Ciertamente, Carles Puigdemont ya fue candidato en 2017 y en 2021. El viernes lo recordaba el presidente Pedro Sánchez, al día siguiente del anuncio de Elna del líder independentista, como también lo hizo el president-candidato Pere Aragonès, a penas anunciar las elecciones anticipadas del 12-M, pero es ahora que se podría convertir en president efectivo de la Generalitat. De president en el exilio a president efectivo: "restituido", como él mismo dice y se propone conseguir en el plano político-simbólico, pero, finalmente, "efectivo" en el plano de la gobernación real del día a día del país. Vale la pena resucitar el término "efectivo" porque, más allá de que Puigdemont finalmente ha decidido presentarse e, incluso, que pueda ganar las elecciones —cosa que no hizo ni en 2017 ni en 2021; sí que lo consiguió en las europeas del 2019—, lo que realmente puede alterar los pronósticos electorales y provocar un vuelco en las previsiones es la perspectiva de que pueda volver a ejercer la presidencia. De hecho, y de derecho.
Fue ERC quien, en los primeros meses del 2018, después de las elecciones al Parlament convocadas por Mariano Rajoy con el 155 que ganó Inés Arrimadas, puso en circulación el concepto "gobierno efectivo". Es decir, un gobierno que realmente se pudiera constituir, que gobernara... y que pudiera tener presidente "efectivo", lo cual quería decir un presidente no residenciado en el exilio, sino en la plaza Sant Jaume. Lo tenían tan claro, los republicanos, que, pese a haber reunido la mayoría necesaria para ser investido, con los votos de Junts, la misma ERC y la CUP, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, impidió la investidura telemática de Puigdemont. Fue un 30 de enero de 2018. El pleno de investidura quedó suspendido hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional, con el fin de evitar consecuencias penales. Aquel día se amplió una brecha entre Junts y ERC o, lo que es mismo, entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que todavía hoy es un abismo sin fondo.
Después, la CUP —siempre rompe lo que puedas— se encargó de que no salieran adelante las candidaturas alternativas de los entonces presos políticos Jordi Sànchez y Jordi Turull. Finalmente, el president "efectivo" sería Quim Torra, de Junts, con el hoy president en funciones Pere Aragonès como vicepresident "efectivo". Puigdemont estaba en el exilio y Junqueras en la prisión. En las elecciones al Parlament del 2021, Puigdemont, que había conseguido en 2019 el acta de eurodiputado, volvió a ser primer candidato a la presidencia, pero esta vez sin ninguna aspiración real de ser investido por la imposibilidad de volver sin ser detenido en España. La cabeza de lista "efectiva" de Junts fue la después presidenta del Parlament, Laura Borràs, aunque iba de número 2. Y Pere Aragonès fue escogido president "efectivo" —el término ya había caído en desuso—, gracias a un pacto con Junts, con quien formó gobierno de coalición, y el voto de la CUP. El posterior desarrollo de la legislatura es conocido, y ya lo comenté aquí con motivo de la actual convocatoria electoral.
Ciertamente, Puigdemont anunció más de una vez que volvería a Catalunya y no ha vuelto. Los motivos son más que obvios. El inquilino de la Casa de la República en Waterloo ha mantenido política y simbólicamente la presidencia de la Generalitat suprimida con el golpe constitucional del 155 y una batalla legal titánica contra el estado español en Europa, que todavía prosigue, para ver restablecidos, también, sus derechos civiles y políticos personales. Pero las elecciones generales españolas del 23 de julio del 2023 pusieron en sus manos la investidura de Pedro Sánchez —el presidente y candidato del PSOE, que quedó segundo en los comicios detrás del popular Núñez Feijóo— y, con ello, una ley de amnistía que se podría publicar en el BOE más o menos a tiempo para que Puigdemont vuelva a Catalunya sin miedo, en principio, a ser detenido. Ahora sí, podría volver, ya sea como candidato "efectivo" a la presidencia de la Generalitat, si consigue los apoyos para ser investido, o solo como diputado electo de Junts, renunciando en todo caso al acta europea.
El independentismo no está ahora en modo CDR, sino de negociación del conflicto a fondo con el gobierno español, por primera vez desde el otoño del 2017
Los tiempos, como cantaba Bob Dylan, ciertamente que han cambiado. Para Puigdemont, y para Sánchez, y para su candidato a la Generalitat, Salvador Illa. El líder del PSC, que intenta arrinconar a Puigdemont en el pasado, ve como la larga sombra del hombre de Waterloo puede cuestionar su anunciada victoria electoral sin bajar del autobús, o su presidencia. Pero también han cambiado los tiempos para el independentismo. Después del fracaso de gestión política de la victoria democrática del referéndum del 1 de Octubre y, por descontado, de la brutal represión ejercida por los poderes del Estado contra el independentismo y sus líderes, también de la propia fractura en la unidad independentista, es evidente que ni el nivel de movilización ni las expectativas a corto o medio plazo ni son ni pueden ser las mismas que en 2017.
Sea como sea, el cambio más determinante se ha producido en un escenario imprevisto que altera todo el paisaje: el Congreso de los Diputados. El independentismo políticamente operativo, Junts y ERC, está ahora en fase de negociación con el Estado del cual aspira a separar Catalunya democráticamente, no de incendiar las calles. El independentismo no está ahora en modo CDR, sino de negociación del conflicto a fondo con el gobierno español, por primera vez desde el otoño del 2017. Negociación, sobre la financiación o la autodeterminación, que es más que diálogo, como el que, liderado en solitario por ERC, produjo los indultos y la reforma del Código Penal, y que sirvió para excarcelar a los líderes presos del procés. Pedro Sánchez fue investido presidente gracias al pacto de Bruselas con Junts y Carles Puigdemont espera serlo de nuevo en Barcelona, ahora como president "efectivo", no simbólico ni telemático. No es pasado, es presente; y futuro.
Sánchez fue investido presidente gracias al pacto de Bruselas con Junts y Puigdemont espera serlo de nuevo en Barcelona, ahora como president "efectivo", no simbólico ni telemático
Puigdemont, como dio a entender en el acto de Elna, no quiere precipitar un retorno en plena campaña, antes de que la amnistía entre en vigor, y arriesgarse a ser detenido y encarcelado finalmente en España. Sería quizás un golpe de efecto electoral decisivo para una victoria de Junts pero también para movilizar el españolismo abstencionista que en 2021 se quedó en casa después de votar a Ciudadanos en 2017 y que, ante la desaparición de los naranjas, podría inflar el voto a Illa y/o al PP. El Puigdemont imprevisible, jugador siempre al límite, ha revelado esta vez con claridad sus próximos pasos, su futuro político inmediato. Parece que quiere disputar la campaña electoral en el mismo marco de previsibilidad y certezas dibujado por Salvador Illa. Necesita más un duelo electoral incluso clásico con el candidato del PSC, el favorito de las encuestas, que un plebiscito sobre su figura o su retorno. Y obviamente, tiene que cuadrar esta aspiración con la de reagrupar el independentismo, o al menos atraerse el voto, seguramente desconfiado y escéptico, de una buena parte del indepedentismo cabreado, abstencionista o desencantado de la CUP y ERC.
Puigdemont no quiere provocar un cataclismo que tensione la campaña. El president quiere volver más como un Tarradellas que como el Puigdemont que se marchó 'nord enllà' en el otoño de 2017
Las palabras de Puigdemont en Elna dan pistas claras sobre todo eso: "Siempre he pensado que el retorno del exilio de la institución de la presidencia no se puede hacer a escondidas, ni tiene que ser una gamberrada provocativa, ni por descontado fruto de una rendición o de una manía personal. No puede ser oportunista. Tampoco tiene que ser un acto al servicio de un partido o una organización en concreto para obtener réditos electorales. No lo podemos malbaratar". De esta manera lo justificó. Puigdemont no quiere provocar un cataclismo que tensione la campaña. Más bien parece que quiere volver como un Tarradellas que como el Puigdemont que se marchó nord enllà en el otoño de 2017. Aunque, a diferencia de Tarradellas, que tuvo que pasar por Madrid antes de volver a Barcelona, ahora es Madrid quien ha pasado por Waterloo.
Puigdemont quiere reencauzar su presidencia en los renglones de la más absoluta legalidad. Son los otros, o sea, los jueces españoles, los que podrían incurrir en "rebelión e insumisión". El candidato de Junts lo soltó también con claridad meridiana en el tramo final del discurso de Elna: "Si soy candidato a la investidura, dejaré el exilio definitivamente para asistir al pleno del Parlament y pedir la confianza de la cámara. Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno del Parlament si tengo la mayoría para ser investido". Como dice Pedro Sánchez, las elecciones del 12-M miran más al futuro que al pasado. El 12-M irá de president Illa o president Puigdemont, ahora, aspirante a president "efectivo".