¿Tiene que regresar el president Carles Puigdemont a Catalunya si se convoca una sesión de investidura, a pesar del riesgo renovado de ser detenido y enviado a prisión? La pregunta, con todas sus derivadas, es una de las que sobrevuelan las conversaciones de quienes siguen las evoluciones del embrollado escenario político catalán en un verano extraño que —la climatología lluviosa lo subraya— no acaba de empezar y ya ha agotado un tercio de su duración en el calendario. De entrada, la respuesta que se da desde Junts per Catalunya es que el líder independentista, en el exilio desde finales de 2017, no puede hacer otra cosa que volver. Si no lo hiciera, incumpliría su palabra —sus críticos añadirán: "por enésima vez"— y, además, se sugiere, dejaría el campo totalmente libre para una investidura de su rival, Salvador Illa, El socialista es quien en estos momentos tiene más opciones de lograrla, a pesar de las dificultades que entraña el pacto que está negociando con ERC: tanto por la falta de una oferta de peso en materia de financiación, más allá de descongelar el consorcio tributario, surgido en la operación rebajas del Estatut de 2006, como por la incógnita de que la militancia republicana avale un eventual preacuerdo con la dirección interina del partido, encabezada por Marta Rovira.

Así que, volviendo a Puigdemont, y según la tesis dominante en Junts, el president tiene que volver. A pesar de la jugada de los jueces del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Manuel Marchena de reinterpretar chapuceramente el delito de malversación para que no pueda ser amnistiado, si Puigdemont es detenido, previsiblemente sus abogados pedirían medidas cautelarísimas para que el Tribunal Constitucional lo deje libre mientras no resuelve el fondo de la cuestión. No obstante, los últimos días han aparecido voces, tanto en despachos políticos como en entornos mediáticos y de la sociedad civil, que son de la opinión de que Puigdemont no debería permitir que el deep state finalmente se cobrara la pieza de caza mayor, es decir, él, que ha perseguido durante todos estos años, que fuera arrestado y conducido esposado ante un juez y encerrado en una cárcel española. Justamente lo que ha conseguido evitar con su pulso jurídico y político en Europa en los últimos siete años, manteniendo en jaque a la justicia española. ¿Qué ganaría, objetivamente, cumpliendo una promesa cuando el marco ha cambiado (el secuestro judicial de la amnistía) renunciando a lo logrado hasta ahora en plena recta final del camino?

De acuerdo con su lógica, desde finales de 2017, Puigdemont ha preservado no tanto su persona de la acción de una justicia —la española— a la que considera injusta y revanchista, como en su dimensión simbólica y política, la institución de la presidencia de la Generalitat, que fue intervenida por el Estado con el artículo 155 de la Constitución. Por eso —insisto, en la dimensión simbólica— en el caso que nos ocupa, persona (presidente) e institución (presidencia) son una: si Puigdemont es detenido, la presidencia de la Generalitat es suspendida, vulnerada y violada, por segunda vez, por un actor político ajeno, el Estado español, que impone su soberanía sobre uno de los atributos —legalmente reconocidos— de la soberanía catalana. Aunque se trata de una soberanía limitada, o no plena, asociada en su formulación jurídica e institucional actual al régimen autonómico español. Por eso, si Catalunya fuera un Estado independiente y soberano, estaríamos hablando de otra cosa, y es justamente este statu quo el que alteró y puso en cuestión la denominada revolución de las sonrisas y el referéndum del 1-O en el otoño catalán de 2017. Se esté de acuerdo o no, la cuestión no es nada baladí.

Por lo tanto, en el retorno o no de Puigdemont, hay que valorar ambos factores: persona e institución. Si Puigdemont fuera reinvestido como president de la Generalitat por el Parlament, la presidencia habría sido restituida a todos los efectos, lo cual no significa que las presidencias de Torra, Aragonès o —eventualmente— Illa sean ilegítimas. Para entendernos, y haciendo un ejercicio de ucronía, es como si en la época del exilio de Josep Tarradellas el Parlament se hubiera reinstaurado, pero, por alguna razón, se hubiera vetado el retorno del president y la presidencia republicana que mantuvo activa orgullosamente en el exilio durante cerca de 40 años. En cualquier caso, Puigdemont anunció que volvería para la investidura del próximo president: primero, dijo, para su investidura y, segundo, para cualquier investidura. El perímetro inicial de la amnistía —en el que no se contemplaba la maniobra última de Llarena— parecía permitirlo con todas las garantías: persona y presidencia quedaban plenamente restablecidas. Por eso, la cuestión de fondo que esconde la pregunta que da título al artículo, es, en realidad, si tiene que haber o no investidura y, luego, de quién. Una decisión que, en primera instancia, no depende tanto de Puigdemont o de Illa, como de ERC.

La pregunta "¿Tiene que regresar ahora Puigdemont?" es en cierta manera una pregunta trampa porque esconde otra determinante: "¿Tiene que propiciar ERC una investidura ahora —de quien sea—?"

La pregunta "¿Tiene que regresar ahora Puigdemont?" es en cierta manera una pregunta trampa porque esconde otra determinante: "¿Tiene que propiciar ERC una investidura ahora —de quien sea—?". En primera instancia, es ERC quien debe decidir si hay investidura y si esta tiene que ser de Illa —con quien está negociando intensamente— o de Puigdemont. ERC tendría que pulsar el botón, algún botón, para que haya investidura y Puigdemont cumpla su palabra de volver y, con él, al menos, devolver la presidencia en el exilio al Parlament, residenciarla de nuevo en la soberanía de la cámara catalana. Si Puigdemont se postula para ser investido primero, no es lo mismo hacerlo con el apoyo de ERC que sin él, aunque no le salgan los números. Si ERC da o anuncia su apoyo a Puigdemont en este escenario, difícilmente se lo podrá dar después a Illa si la investidura del líder de Junts fracasa. Por lo tanto, la decisión determinante sobre los efectos, digamos prácticos, de un retorno de Puigdemont es de ERC: investir a Illa pase lo que pase y arrastrar las consecuencias de un mal acuerdo, arrinconando, eso sí, a Puigdemont y a Junts, o dar apoyo a una candidatura del president en el exilio para que después se convoquen elecciones (a menos que al PSC se lo repiense y se abstenga). Si regresa, es muy difícil que Puigdemont sea investido y muy fácil que sea detenido en cualquier caso, pero si eso sucede con una investidura de Illa, la posición en la que quedará ERC ante el electorado independentista puede ser política y electoralmente suicida. Si ERC avala una investidura de Puigdemont, salda sus cuentas con el president, aunque sea detenido; si no lo hace, incrementa los agravios y la fractura en el independentismo.

Si ERC avala una investidura de Puigdemont, salda sus cuentas con el president, aunque sea detenido; si no lo hace, incrementa los agravios y la fractura en el independentismo

¿Y si, finalmente, Puigdemont decide no volver por ahora? Es obvio que a la ERC más decidida a pactar con los socialistas para evitar ir de nuevo a las urnas y recolocar a una parte de los cargos del gobierno Aragonès, le interesa que Puigdemont siga donde está cuanto más tiempo mejor. Del mismo modo que, si Puigdemont no regresa, Illa, que debería ser el primer interesado en una normalización real del escenario, tendrá un quebradero de cabeza menos en este extraño verano otoñal. Los intereses convergentes de ERC y el PSC son una pinza en toda regla sobre las opciones del president en el exilio, que, no obstante, está por ver si lograría romper con un retorno a toda costa.