya como un ejército expedicionario a una colonia sublevada? ¿Quizás la máxima autoridad civil y militar, o sea, el Rey?

Si se trata de cínicos, no deja de ser curioso que después de tantos meses cargando las costas de la "irresponsabilidad" a los líderes del procés independentista, empezando por Artur Mas, algunos se den cuenta del verdadero material del que estaban hechos los del otro lado, Rajoy y compañía. Si se trata de delincuentes —de testigos que han mentido ante el Tribunal Supremo en sus declaraciones—, entonces no hace falta más que actuar para que respondan de sus actos ante la justicia y aclaren los motivos. Si el ex secretario de Estado Nieto y el teniente coronel De los Cobos, citados este lunes, exculpan a Rajoy, Soraya y Zoido de toda responsabilidad por la actuación de la policía y la Guardia Civil en Catalunya para impedir el referéndum —cosa que no consiguieron—, entonces hará falta preguntarse qué ocultan y a quién están encubriendo. Si ni Rajoy, ni Soraya, ni Zoido sabían nada, ¿quién estaba al mando durante el 1-O? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién dirigía los movimientos militarizados de la tropa policial española enviada a Catalunya como un ejército expedicionario a una colonia sublevada? ¿Quizás la máxima autoridad civil y militar, o sea, el Rey? ¿Es Felipe VI, en última instancia, quien daba las órdenes durante el 1-O? ¿O quien las empezó a dar a partir del 1-O (discurso del 3 de octubre)? ¿Quién es el tapado de esta historia? ¿Lleva corona? 

Según la vigente Constitución española, el Rey no es sólo jefe del Estado sino "símbolo de su unidad y permanencia". Atención porque, detrás de los silencios de Rajoy, Soraya y Zoido, quizás late la gran verdad de todo esto. "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional", anunció —y se justificó— el monarca en aquel famoso discurso. ¿Validó personalmente la máxima autoridad del Estado el estado de excepción encubierto declarado en Catalunya en torno al 1-O? ¿Tan "excepcional" era la situación, usando el calificativo de Rajoy en el juicio? ¿Acaso estamos diciendo que el Estado español realmente había perdido el control del territorio en Catalunya o temía perderlo? Si eso fuera así, nos encontraríamos ante la auténtica verdad oculta que no veremos en las sesiones del juicio del procés, por más televisadas que sean. Si la maquinaria del Estado actuó así, nos encontraríamos ante la máxima vulneración de la Constitución española que se produjo aquellos días. Las tan reprobadas sesiones del Parlament del 6 y el 7 de octubre, en las cuales la mayoría democrática independentista aprobó las leyes de desconexión, serían una broma, y una cortina de humo, ante el verdadero golpe que se produjo aquellos días. Todo ello explicaría la extraña distancia que se da entre la admisión por parte de los máximos responsables políticos del Estado de que la declaración de independencia no pasó de ahí y la desproporcionada reacción en términos de represión policial, judicial y política. Si no hubo referéndum, si la DUI no tenía ningún valor, si, como ha quedado acreditado, no hubo violencia para sostener una rebelión, más allá de los daños a media docena de coches de la Guardia Civil, ¿por qué se está celebrando este juicio? 

Quizás por todo ello muchos quieren que el juicio pase pronto y las condenas sean rápidas de dictar e incluso de cumplir. Es todo el edificio que continúa temblando como un flan desde los cimientos hasta el tejado.