Hubo un tiempo en el que ese espécimen antediluviano que, sea dicho con permiso de los dinosaurios, atiende por Felipe González, gobernaba con el de otra rara avis, Jordi Pujol, en lo que hoy se nos aparece como el parque jurásico de la España postransición. Aquello se acabó con una frase lapidaria, capital, definitiva: "Así no podemos seguir", que pronunció en el Congreso de los Diputados el entonces jefe de CiU en Madrid, Joaquim Molins. Era 1995. Y el escándalo de las escuchas del Cesid, el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que afectó a importantes políticos, empresarios y periodistas y se llevó por delante a un vicepresidente (Narcís Serra) y un ministro de Defensa (García Vargas), además del director de la casa de los espías (el teniente general Manglano), sirvió para que el nacionalismo catalán, en la cima de su capacidad operativa en las Españas, dijera basta. A Felipe lo (re)puso y lo echó Pujol. En 1996 se celebrarían elecciones anticipadas y José María Aznar llegaría a la Moncloa también gracias al president. Pues bien: salvando las distancias que haya que salvar, se espera que este lunes, Carles Puigdemont, el líder de Junts per Catalunya, la principal formación surgida en el antiguo espacio de CiU, también diga si así podemos seguir o no seguir. Es decir, si Junts puede seguir manteniendo su apoyo a Pedro Sánchez.

Puigdemont sigue siendo el president en el exilio un año después de pactar con el PSOE la amnistía para todos los encausados por el procés independentista, tal como quedó explicitado en el Acuerdo de Bruselas, fruto de una negociación política inédita en la democracia española entre representantes del gobierno del Estado y lo que la prensa madrileña tildaba y tilda de "prófugo" de la justicia. Aquellas conversaciones han continuado en la denominada mesa suiza o de Ginebra, que sigue reuniendo a representantes de Junts y el PSOE para desplegar una negociación que tenía como objetivo "abrir una nueva etapa" y "contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya". A cambio, Junts no solo se comprometía a investir presidente a Sánchez, el perdedor de las elecciones —no se olvide— sino a "procurar la gobernabilidad" durante la legislatura. El acuerdo, al menos así lo hizo Junts, se revistió de un aire de "oportunidad histórica". Pero el PSOE, a pesar de aceptar incluso una parte del relato del independentismo sobre el procés, su justificación y las posibles salidas, lo ha convertido en humo. He ahí la cuestión, el drama, de fondo.

No se trata —que también— del hecho de que el Gobierno Sánchez se ha revelado absolutamente incapaz hasta ahora de desactivar la revuelta judicial que ha impedido aplicar la ley de amnistía, contraviniendo la decisión del órgano donde reside la soberanía del pueblo español y el poder legislativo, el parlamento, según establece la vigente Constitución. Tampoco —que también— de los reiterados incumplimientos o dilaciones en materia de acuerdos concretos negociados en el marco posterior de la entente parlamentaria entre socialistas y juntaires, ya sea la desclasificación de los documentos del CNI sobre los atentados yihadistas del 17-A solicitados desde la comisión parlamentaria de investigación, o el frenazo, más que evidente, en la negociación sobre la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. No: el balance, aunque parezca paradójico, no depende de los incumplimientos concretos —que también—, sino del horizonte final que se ha desvanecido. Depende más del estado del edificio, desdibujado, que de los muebles y las sillas, que tampoco son exactamente las que se pidieron o todavía no han llegado de la fábrica.

El problema es que el PSOE de Sánchez ha convertido en humo la oportunidad histórica que brindaba el acuerdo de Bruselas con Puigdemont

La pregunta también se la tiene que hacer el PSOE: Junts: ¿podemos seguir así? El problema es que el PSOE nunca creyó que el Acuerdo de Bruselas con Junts fuera más allá de la coyuntura de un pacto para salvar la investidura y la legislatura de Sánchez mientras que Junts lo planteó como un momento (re)fundacional, una especie de compromiso histórico para encauzar el conflicto Catalunya-España comparable al de la transición. Ante ello, Puigdemont, y Junts, pueden hacer ahora dos cosas: o dejar en el aire la relación con el PSOE o reforzarla exigiéndole la ratificación del Acuerdo de Bruselas para recuperar su función como herramienta para superar el conflicto Catalunya-España. Y no solo para que la legislatura continúe a condición de revertir incumplimientos en materias concretas. Cosa que obligaría a seguir o a dejarlo correr.

Porque una cosa es obtener in extremis el traspaso de una competencia como la gestión integral de la inmigración a la Generalitat para dar aire a la legislatura española y, la otra, que ello se ejecute como consecuencia de un acuerdo global para someter a un referéndum la relación Catalunya-España. Junts tiene que atornillar a los socialistas en la mesa de negociación real, a fondo, antes de que sea demasiado tarde. Junts, y Puigdemont, se lo juegan todo a la carta de la relación con el PSOE de Sánchez. Si miramos alrededor, una parte de los gravísimos problemas de ERC vienen de la mala gestión de los acuerdos con los socialistas. Además, mientras Pujol tenía la opción Aznar si las cosas iban mal con González, Puigdemont sabe que no puede recurrir hoy por hoy a Feijóo para tumbar a Sánchez. Como decía el gran poeta alemán Friedrich Hölderlin, allí donde crece el peligro está también lo que nos salva.