En el momento de escribir este artículo, han pasado tres días largos desde que la ley de amnistía fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Tres días largos es una cantidad de tiempo más que suficiente como para que la normativa en cuestión hubiera sido publicada en el Boletín de las Cortes y remitida al jefe del Estado, el rey Felipe VI, para su sanción y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pues bien, nada de todo eso ha sucedido, el monarca no ha recibido todavía el texto, la ley continúa legalmente en el limbo y en el gobierno de Pedro Sánchez no son capaces de aclarar cuándo entrará en vigor.

Que esta sea la segunda semana de la campaña electoral de las europeas no debería ser obstáculo —el bien o el mal ya están hechos— para el cumplimiento de los trámites ya lo bastante dilatados durante la negociación del PSOE con Junts y ERC y el posterior secuestro del texto durante dos meses por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Pero en política nada suele ser casualidad y los indicios de que el Ejecutivo español está alargando el calendario para conseguir que la ley esté operativa lo más tarde posible sí tiene una incidencia clara en el futuro inmediato de la todavía no nata nueva legislatura catalana.

El retraso en la publicación de la ley implica aplazar también el levantamiento judicial de medidas cautelares a los beneficiarios, con independencia de los recursos que se promuevan —si es que los jueces no prevarican y hacen caso omiso de la normativa­—. La cautelar políticamente más relevante es la orden de detención en España del president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, que depende del juez Pablo Llarena. Si, una vez publicada la ley en el BOE, Llarena desactivara la orden de detención, Puigdemont podría asistir, como anunció, a la sesión de investidura en el Parlament, prevista para el 25 de junio, sin miedo a ser detenido. Por el contrario, si el juez no lo hiciera o agotara el plazo máximo de consulta a las partes (diez días), fácilmente se iría más allá del 25 de junio, con lo que el president sería detenido en caso de volver. Y, por lo tanto, no podría estar en el Parlament ni —ojo— presentarse para optar a ser investido.

Existen pocas dudas razonables de que Llarena, y los jueces del Supremo que emitieron la sentencia del 1-O, harán todo lo posible por impedir que Puigdemont pueda volver al Estado español con plenitud de derechos. Pero que el gobierno del PSOE abone la estrategia dilatoria, retrasando la publicación de la ley de amnistía en el BOE, hace sospechar que Sánchez (sin descartar un giro de última hora en un sentido distinto) hará lo que sea necesario para que nada ni nadie le estropee su plan para Catalunya: la investidura de Salvador Illa como president, sí o sí. En este sentido, el retraso en la publicación de la amnistía en el BOE puede cortocircuitar una eventual sesión de investidura del líder de Junts.

El retraso en la publicación de la amnistía en el BOE puede cortocircuitar una sesión de investidura de Puigdemont

Es obvio que el candidato del PSC fue el ganador de las elecciones del 12-M. Y que Puigdemont quedó segundo. Pero que este fuera el orden de prioridades del electorado en su conjunto no implica ni que los catalanes hayan decidido que Illa tenga que ser el president ni que Puigdemont no lo tenga que ser, ni tampoco lo contrario, en ambos casos. Y quien diga lo contrario, engaña.

A Illa (42 escaños) le faltan 26 para alcanzar los 68 necesarios para ser investido en primera votación. A fecha de hoy, solo parece tener garantizados los 6 de Comuns Sumar y espera que ERC le proporcione los 20 restantes, una mayoría, ahora sí, con la que configuraría un tripartito que nadie —ni él mismo— ha defendido en ningún momento durante la campaña electoral. En cuanto a Puigdemont, tiene los 35 de Junts, y aspira a sumar los 20 de ERC y los 4 de la CUP. Si los republicanos aceptan jugar la partida y el independentismo (ERC, Junts y la CUP) pacta la presidencia del Parlament, Puigdemont podría ser, cuando menos, el primero en optar a la investidura... siempre que lo permita el BOE y el juez Llarena no cometa prevaricación en la aplicación de la ley de amnistía.

El margen de Illa para presentar una propuesta a ERC para negociar la investidura depende del de Sánchez, que suele ser cero

La situación de Puigdemont es parecida a la del todavía presidente de ERC, Oriol Junqueras, que seguirá por mucho tiempo inhabilitado para presentarse, por ejemplo, a unas elecciones, mientras no se le aplique la amnistía, suponiendo que los jueces españoles no se salgan con la suya con los recursos en los tribunales europeos o en el TC. En estas condiciones, es decir, en el evidente clima de continuidad del marco represivo, a pesar de la aprobación de la amnistía, la pregunta es: ¿qué credibilidad tiene Illa, el candidato de Pedro Sánchez, para ofrecer nada a cambio de su investidura al independentismo, y, en concreto, a ERC, de quienes depende en primera instancia?

Por eso no sorprende que el candidato socialista pida "generosidad" a los independentistas, a ERC para que lo voten y a Junts para que lo reconozcan, no ya como ganador, sino como presidente in pectore. En el fondo, los márgenes de Illa para moverse, para presentar una propuesta de negociación sólida a los republicanos, como una financiación singular o especial para Catalunya, dependen de los márgenes de Pedro Sánchez, que suelen ser cero, o humo, en términos de credibilidad. Una parte no menor de la factura que ERC ha pagado en las elecciones del 12-M debería endosársela a Sánchez a cuenta de sus incumplimientos.

Los tiempos han cambiado y mucho. Y los viejos paradigmas de la gobernación en Catalunya, también. El procés, a pesar del fracaso en el objetivo, la independencia, sigue siendo una promesa inacabada para mucha gente de este país. Y no estamos precisamente ante la operación Maragall/Montilla-Zapatero-Estatut que legitimó y dio recorrido al primer y al segundo tripartito. A día de hoy, estamos ante una amnistía pendiente todavía de publicación en el BOE. Illa ganó las elecciones, pero, a efectos prácticos, el independentismo no las perdió del todo. Otra cosa es que Illa tenga que ser presidente sí o sí antes de ir a una repetición electoral. En este caso, solo debe esperar a que la magia parlamentaria haga un Collboni y quien investidura pasa, presidencia gana.